Expertos consultados manifestaron que hacer esas modificaciones podría ser inconstitucional
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La reforma al decreto que establece reparto de tutelas, no fue bien recibida por los expertos constitucionales. Esta propuesta fue hecha por el presidente Juan Manuel Santos, quien afirmó que para los próximos días estará lista, para “quitar del conocimiento de las Altas Cortes las acciones dirigidas contra autoridades del orden nacional”. Sin embargo, el Jefe del Estado precisó que las altas Cortes “mantendrían su competencia frente a las tutelas contra providencias judiciales”. El exministro de Justicia Parmenio Cuellar recalcó que se tiene que mirar si el Jefe del Estado tiene atribuciones para reformarla por medio de un decreto.
Dijo que ese instrumento, contemplado en la Constitución de 1991, “ha representado un enorme avance en materia de derechos, pero es uno de los principales factores de congestión judicial”.
El exmagistrado Jaime Arrubla consideró que primero lo que se debe es conocer en qué va consistir la reforma que pretende alterar las competencias, que actualmente es un decreto, “recuerdo muy bien que el ministro de Justicia era Rómulo González cuando salió ese decreto y estableció un reparto que ha venido cumpliéndose y que se ha mantenido”.
Manifestó que “lo que pretenden es que a la rama no vayan sino tutelas contra sentencias. Personalmente pienso que es discutible la constitucionalidad de eso, porque la Constitución dice que la tutela puede conocer cualquier autoridad judicial y yo no me explico cómo el Presidente pretende reformarla con un decreto y eso de las competencias ya hay un decreto y se va a modificar eso. Lo que dudo es que se consigan las bondades que el Presidente dijo de descongestión y creo que la tutela hay que reformarla más a fondo, sin restringirla, para que sea más ágil, pero lo que el Presidente pretende hacer tendremos que ver el decreto si es que eso sí va a producir el efecto deseado”.
Prioridades
Explicó que el problema que él ve es que en el Ministerio de Justicia se viene improvisando en todo, en la rebaja de penas que fue algo apresurado, “creo que estas cosas hay que pensarlas mejor, obrar con más sindéresis, con más consultas con expertos, y con menos improvisación”.
Por su lado, el exmagistrado José Gregorio Hernández aseveró que el Decreto 1382 del año 2000 es inconstitucional y que infortunadamente el Consejo de Estado en su momento declaró ajustado a la Constitución, “pero creo que es inconstitucional, no solo porque es un decreto ordinario que se atrevió a modificar unas normas con fuerza de ley y fuera de eso no se tramitó como ley estatutaria. Pero además es inconstitucional porque en vez de permitir que cualquier juez en el país pudiera conocer de la acción de tutela como lo dijo la Constitución, concentró en determinadas corporaciones las acciones de tutela”.
Y aseguró que la propuesta del Presidente puede servir para que el ciudadano tenga mayores posibilidades de acudir a la tutela ante cualquier juez de su región dentro de su mismo circuito, y en una mayor cercanía con la administración de justicia, sin tener que irse a las altas corporaciones.
Pero anotó el exmagistrado que en estos momentos hay otras cosas que deberían ser atendidas con prioridad tanto por el Gobierno con los proyectos que redacta y tanto el Congreso con las iniciativas que se tramitan.
El exministro de Justicia Parmenio Cuellar recalcó que el beneficio contribuye a descongestionar el trámite de un mecanismo tan importante como la defensa de los derechos humanos. Señaló que se tiene que mirar si el Jefe del Estado tiene atribuciones para reformarla por medio de un decreto.
Juan Carlos Lancheros Gámez, director general de Derecho Justo, Centro de Estudios Jurídicos, dijo que “me parece bien todo lo que sirva para mejorar el conocimiento y el reparto de tutela de las altas Cortes, me parece bien que los altos tribunales conozcan de tutelas salvo las tutelas contra decisiones en contra de ellos, me parece adecuado generar ese ajuste de reparto”.
Aseguró que “no conozco el texto del decreto pero lo que entiendo es que al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia llegan tutelas originadas en distintos procesos, la idea es que esas tutelas no lleguen ni al Consejo de Estado ni a la Corte Suprema de Justicia, sino que se distribuyan entre los jueces del distrito y entre los tribunales”.
Congestión
Entre tanto el senador Eduardo Enríquez Maya dijo que “en 25 años que tiene de vigencia la tutela, se han presentado cerca de 6 millones de tutelas para amparar los derechos que consagra la Constitución Política, de otra parte la justicia en Colombia toda esta congestionada, la congestión reposa en todos los despachos judiciales de Colombia, toda intención del Gobierno puede ser buena pero a mi juicio se va a congestionar todo el aparato judicial”.
Añadió que lo importante sería crear los jueces de tutela, específicamente dedicados a esa misión, recordó que en un principio se pensó que la tutela solo se podía invocar como los derechos fundamentales, pero en Colombia se abrió la puerta para que se presente la tutela para todos los derechos que consagra la Constitución.
El abogado Juan Manuel Charry indicó que es un tema muy delicado porque el decreto limita competencias constitucionales en el sentido de que somos los ciudadanos quienes elegimos al juez y ante quien se presenta la tutela.
“Yo entiendo que el Presidente tenga el deseo de ayudar a la rama judicial, pero generaría un precedente al que a mi juicio es equivocado como el Decreto 1382 y adicionalmente el reparto de las tutelas limita el derecho del ciudadano a elegir su juez”, indicó.
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