Luego de que se hiciera público que se había culminado el proceso con las Farc de introducir cambios propuestos por el No al pacto inicial, todavía no se considera que esté sellado. Incluso el jefe negociador, Humberto de la Calle, dijo que se trabaja en su ensamblaje. Vistazo EL NUEVO SIGLO

Es claro que muchas de las reacciones y posturas están impactadas por el hecho de que se anunció que se llegó a un “nuevo acuerdo” pero no se reveló el texto de lo pactado. Por eso, aunque el Gobierno y las Farc lo presentan como definitivo, no se sabe cuál será la postura final de los del No, ya que estos no sólo protestan porque no les dieron tiempo de revisar los ajustes, sino porque al no hacerlo les queda difícil establecer si estos fueron de fondo o apenas superficiales. El efecto Trump, el impacto de la tributaria, un escenario político más adverso y, sobre todo, la incertidumbre sobre si habrá o no refrendación popular, otras dudas que impiden saber cuál será el futuro de este proceso

1. FALTA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACUERDO: para que el texto renegociado en La Habana se pueda entender como oficial, debe ser firmado al más alto nivel, es decir por el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, tal como ocurrió con el Acuerdo de Cartagena, que fue suscrito el 26 de septiembre en medio de un amplio escenario de invitados internacionales. Hasta entonces, el texto renegociado no se puede considerar oficial y, por lo tanto, es posible introducirle enmiendas de última hora. De esta forma, lo que pasó el sábado pasado en La Habana no se puede considerar como el texto final del reajustado acuerdo, ya que sólo fue firmado por los respectivos jefes de delegación, Humberto de la Calle Lombana e ‘Iván Márquez’. Los líderes del No le apuestan a que no existiendo todavía fecha y hora para esa firma al más alto nivel, todavía exista margen de acción para aplicar correctivos a un texto renegociado, pese a que el Gobierno, sin habérselo presentado, parece estar dándolo como definitivo.
2. ¿ESTARÁN LOS LÍDERES DEL NO EN LA FIRMA FINAL?: este es, sin duda, uno de los hechos más importantes de cara a si tras la negativa del 2 de octubre al primer acuerdo de paz con las Farc, los ajustes que se aplicaron al texto sí respondieron al espíritu de las propuestas de reformas que los líderes del No hicieron tras más de tres semanas de reuniones con el Gobierno. Es claro que si la firma al más alto nivel de los acuerdos se da con la presencia como testigos y legitimadores de la oposición y otras instancias que hicieron reparos al primer acuerdo, entonces podría concluirse que sí se logró el consenso político que se requería para que el proceso de paz con las Farc fuera considerado, ahora sí, como producto de un acuerdo amplio nacional y no como una negociación cerrada entre Gobierno y guerrilla, en donde la participación de otros sectores fue reducida al mínimo, lo que se evidenció en una votación dividida del 2 de octubre en donde hubo 13 millones de votos y el No ganó por 51 mil votos. 
3. EXPECTATIVA POR REVISIÓN DE LOS AJUSTES: es claro que los líderes del No y otras instancias que pidieron ajustar el acuerdo de Cartagena no se han podido pronunciar a fondo sobre el mismo, ya que el Gobierno decidió anunciar que había logrado un nuevo acuerdo en La Habana, pero no publicó el texto renegociado. Incluso, tanto el expresidente Álvaro Uribe como el exmandatario Andrés Pastrana y la excandidata Marta Lucía Ramírez así como líderes de organizaciones de las víctimas, entre otros, urgían ayer que no se le presentara al país como definitivo el acuerdo logrado este fin de semana y que le dieran tiempo y espacio a los sectores del No para poder revisar lo pactado y vislumbrar si los ajustes cumplían con las expectativas que tenían esas instancias. Sin embargo, el exministro Álvaro Leyva, que ha asesorado a las Farc, fue muy claro en advertir ayer que “el acuerdo firmado ayer en La Habana es final y definitivo. No se revisa. A todos se les dio gusto sin llegar a poner en peligro la paz”.
4. ¿SE REFORMÓ EL NÚCLEO DEL ACUERDO?: al no estar publicado el texto renegociado del acuerdo en La Habana no se puede concluir si los temas centrales, y a la vez los más polémicos, del pacto con las Farc fueron modificados. De los discursos de Santos y De la Calle, se deriva que el único tema en que no cedieron las Farc fue en el de elegibilidad política, pero no se sabe exactamente cómo será la interacción entre la jurisdicción especial de paz con la jurisdicción ordinaria, de qué manera funcionará exactamente la restricción efectiva de la libertad para los guerrilleros, cuál el mecanismo del juzgamiento diferenciado de los militares y policías, cómo se aterrizó lo relativo a que no habrá co-gobierno de las Farc, hasta dónde se reformó el texto inicial del pacto ya denegado en las urnas para garantizar que no se afecta la propiedad privada… Así las cosas, el Gobierno pide apoyo para un acuerdo del que ni siquiera se conoce el texto definitivo.
5. EN VILO MECANISMO DE REFRENDACIÓN: la semana pasada el presidente Santos había indicado que para la refrendación de un nuevo acuerdo de paz tenía tres opciones. La primera, acudir a un nuevo plebiscito, opción esta que le permite la propia sentencia de la Corte Constitucional, obviamente partiendo de la base de que el texto que se someta a consideración de la ciudadanía sea distinto al que ya fue negado en las urnas. La segunda, optar por los cabildos abiertos, que es uno de los mecanismos de participación popular autorizados por la Carta del 91. Estos tendrían que ser convocados en los más de 1.100 municipios del país con el respaldo del 5 por ciento del censo electoral vigente. Para los críticos, esta alternativa no es viable, toda vez que esta figura es para asuntos de consulta de temas locales y no nacionales, además de no tener carácter jurídico vinculante. Y la tercera sería acudir al Congreso directamente. El problema aquí es que el Parlamento no es un mecanismo de participación popular, sino de implementación y aplicación de las leyes y actos legislativos. 
6. EL VOTO POPULAR ESPERA SU TURNO: una de las llamadas “líneas rojas” que el presidente Santos puso desde que comenzó la negociación con La Habana, fue que la decisión final de todo lo que se pactara con la guerrilla sería de la ciudadanía. Por eso se llevó a cabo el plebiscito especial del 2 de octubre, que fue reformado al punto de rebajarle el umbral del 50 al 13% y volverlo de carácter vinculante. Antes se había pensado en un referendo de paz, que podría llevarse a cabo el mismo día de una elección ordinaria. Aunque tras el fracaso del plebiscito del 2 de octubre se empezó a abrir camino la tesis de que un nuevo acuerdo de paz no tendría que ir de  nuevo a las urnas, el Gobierno tuvo que salir en repetidas ocasiones a aclarar que  no se le haría el quite a esta promesa gubernamental. Tras los más de 13 millones de votos el 2 de octubre y el posterior clima nacional a favor de salvar el acuerdo, es claro que la ciudadanía aspira y espera a que sea de nuevo convocada a las urnas para decidir.
7. EL ‘FAST TRACK’ ESTÁ MUERTO: uno de los aspectos complicados de saltarse la refrendación popular y llevar directamente el acuerdo al Congreso, es que allí todo el proceso de validación del pacto y de trámite de las respectivas leyes y actos legislativos derivados del acuerdo renegociado, se tendrá que hacer por la vía ordinaria, toda vez que el llamado “acto legislativo para la paz” perdió cualquier posibilidad de aplicación con el resultado el plebiscito del 2 de octubre. El artículo 5 de esa reforma constitucional deja en claro que el llamado ‘fast track’ legislativo, es decir el mecanismo que permite acelerar el trámite de estas leyes y reformas, acortando su tiempo a 3 meses, sólo puede aplicarse si hay refrendación popular positiva. Es decir que para activarlo habría que acudir de nuevo a las urnas. La única forma de esquivar esta restricción es que la Corte Constitucional tumbe por un vicio de forma ese artículo 5. La demanda fue presentada por el uribismo y ahora se convierte en una posible tabla de salvación para el acuerdo firmado en La Habana.
8. EL IMPACTO DEL EFECTO TRUMP: no deja de llamar la atención que mientras se decía en fuentes del Gobierno y las Farc que la renegociación sería difícil y que se estaba trabajando a marchas forzadas para revisar las propuestas compiladas en más de 57 ejes temáticos, apenas cuatro días después de que Donald Trump se convirtiera en el sorpresivo presidente de Estados Unidos, se destrabara la renegociación del denegado acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Es claro que este hecho político tuvo un impacto sobre la Mesa de La Habana, sabido no sólo el carácter férreo de Trump en temas que involucren terrorismo o negociaciones con actores que han atacado ciudadanos e intereses estadounidenses, sino el hecho de que tras el apoyo que el gobierno Obama ha dado a las negociaciones en La Habana, qué pueda pasar a partir del 20 de enero próximo, cuando la Casa Blanca cambie de titular y tanto el gobierno como el Congreso de EU pase a ser dominado por el Partido Republicano.

1. ¿QUÉ DIRÁN AHORA LAS ALTAS CORTES?: dentro de la ronda de diálogos que el Gobierno realizó con todos los sectores que tenían reparos sobre el primer acuerdo con las Farc que fue negado en las urnas el pasado 2 de octubre, una de las consultas más importantes fue la realizada con las altas Cortes. No hay que olvidar que tanto la Suprema de Justicia como el Consejo de Estado expidieron sendos documentos en donde advertían sobre la necesidad de ajustar la jurisdicción especial de paz en temas como la integración con la jurisdicción ordinaria para evitar choques de trenes y conflictos de competencia, el ámbito de la acción de tutela, la afectación del principio de cosa juzgada, los magistrados extranjeros en el Tribunal de Paz, la cuestión presupuestal y otros asuntos de primer nivel. Es claro que en el renegociado acuerdo hubo algunos ecos a esas propuestas de ajuste, sin embargo las altas Cortes, cuyas recomendaciones pueden considerarse ajenas al ambiente de polarización y politización, sólo se pronunciarán cuando conozcan el nuevo texto del acuerdo. Su opinión será clave.
2.  LA POSTURA ORIENTADORA DE LA IGLESIA: para nadie es un secreto que cuando la Iglesia Católica Colombiana llamó a los colombianos a que votaran en conciencia el plebiscito refrendatorio de paz del pasado 2 de octubre y advirtió a toda su jerarquía que no debía tomar partido a favor el Sí o del No, muchos sectores de la opinión pública se sorprendieron porque se pensaba que esa institución religiosa, la más respetada entre las instancias civiles del país, se iba a inclinar abiertamente al respaldo de la negociación de paz, pero contrario a ello pidió a los colombianos inclinarse por un “voto informado y a conciencia” en esta crucial cita a las urnas. Tras el triunfo del No y la polémica en torno a si este había sido impulsado por una presunta ‘ideología de género’ en el acuerdo con las Farc, el Gobierno no sólo se reunió con la cúpula eclesiástica y gestionó que ésta fuera a hablar directamente en la Mesa, sino que también inició una ronda de diálogos con las iglesias cristianas, que inicialmente apoyaban el acuerdo de La Habana pero que luego se dividieron ante el riesgo de que este afectara el concepto de familia. Ahora se espera que la Iglesia y las confesiones cristianas revisen el nuevo acuerdo y digan si se hizo eco a sus reparos. Su opinión será clave.
3.  GREMIOS, JUDICIALIZACIÓN Y PROPIEDAD PRIVADA: cuando se analizó cuáles habían sido los factores principales de la derrota del Sí en las urnas, se concluyó que una de esas circunstancias había sido, efectivamente, que los empresarios no se habían jugado a fondo en el impulso del proceso y que, por el contrario, tenían muchas reservas por temas como la judicialización de miles de ellos en el Tribunal de Paz, la posibilidad de que se afectara el principio de propiedad privada o la misma estabilidad fiscal, por cuenta de las obligaciones económicas que impartía el acuerdo con la guerrilla, Santos se reunió con la cúpula gremial días después del fracaso del plebiscito y analizaron cada una de esas reservas. En su alocución del sábado, el Presidente dijo que todos esos temas se habían ajustado. Ahora lo que se espera es que los gremios revisen el nuevo texto y digan si los correctivos fueron aplicados. La opinión del sector productivo será clave de mandar el mensaje al empresariado de que la JEP no hará “cacería de brujas”. Si esa precaución no se tomó, entonces la opinión negativa de los gremios pesará mucho.
4.  UN AMBIENTE CONGRESO MUY DISTINTO: cuando se votó el pasado 2 de octubre el plebiscito, el escenario político era muy distinto al que hoy impera. De un lado, en ese entonces la elección del Procurador General no se había consolidado, pero ahora ya se sabe que el escogido fue Fernando Carrillo, liberal de cuna y exministro de este gobierno, lo que implicó que el Partido Conservador perdiera esa posición y es sabido que la colectividad culpa a la Casa de Nariño de no haberse movido para evitarlo. A ello se suma, que ahora el Congreso está tramitando la reforma tributaria estructural, que no sólo supone un aumento del IVA del 16 al 19%, sino la creación de impuestos como el monotributo o la ampliación del número de personas que deben declarar renta, entre muchos otros aspectos. Ese proyecto ha tenido un duro impacto en la opinión pública, hasta el punto de que la imagen presidencial bajó, como lo prueba la última encuesta Yanhaas, en donde cayó al 18%. Como se ve, es un escenario político muy distinto y menos positivo para el Gobierno.
5.  SORPRESIVA RESOLUCIÓN DE TEMAS MUY POLÉMICOS: una de las circunstancias que más sorprendió al país sobre el anuncio del sábado en torno a que se había alcanzado un “nuevo acuerdo” de paz en La Habana es que apenas unos días antes las partes habían indicado que la negociación era muy complicada. ¿Cómo es posible, entonces, que en sólo ocho días se haya ajustado un acuerdo cuando los temas que debían corregirse son los mismos que han polarizado y dividido al país en los últimos cuatro años? Las hipótesis ayer iban dirigidas en dos direcciones: la primera, que los ajustes se dieron sobre temas menores y aclaración de dudas de corto alcance, pero que en los asuntos gruesos y de fondo poco se avanzó. Y la segunda, que las Farc entendieron que el ambiente político varió sustancialmente no solo con la elección de Trump, sino con la crisis política del chavismo en Venezuela, la caída de la popularidad de Santos, un Congreso más adverso al Gobierno, el efecto ampliamente impopular de la reforma tributaria. En vista de ello, habría decidido ceder en algunos puntos, como el de elevar al texto del acuerdo al bloque de constitucionalidad, que era uno de los temas más pedidos por los del No. 
6.  ¿SE RECUPERARÁ LA CREDIBILIDAD EN EL PROCESO?: más allá de que ayer se multiplicaron los pronunciamientos de respaldo al que el Gobierno y las Farc calificaron como “nuevo acuerdo” de paz, lo cierto es que en esta ocasión la reacción de la comunidad internacional y de muchos sectores de nuestro país ha sido más cautelosa. No se puede negar que ahora hay una gran dosis de reserva, pues cuando se anunció en La Habana que se había logrado ese primer acuerdo de paz y se dijo que la guerra había terminado, pero después se evidenció que ello no era así, pues el resultado en las urnas echó todo para atrás, para sorpresa de muchos gobiernos, personalidades y sectores que no entendían, de un lado, por qué se firmó algo que no estaba consolidado y, de otra parte, por qué se acudió a las urnas, si la decisión era exclusivamente del Gobierno. Ahora, los respaldos serán más cautelosos, eso es claro, porque no se sabe qué pasará ahora con la refrendación o si en el Congreso, en donde ahora los partidos tendrán más libertad para reformar el acuerdo, se cambiaría aún  más el texto, generando una reacción adversa de las Farc y dejando todo el proceso de nuevo en vilo.

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