Su “reconocimiento acerca de los avances progresivos” que el Gobierno nacional ha venido realizando en la atención a las víctimas del conflicto expresó Luis Ernesto Vargas, presidente de la Corte Constitucional y de la sala que da seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 (en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional en el tratamiento a la población desplazada), ayer en el marco de la presentación del informe de la Unidad para las Víctimas.
El Magistrado afirmó que se observa en los últimos años un cambio de política. “Trabajamos de manera muy estrecha con la Unidad de Reparación Integral a las Víctimas. Con ella tenemos mesas de trabajo permanentes”, aseguró. “Casi todas las semanas estamos trabajando de manera conjunta, con la vigilancia tanto de los órganos de control como de las entidades y organizaciones no gubernamentales”, añadió.
Para finales de 2014, de las 5.537.883 personas desplazadas incluidas en el Registro Único de Víctimas, administrado por la Unidad, un 6,3% corresponde a los años 2012 (206.504 personas) y 2013 (142.181 personas). El 93,7% restante equivale a desplazamientos ocurridos entre 1985 y 2011, año en que se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Paula Gaviria, directora general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, explicó que “durante el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se verifica un descenso del 46,7% en el número de personas afectadas por el conflicto con respecto del cuatrienio anterior”. Se considera que esta reducción es notoria teniendo en cuenta que entre el primer y el segundo período de Álvaro Uribe sólo se registró un decrecimiento del 14% en el número de personas desplazadas.
Por su parte, Marco Romero, director de la organización de la sociedad civil Codhes, que por 22 años se ha ocupado de estudiar el desplazamiento forzado en Colombia, manifestó que “hemos visto en la Unidad de Víctimas buena fe para superar el sub-registro”, en referencia a los datos cada vez más actualizados y completos de los que dispone la entidad oficial.