Cuando el constituyente Álvaro Gómez Hurtado incluyó en la Constitución de 1991 una cláusula prohibiendo que el legislador interfiriera las actividades partidistas, dándoles a las organizaciones políticas plena autonomía para gobernarse, según sus propios estatutos, por cuanto los partidos son la expresión de libertad de pensamiento y asociación y ejercicio real de la democracia.
¿Qué clase de cigarrillo se fumarían...? Desafortunadamente distintas reformas constitucionales, especialmente el acto legislativo N° 1 de 2009, impulsado por el expresidente Álvaro Uribe y Fabio Valencia Cossio, le dio carta blanca para inmiscuirse en las actividades electorales, hecho este que ha resultado gravemente pernicioso y vituperable, pues es el mismo Congreso interviniendo los partidos, facultando a un órgano administrativo de su bolsillo, el Consejo Nacional Electoral, a intervenir por cuenta de sus decisiones de simple organismo administrativo, convertido en apéndice del Legislativo y el Ejecutivo. Todo lo anterior, después de las advertencias hechas por el exministro Fernando Londoño, cuando en una sesión memorable en el año 2003 les dijo a los somnolientos legisladores: “algún día alguien se preguntará después de lo aprobado aquí ¿qué clase de cigarrillo se fumarían estos congresistas?”.
Prueba reina. Esta aberración atentatoria contra libertades de pensamiento y de asociación, propias de los partidos, está a punto de consumarse en un hecho sin antecedentes en la historia de Colombia, con su intervención en la postulación de candidatos o candidatas a la Presidencia por los partidos políticos, como es el caso de la candidata oficial del conservatismo, Marta Lucía Ramírez de Rincón, proclamada por 1.200 delegados debidamente acreditados, representados en exministros, exalcaldes de capital, concejales y exconcejales, diputados y exdiputados y voceros de los directorios municipales y departamentales.
Como si lo anterior fuera poco. Ayer el candidato a Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, le dijo a El Tiempo “a los conservadores los queremos y los necesitamos”... También acotó que “tramitada la decisión de la Convención Conservadora se reintegrarán a la Unidad Nacional”. Una de dos: o es una orden al CNE para que decidan favorablemente a los conservadores mermelados o es una invitación a estos para que insistan en la doble militancia o para que se sostengan en la misma, contrariando las directrices de la Convención que rechazó masivamente el apoyo a la reelección de Santos.
¿Quién decide? No cabe en una democracia argumento legal para que un órgano administrativo decida quién es o quién no candidato presidencial, por cuanto convierte en rey de burlas el sagrado y fundamental derecho político de elegir y ser elegido, cuya voluntad se expresa a través de los partidos políticos. Es el pueblo el que decide sobre la viabilidad política de los candidatos y no organismos de bolsillo, dirigidos por una mano invisible. Cuanto lamentamos que los inspiradores de semejante esperpento hayan tenido que tragarse el sapo de su propio cocinado, como ocurrió con la desaprobación del nombre y el logo-símbolo de su propia organización política.
Más allá del uribismo. Imaginemos esto con un gobierno como el venezolano asegurando candidaturas únicas. Ni a Santos le conviene auparlas trasladándonos así a las peores épocas
Preguntamos: Ni siquiera Uribe en su aspiración reeleccionista llegó tan lejos como lo está haciendo el presidente-candidato Santos, sembrándole en el camino minas quiebrapatas a sus competidores con el auxilio del CNE: Ayer fue con el logo-símbolo, hoy con la convención conservadora ¿Qué seguirá después?