Y hablando del Parlamento, todo hace prever que hay un consenso creciente entre algunos senadores y representantes para que el proyecto de la reforma a la salud no sea votado en lo que resta de este primer tramo de la legislatura (que culmina la tercera semana de diciembre) sino que se deje la iniciativa para ser analizada después del 16 de marzo, es decir, cuando se reanuden las sesiones el próximo año y, lo más importante, hayan pasado las elecciones parlamentarias. La tesis de que aprobar la iniciativa podría tener un coletazo negativo sobre la imagen del Gobierno y el Congreso, que en más de un 85% de sus curules busca la reelección, sigue abriéndose camino.

Más denuncias

En los pasillos del Congreso daban por seguro el viernes pasado que esta semana serán radicadas varias denuncias contra el presidente Santos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Se alegará en todas las causas que el Jefe de Estado habría incurrido en violación a la Ley de Garantías por haber participado, supuestamente, en reuniones o eventos proselitistas. Incluso no se descarta que uno que otro dirigente uribista se deje ver por el Parlamento para interponer personalmente la querella contra el Jefe de Estado.

La respuesta

A propósito de esta polémica, esta semana en el Congreso varios parlamentarios, tanto de la Unidad Nacional como de la oposición y sectores independientes, pedirán al Gobierno, específicamente a los ministros de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, y del Interior, Aurelio Iragorri, que hagan público, tan pronto lo tengan en la mano, el concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado sobre los alcances de la Ley de Garantías en torno de lo que puede o no hacer el Jefe de Estado una vez anunció a la Registraduría que quería repetir en el cargo. Ese concepto será clave para dirimir la controversia entre el Gobierno y el procurador Ordóñez.

Blindaje jurídico

En la Comisión de Investigación hay preocupación porque a medida que los pleitos han ido ganando eco mediático, los abogados acusadores y defensores de los altos funcionarios aforados que son judicializados en esa célula congresional han dejado entrever que podrían interponer denuncias contra los representantes-investigadores por presuntas fallas en la técnica jurídica o en la aplicación del debido proceso. Por lo mismo se estaría pensando en pedir presupuesto para contratar varios asesores jurídicos de alto nivel que ayuden a garantizar que todas las diligencias que se están llevando a cabo cumplen el procedimiento y no hay riesgo de quedar en la mira de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Acuartelados

Como siempre ocurre en el remate de los períodos legislativos, en el consejo de ministros de esta semana el presidente Santos y todo su gabinete harán un recorrido detallado por el avance de la agenda legislativa y se determinará qué titulares de cartera tendrán que, en la práctica, acuartelarse en el Senado y la Cámara para asegurar que los proyectos que requieren rápida aprobación no se queden empantanados y con un alto riesgo de hundimiento.