El Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General en que se pedía revocar la decisión mediante la cual fue dejado en libertad el empresario procesado por el carrusel de la contratación, Emilio Tapia.

De acuerdo con la decisión, se rechazan las pretensiones de la Procuraduría en que se indicaba que, debido a la gravedad de los delitos cometidos por el contratista en contra del Distrito, era necesario dejar en firme la medida de aseguramiento en su contra.

En el fallo, finalmente, se advierte que el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, puede solicitar una nueva audiencia de medida de aseguramiento contra Emilio Tapia.