Las fricciones entre cocaleros y fuerza pública ya completan dos semanas en la zona Alto Mira y Frontera, del corregimiento de Llorente.
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Una recompensa de 150 millones de pesos para quien entregue información sobre los autores de la matanza en zona rural de Tumaco, ofreció el presidente Juan Manuel Santos, quien anunció que Colombia mantendrá su plan contra los cultivos ilegales.
"No vamos a permitir que ninguna organización criminal frustre una política que debe ser una política exitosa", señaló Santos, al condenar los recientes hechos, en una declaración a la prensa desde la Casa de Nariño.
Al lamentar y condenar lo sucedido, Santos apoyó las investigaciones para esclarecer responsabilidades, pero ratificó que el Gobierno seguirá con su estrategia contra las drogas que combina los acuerdos de sustitución voluntaria con la erradicación forzosa de cultivos.
"No vamos a permitir que ninguna organización criminal frustre una política que debe ser una política exitosa", dijo el mandatario, agregando que seguirá en el empeño de “recuperar la legalidad en todo el territorio nacional y de sustituir los cultivos de coca por cultivos lícitos”.
Entre tanto, delegaciones de la Fiscalía y el Ejército ya están en la zona donde murieron varios cocaleros (unas versiones dicen que son cuatro y otras hablan de nueve) para aclarar los confusos hechos, en tanto que en Bogotá varias organizaciones políticas protestan por lo que consideran una masacre.
Muertos
Desde Pasto, Diana Montilla, que hace parte de la Coordinación Nacional de Desplazados, le manifestó a RCN Radio que este jueves “se presentaron estos hechos en los que murieron 9 personas. Cuatro muertos fueron reportados inicialmente. Posteriormente dos de los heridos fallecieron. Y en la tarde aparecieron los cuerpos sin vida de tres indígenas en el marco de los mismos hechos”
Ver: Protesta cocalera en Tumaco: 4 muertos y 14 heridos
Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, el jueves murieron varios cocaleros en incidentes que según la Policía y el Ejército se trató de un ataque de un grupo disidente de las Farc a personal de erradicación, mientras que organizaciones campesinas tumaqueñas señalaron que fue la fuerza pública la que agredió a los cultivadores que se oponían a la eliminación de las matas de coca.
A través de declaraciones a varios medios de comunicación, masivos y alternativos, y de comunicados de prensa, organizaciones como la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Cocam) aseguraron que en la zona no había disidencias algunas durante las protestas, aunque sí hacen presencia en los ríos y zonas de cultivos de uso ilícito y están presionando a los campesinos para llevarse sus jóvenes, adolescentes y detener la sustitución voluntaria.
Las fricciones entre cocaleros y fuerza pública ya completan dos semanas en la zona Alto Mira y Frontera, del corregimiento de Llorente, en Tumaco, de acuerdo con un comunicado de la Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma).
La organización explica que para los campesinos, en alto porcentaje afrodescendientes e indígenas, la sustitución de cultivos de uso ilícito no se está haciendo conforme al acuerdo de paz, es decir voluntaria y concertadamente, sino de manera forzada.
El Gobierno sabía
El senador Alexander López, del Polo Democrático, dijo este viernes que ya le había advertido al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, acerca de la sistemática violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública en contra de los campesinos cultivadores de coca en Tumaco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Guaviare, Meta, Arauca, Norte de Santander, sur de Bolívar, Antioquia y Córdoba.
Esa advertencia la hizo el congresista 15 de agosto durante un debate sobre el incremento de cultivos ilícitos, en la Comisión Primera del Senado.
Para el senador López, es Villegas el directo responsable de lo que ha ocurrido: “El ministro, después de no haber asistido en tres ocasiones al debate sobre el incremento de cultivos ilícitos, anunció que iba a erradicar 100.000 hectáreas de coca, como fuera. Y aquí están los resultados: 9 campesinos muertos y 50 heridos en el corregimiento de Puerto Rico, en Tumaco”.
López declaró que durante el debate le entregó a Villegas 87 quejas por estigmatización de campesinos, atropellos, asesinatos selectivos y amenazas que la Cocam había recibido en 14 departamentos.
“Estos campesinos, quienes son sujetos pasivos del negocio del narcotráfico, están soportando las consecuencias de la falta de articulación institucional y del incumplimiento, por parte del Gobierno nacional, de los compromisos adquiridos en el marco del programa de sustitución voluntaria”, sentenció el congresista vallecaucano.
“Solicito que el ministro de Defensa responda por el asesinato de 9 campesinos en Tumaco. Él es el único culpable de lo sucedido. Y exijo que se inicie una investigación de inmediato que establezca quienes son los militares que cometieron estos hechos para que sean separados de la fuerza pública”, añadió.
De otra parte, el sociólogo, politólogo y abogado Ariel Ávila, director de la fundación Paz y Reconciliación, le dijo a Caracol Radio que “la información que tenemos es que no cayeron tatucos” y que “la otra hipótesis es que los campesinos estaban juntándose para quitarle las armas a los miembros de la fuerza pública que apoyan la labores de erradicación de cultivos ilícitos y que cuando estos se dieron cuenta comenzaron a disparar en contra de la población civil”.
Ávila reconoció que “en esa zona hay cerca de 12 grupos criminales que se disputan el negocio del narcotráfico” y que entre ellos hay un “poderoso narcotraficante” conocido con el alias de Cache, quien “obliga a la población a protestar o también les pagan”.
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