Cualquier actuación, mención, o utilización de los programas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con fines políticos o proselitistas por parte de algunos candidatos al Congreso fue rechazada “vehementemente” por la entidad a través de un comunicado.

“Según se ha conocido, personas aspirantes a esa corporación vienen basando sus campañas en el ofrecimiento de supuestos beneficios y agilización en los trámites a las personas víctimas, con el fin de obtener votos. Dicha actitud es reprochable, ya que la Ley 1448 busca favorecer a las víctimas y cumplir con el goce efectivo de sus derechos, sin que estas deban acudir a intermediario alguno”, sostuvo la Unidad en su  comunicación.

“Tales actuaciones, que van en contra de los derechos de las víctimas, son motivo de sanciones penales a quienes en ellas incurran. Incluso, en otra región del país la Unidad para las Víctimas interpuso denuncias penales por este motivo”, agregó la entidad, recordando que “la Corte Constitucional en su jurisprudencia, especialmente en la sentencia T-617 de 2009, establece que todos los trámites que corresponden a las víctimas de la violencia son gratuitos y no requieren de intermediación alguna, tal y como ha hecho énfasis la Unidad para las Víctimas en su campaña radial reproducida a través  de la emisora del Ejército Nacional en Carepa (Antioquia) y en Radio Policía Nacional en Apartadó (Antioquia)”.

De otra parte, el jueves se fijó en el Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en Medellín, se fijó una placa en memoria de Jesús María Valle, exactamente 16 años después de su asesinato.

En la placa, el Estado “pide perdón a su familia y a la sociedad, por la violación a los derechos humanos de los cuales fue declarado responsable internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia proferida el 27 de noviembre de 2008”.