A uno de los precandidatos a la Alcaldía de Bogotá le fue recomendado por un equipo de asesores políticos, entre ellos algunos expertos internacionales, que no inicie campaña en plaza pública sino en el segundo trimestre del próximo año. Según conoció EL NUEVO SIGLO, la tesis de los estrategas políticos es que una campaña larga lo único que logra es desgastar a los aspirantes que se lanzan al agua con mucha antelación.  Conceptuaron que en una ciudad tan mediática como Bogotá, un candidato puede en cuestión de uno o dos meses darse a conocer en gran parte de la opinión pública. “La estrategia de ir de barrio en barrio no es la panacea”, dijo una fuente de la campaña aludida.

“Factura de cobro”

En los corrillos del Congreso se insiste que la reunión que está pidiendo la bancada del partido Liberal con el presidente Santos no tiene como objetivo principal el presentarle al Gobierno las diferencias ideológicas y políticas con varios proyectos clave para la Casa de Nariño, sino pasarle “factura de cobro” al Ejecutivo por lo que en las toldas rojas se considera un trato inequitativo para la colectividad, pese a ser uno de las columnas vertebrales de la coalición de Unidad Nacional y su aporte en la campaña presidencial. “… Van a pasar factura de cobro, así de sencillo”, dijo un senador de La U a un periodista de EL NUEVO SIGLO.

Primer paso

La posibilidad de regular el cabildeo o el llamado “lobby” ante el Congreso y otras instancias oficiales por parte de enviados de grupos de poder o interés en determinada decisión oficial dio, por fin, un paso en firme en el Parlamento. El martes la Comisión I del Senado aprobó en primer debate la iniciativa que abre la puerta al ejercicio del cabildeo en el país. Sin embargo, hubo controversia entre varios senadores por cuenta del llamado registro de los cabilderos. La oposición pedía que los servidores públicos deben estar obligados a informar en el interior del Congreso qué intereses representaban, a la hora de estudiar y aprobar un proyecto de ley, iniciativa que se hundió.

Contradicción

En vista del inconformismo de la ciudadanía porque no se ordena la captura de conductores borrachos y otros sospechosos de violaciones sexuales y hasta agresiones graves, varios parlamentarios insisten en que deben reformarse los códigos Penal y de Procedimiento Penal con el fin de disminuir la posibilidad de que los sindicados de delitos graves o de alto impacto público puedan quedar en libertad o incluso se les dé casa por cárcel mientras se adelante el respectivo juicio. No obstante el Gobierno insiste en defender el proyecto de ley que pretende regular la detención preventiva y que fue aprobado días atrás por la Comisión I del Senado.

Las razones

Dicha iniciativa, en cabeza del ministro de Justicia, Yesid Reyes, busca promover el uso de otras herramientas de detención preventiva establecidas en el Código Penal, como las presentaciones personales, la caución, la prohibición de salir del país, la vigilancia electrónica, la obligación de observar buena conducta, la prohibición de concurrir a ciertos sitios o de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas; sin que ello implique la excarcelación masiva de las personas que se encuentran detenidas.