Rechazan intervención de diplomático americano | El Nuevo Siglo
Viernes, 13 de Diciembre de 2013

Un pleno rechazo a las declaraciones del nominado embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, sobre la destitución del Alcalde de Bogotá, expresaron distintas bancadas con asiento en el Congreso, quienes consideraron el hecho  como intervención en la política interna del país.

Al respecto, el senador del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Juan Lozano, miembro de la Comisión Segunda que trata asuntos internacionales, cuestionó la posición de la Cancillería frente a la intervención de la ONU y la de Estados Unidos.

"Ningún diplomático extranjero debe meterse en temas internos. Queda mal Cancillería tolerando a unos y reprochando a otros por hacer lo mismo. El embajador de Estados Unidos y el representante de la ONU dicen cosas parecidas. Al primero la Cancillería le peló los colmillos, y al segundo le sonríe obsecuente. ¿Por qué?", expresó Lozano desconociendo que la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín se refirió al tema.

Por su parte, el senador conservador Juan Manuel Corzo dijo que como lo reiteró hace unos días el presidente, él es el único que determina la política interna y externa del país.

"El presidente de la República ya manifestó que es él quien determina la política exterior y la política interior. Es el jefe constitucionalmente del Gobierno y del Estado. De tal forma que cualquier intromisión y opinión sobra. Por eso tenemos que acatar a las instituciones democráticas.  En el caso del Alcalde hay que esperar a que se cumplan los recursos. Hay que respetar los fallos así no esté de acuerdo la gente", precisó.

A su vez, el senador liberal Guillermo García, de la Comisión Segunda, dijo que las declaraciones de Whitaker son una clara intervención en los asuntos internos de Colombia.

"Es una intervención de manera clara que está fuera de lugar de un embajador que no ha tomado posesión del cargo. Es un hecho desafortunado. Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo. Eso motiva un análisis de la Cancillería", subrayó García.

A su vez, el senador de la Alianza Verde, Camilo Romero, rechazó las afirmaciones del Embajador, aunque indicó que el tema de la destitución es tan grave que ha tenido resonancia internacional.

"No está bien que un funcionario que va a ocupar ese nivel intervenga en los asuntos internos de Colombia. Lo que ha ocurrido con el Alcalde es tan trascendente que incluso se ha llegado a este punto. Lo de Bogotá está traspasando las fronteras", concluyó.

 

Rechazo diplomático

 

Las declaraciones generaron el llamado a una reunión de la canciller Holguín con la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Roberta Jacobson.

"Decirle a Kevin Whitaker que se tienen que respetar los asuntos internos del Estado y no politizar las decisiones de los órganos de control”, dijo Holguín.

“No queremos que el embajador crea que puede opinar de asuntos internos. Queremos que esto lo tenga claro antes de llegar”, enfatizó la ministra.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Carlos Villegas, también se expresó al respecto al decir que entre Estados hay una regla de oro y es no referirse a asuntos internos de los Gobiernos.

Villegas dijo que la decisión de la Procuraduría es un tema que no se debe politizar.

Como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, Whitaker dijo que “si individuos en Colombia concluyeran, basados en esta decisión, o en otras, que este espacio no existe, entonces las condiciones básicas para la paz podrían erosionarse de alguna manera”.

“Conozco el caso”, sostuvo el diplomático, agregando que “aquí hay una pregunta fundamental sobre pluralismo político. Colombia está en medio de un proceso muy importante para encontrar cómo manejar el conflicto interno y no es por accidente que el segundo punto de las negociaciones fue el pluralismo político. Cómo integrar en el proceso democrático a individuos desarmados de la izquierda”.

 

 

Avalancha de tutelas

Una avalancha de tutelas comenzaron a instaurar los simpatizantes del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ante diferentes juzgados pidiendo la anulación de la sanción del procurador. Se habla de unas 5.000 tutelas radicadas por simpatizantes del mandatario en diferentes juzgados de la capital.

Los demandantes afirman que en la sanción del Ministerio Público hubo una violación al debido proceso.

"Iremos a los juzgados de la carrera 10º con calle 14 y en forma individual con autonomía y plena independencia, firmaremos e interpondremos una acción de tutela donde reivindicamos, a propósito de la decisión del Procurador, la violación del derecho a elegir a nuestro alcalde", afirmó José Cuesta, uno de los promotores de la iniciativa.

Por su parte, el abogado del mandatario capitalino Julio César Ortiz radicó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Ortiz manifestó que en la tutela también se pide que los magistrados revisen el fallo de Procuraduría, puesto que según él, hubo irregularidades en el debido proceso.

Petro fue sancionado por la implementación del nuevo  esquema de basuras en la ciudad y que según el ente de control, causó detrimento a las finanzas y afectación en la salud pública y del medio ambiente.

 

Demandas contra sanción son legítimas: Procurador

Después de guardar silencio desde el lunes pasado cuando emitió la sanción a través de la cual destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos de elección popular al alcalde Petro, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que el mandatario estaba en todo su derecho al interponer recursos judiciales contra la decisión.

"Son derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia que los ciudadanos tienen en orden ante sus autoridades se pronuncien sobre temas específicos sobre derechos fundamentales", precisó el jefe del Ministerio Público.

Sobre la determinación, Ordóñez dijo que prefiere guardar silencio porque cualquier pronunciamiento suyo puede afectar el proceso y recordó que debe defenderse la institucionalidad del país.

De otra parte aseguró que el debate sobre sus facultades tendrá que darse en su momento ante el Congreso.

“En las modificaciones que seguramente algunos presentarán yo estaré dispuesto a participar”, agregó el funcionario.

 

Niegan participación en destitución

A través de un comunicado de cinco puntos el movimiento Centro Democrático negó que el expresidente Álvaro Uribe, y el exministro Fernando Londoño se hayan reunido con el procurador  para acordar la destitución de Petro.

Según el Centro Democrático, “es falso” que Uribe, Londoño y Ordóñez “se hayan reunido para acordar la destitución del alcalde de Bogotá. Este proceder nunca ha hecho parte del ejercicio político del expresidente Uribe. Jamás ha interferido en las decisiones autónomas de los organismos de control”.

La colectividad dijo que en aras de la democracia el tema no se debe politizar: "Tal como lo ha manifestado el expresidente Uribe, reiteramos que la mayor contribución a la democracia es no politizar la decisión de la Procuraduría frente a la Alcaldía de Bogotá".

Al mismo tiempo rechazó la intromisión del nominado embajador de Estados Unidos en Colombia sobre el tema.

"Expresamos nuestra preocupación por la intromisión de organismos internacionales en los asuntos internos del país. Las recientes declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia y de delegados de la ONU irrespetan nuestro Estado de Derecho", concluyó el comunicado.

 

Consecuencias para la paz

El exministro conservador Álvaro Leyva afirmó que la destitución de Petro tiene consecuencias en el proceso de paz que adelantan el Gobierno y las Farc.

"Qué es lo que pasa en Colombia, cómo es que entramos al punto dos de participación política y viene un funcionario y destituye un alcalde elegido popularmente. Eso retrocede el proceso y lo va a sentir el gobierno" señaló Leyva a Caracol Radio.

Por su parte, la Asociación de Ciudades Capitales, en cabeza de su presidente Jorge Eduardo Rojas, anunció su respaldo a Petro luego de una reunión virtual entre los mandatarios.

Rojas dijo que se deben revaluar las facultades del procurador para destituir a funcionarios elegidos por elección popular.