Una especie de ultimátum dio el gremio camionero al Gobierno al anunciar la preparación de un paro nacional debido al mal estado de las carreteras, la falta de claridad de destinación de los dineros producto de la chatarrización, la inseguridad y por el aumento de peajes.

Es así que más de cinco mil conductores y propietarios de camiones, especialmente del centro del país y del Puerto de Buenaventura, solo esperan la instrucción de sus representantes para poner en marcha dicho plan.

Para el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Pedro Aguilar, el Gobierno Nacional no le ha prestado la atención necesaria a sus llamados e inconformismos.

“Si el Gobierno no interviene para mejorar el estado de las carreteras, especialmente en la vía interna al puerto y la normalización de la postulación para la chatarrización de 120 mil automotores, tomaremos esa vía. La situación es muy crítica”, indicó en medios.

Fue enfático en decir que el Gobierno no está haciendo el mantenimiento adecuado de la red vial “y esto ha generado un deterioro en tramos importantes como la vía alterna en Buenaventura, la cual se encuentra destruida y en sectores en donde está mediobuena instalaron reductores de velocidad, lo que se convierte en un atracadero”.

Los dineros

El estado de las vías también tiene repercusión en la recolección de dineros de los peajes instalados, aseguró Aguilar. “¿Dónde están metiendo esa plata?, quizá en los trenes o en otros negocios porque estos siguen subiendo mientras las vías se deterioran cada día más”.

Precisamente, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dijo el pasado martes que desde el 16 de enero se incrementaron las tarifas para los peajes que regirán este año y que dicho ajuste en la tasa de peajes “es calculado con base en el índice de inflación de 2012 y en algunos contratos se establece una fórmula de compensación tarifaria para realizar este incremento”.

Por ello, la ANI resaltó la importancia de hacer este tipo de ajuste para el mantenimiento de la red vial del país y que la instalación de peajes en una concesión vial, “como las que administra la Agencia Nacional de Infraestructura, obedece a diversos criterios, tales como inversiones requeridas, costos de operación y mantenimiento, tráfico promedio diario y longitud”.

También trajo a colación el estado de vías como la que conduce de Buga al puerto antes mencionado al explicar que “es una vía sin dolientes. El sector de Lobo Guerrero-Cisneros está crítico, y entre Lobo Guerrero y el Alto hay tres derrumbes que no son atendidos y hay paso por un solo carril”.

Otro de los puntos álgidos es la no coincidencia de las cuentas por chatarrización entre lo que han invertido el Gobierno y el gremio.

Aguilar afirmó que hasta noviembre pasado se había chatarrizado 594 vehículos y “a ese paso, para reponer 120 mil vehículos, vamos a llegar al 2100 y no hemos acabado”.

Opinión que fue respaldada por el director Ejecutivo de la Asociación de Transporte de Carga (ATC), Luis Orlando Ramírez, quien explicó que los dineros solo podrían ser utilizados con el visto bueno del Legislativo.

“Los transportadores no aceptamos esta excusa, pues estos recursos ya están en manos del Gobierno con destinación específica y se obtienen de los valores de pólizas o cauciones bancarias utilizadas para matricular vehículos nuevos. Hemos aportado 1,5 billones de pesos para chatarrización”, sostuvo.

Adicional a ello, Aguilar también recordó los episodios de inseguridad de los que han sido víctimas los conductores que transitan por las vías de Buenaventura. “La inseguridad se presenta entre Buenaventura y Buga, son constantes los atracos a los transportadores.

Al cierre de esta edición se realizaba una reunión entre las partes en Buenaventura para definir si efectivamente se llega a la determinación de adelantar un paro nacional.