Secretaría General del Senado dice que a esa corporación no se le ha requerido ningún documento.

                 

El proceso disciplinario que inició la Procuraduría por el fallido trámite de la reforma a la justicia se encuentra en etapa de recolección de pruebas, según lo infirmaron oficialmente a EL NUEVO SIGLO voceros del Ministerio Público.

De acuerdo con las fuentes, el proceso preliminar lleva apenas dos meses y le quedarían otros cuatro de plazo para tomar decisiones.

El 25 de junio, el procurador Alejandro Ordóñez confirmó que en su despacho había varias quejas en contra de los congresistas que votaron y aprobaron la reforma.

"Desde luego que pueden existir eventuales conductas disciplinarias y por esa razón, los organismos debemos actuar en concordancia. Entiendo que ya existen quejas elevadas por ciudadanos para que se investiguen esas conductas", dijo en ese entonces.

Ordóñez dijo que les abrirá investigación preliminar a todas las personas que participaron en el trámite, incluyendo a Germán Vargas y Juan Carlos Esguerra, que en buena parte de ese proceso legislativo actuaron como ministros del Interior y Justicia, respectivamente.

En aquel momento, el senador conservador Juan Manuel Corzo, quien se encontraba como presidente del Senado, dijo que la investigación de la Procuraduría era previsible si se tiene en cuenta que ya se habían presentado varias demandas de ciudadanos ante la Corte Suprema de Justicia por el trámite de la reforma a la Justicia. Y reitero que en su caso particular está tranquilo: "Uno no se puede negar a un trámite legislativo".

No obstante, la Secretaría General del Senado desconoce que se estén solicitando documentos o prueba alguna.

El secretario Gregorio Eljach dijo que desde que él asumió el cargo, la Procuraduría no le ha solicitado nada ni tampoco le han peguntado por los senadores.

Eljach recordó que todo debe pasar por las manos de él, pero que no tiene conocimiento alguno de requerimientos del Ministerio Público.

“Ni siquiera ha preguntado cómo nos llamamos. Supongo que eso debe estar en una etapa que se llama preliminar”, manifestó aclarando que cuando lo requieran se entregará la información pertinente.

 

No se sabe nada

Un senador, que solicitó reserva de su nombre, le dijo a este Diario que antes de su reelección el Procurador debe dar respuesta a esta investigación, porque de lo contrario todos estarían impedidos para votar por su reelección.

Germán Navas, del Polo Democrático, expresó es que el Procurador en estos momentos no abrirá investigación contra nadie, porque él tiene mucho interés en que el Congreso lo reelija y “se va a quedar callado”.

El senador huilense Rodrigo Villalba, del Partido Liberal, declaró que “yo entiendo que ellos han hecho unas averiguaciones de tipo general, pero no ha individualizado la investigación”.

“A mí hasta el momento no me han notificado de aperturas de investigaciones. Lo que creo es que cada vez que haya un llamado a sesiones bajo la circunstancias que sean hay que venir a cumplir con el deber”, dijo el representante liberal Oscar Marín.

El vocero del Partido Conservador en la Cámara, Alfredo Bocanegra, dijo que él no conoce de anuncio alguno de apertura de investigación e investigaciones preliminares, “pero estaría en todo su derecho, aunque yo defiendo la inviolabilidad sobre la cual al Corte Constitucional ha hecho pronunciamientos reiterados que se ha convertido en nuestra garantías”.

Bocanegra insistió en que su llamado al Procurador es a que reflexione seriamente sobre el alcance de los pronunciamientos de la Corte sobre la inviolabilidad de las opiniones y las decisiones que se adelantan y se consignan en los debates dentro del Congreso, incluida la reforma a la justicia o cualquier otro tema.

El senador Juan Manuel Galán dijo que “no he sabido nada sobre ese tema esperemos que la procuraduría tome sus determinaciones”.

Entre tanto, el copresidente vocero del Partido Verde, Alfonso Prada, anotó que “yo único que sé es que algunos ciudadanos habían denunciado la totalidad de los integrantes del Congreso, para que el Procurador en su sano juicio investigue la indelicadeza de algunos congresistas. Hasta allí sé yo”.

El senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, manifestó que él en particular no ha vuelto a saber nada del tema, pero recordó que él fue uno de los que se opuso a la reforma a la justicia.

 

Los conciliadores

 

Germán Varón

Alejandro Chacón

Gustavo Puentes

Carlos Osorio

Orlando Velandia

Roosvelt Rodríguez

Martín Emilio Morales

Luis Fernando Duque

Juan Manuel Corzo

Juan Carlos Restrepo

Eduardo Enríquez

 

 

ANÁLISIS

 

Una investigación con mucho en juego

Las pesquisas de la Procuraduría en torno al accidentado trámite del polémico proyecto de reforma a la justicia aprobado al cierre de la legislatura en junio pasado y las dudas que persisten en torno al mecanismo de las objeciones de forma e inconveniencia al que acudió extraordinariamente el Gobierno para frenar una iniciativa que significaba un riesgo institucional de amplio espectro, tienen varias implicaciones de fondo que no se pueden subdimensionar.

1.       CORTE CONSTITUCIONAL TAMBIÉN INVESTIGA: ya el alto tribunal admitió una demanda en torno a si el acto legislativo de reforma a la justicia entró o no en vigencia y, por defecto, si era viable al Ejecutivo objetarlo por razones de forma o inconveniencia. Es claro que teniendo que acudir a la misma base jurisprudencial sobre trámite legislativo y facultades de los poderes Legislativo y Ejecutivo, las ópticas de la Corte y la Procuraduría alrededor de lo que pasó con la hundida reforma y si hubo o no violaciones al orden institucional, en modo alguno pueden ponerse en orillas contrarias o contradictorias.

 

2.       ¿PROCURADURÍA DESTITUIRÍA CONGRESISTAS?: Para nadie es un secreto que a los senadores y Representantes no les gusta que el Ministerio Público pueda destituir parlamentarios. Alegan que esa facultad es exclusiva del Consejo de Estado. Es más, en la reforma a la justicia hundida una de las propuestas era, precisamente, quitarle a la Procuraduría la posibilidad de destituir a los congresistas. Sin embargo, al caerse el proyecto entonces esa potestad sigue vigente, tal como pasó en los casos de las senadoras Piedad Córdoba y Amparo Arbeláez, destituidas por Ordóñez, el mismo riesgo que ahora corre Eduardo Merlano, a quien se le investiga por el escándalo protagonizado cuando fue encontrado presuntamente ebrio conduciendo en Barranquilla.

 

3.       ¿SENADORES IMPEDIDOS?: algunos juristas han advertido que los actuales senadores tendrían que declararse impedidos para participar en la elección del Procurador General, puesto que están oficialmente notificados de que uno de los ternados es Alejandro Ordóñez, quien, como también es de público conocimiento, anunció a finales de junio que abría pesquisas preliminares a todos los funcionarios públicos que participaron en el accidentado trámite de la reforma a la justicia, con el fin de establecer si todo lo que pasó se ató a derecho. Es claro que dentro de ese universo de posibles investigados obviamente están los senadores. Sin embargo, hay constitucionalistas y ex magistrados que consideran que no hay lugar a impedimentos, pues las pesquisas de la Procuraduría no están todavía en la etapa de la individualización de los posibles disciplinados, sino en la instancia de “averiguación sobre persona indeterminada”. No se configura, por tanto, inhabilidad o conflicto taxativo e imperativo.

 

4.       EL PULSO POR EL CONFLICTO DE INTERESES: si algo quedó claro en el escandaloso trámite del hundido proyecto judicial es lo inconveniente que resultó ser, en la práctica, el acto legislativo que aprobó este mismo Congreso, impulsado por el Gobierno, para que los parlamentarios pudieran votar reformas constitucionales así tuvieran un claro conflicto de intereses. No tenía presentación que parlamentarios indagados por la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, la Procuraduría y el Consejo de Estado pudieran votar para decidir reformas en el sistema de investigación, juzgamiento y condena a los funcionarios aforados, entre quienes están senadores y Representantes. Igual debate se plantea frente al tema del Procurador, puesto que Ordóñez o cualquier otro titular del Ministerio Público puede investigar y sancionar a los integrantes de una corporación que, precisamente, es la encargada de elegirlo.