Mientras los traumatismos en los servicios judiciales apenas se superan tras 44 días en que el sector estuvo en paro, vuelve el debate sobre la pertinencia del asueto colectivo cuando los trabajadores de la justicia se alistan para irse de vacaciones por un mes en la llamada vacancia judicial.

Y es que a pesar del hundimiento del proyecto de ley en el Congreso que buscaba redistribuir las vacaciones de los funcionarios durante el año para que los ciudadanos no se vieran afectados, la propuesta cuenta tanto con promotores como con contradictores.

Al respecto, el presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, dijo que esto no es posible, debido a que les tocaría a los secretarios de los jueces entrar a realizar los reemplazos con unos sueldos inferiores al cargo a ejecutar.

“Consideramos que el proyecto presenta problemas porque a los que entran a vacaciones colectivas no hay quién los reemplace, porque sus secretarios son obligados a asumir las funciones de juez, pero muchos de estos se niegan porque no se les reconoce su derecho al salario del cargo que van a ejecutar”, afirmó Otálvaro.

Inviabilidad

Adicionalmente, el sindicalista dijo que “se han presentado innumerables problemas en los despachos porque cuando se nombra a alguien de afuera encontramos personas no especializadas. Esto es mucho más problemático en ese sentido”.

Otálvaro señaló que la iniciativa también atenta contra los derechos salariales de los trabajadores “porque con este sistema, las vacaciones que son de 20 días seguidos y cinco días más en Semana Santa, se verían afectadas porque el proyecto solo habla de 15 días continuos”

Por su parte, la presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados, la juez del Circuito de Bogotá María del Pilar Arango, afirmó que aunque está de acuerdo con la iniciativa, por temas de financiación, no es posible.

“Bajo el entendido de que la prestación del servicio sí sería lo mejor que se dieran las vacaciones individuales. Lo que ha pasado es que estas iniciativas no han prosperado por cuestión presupuestal, ya que al concedernos las vacaciones individuales, tendrían que pagar el reemplazo y la Rama nunca ha contado con ese dinero”, manifestó Arango.

El senador ponente de la iniciativa Carlos Enrique Soto, del Partido de La U, afirmó que el proyecto cobra importancia en la actualidad debido a que miles de personas están siendo perjudicadas por esta situación.

“Este proyecto es muy importante porque por ejemplo ahora se cierran los juzgados y quedan los ciudadanos desprotegidos para presentar las tutelas. Lo que aquí estamos buscando es beneficiar a los ciudadanos sin afectar las vacaciones de la Rama Judicial”, declaró el Parlamentario.

Aunque la iniciativa no contó con apoyo en el Congreso, Soto señaló que estudia la posibilidad de volver a presentarla.

“Estudiamos buscar una concertación porque la idea es presentarlo de nuevo pero si tiene una posibilidad de seguir adelante”, indicó.

Sobre los argumentos en contra de la propuesta, el Senador mostró su desacuerdo al decir que así como las vacaciones son un derecho, el buen servicio ciudadano también lo es.

“Una vez que tuve posibilidad de intercambiar opiniones con magistrados del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura. Ellos me argumentaban que no era posible por costos y porque tendrían que conseguir supernumerarios, pero a mí no me parece porque ese es un derecho adquirido que tienen los trabajadores, pero también es un derecho y una obligación que tenemos que prestarle unos muy buenos servicios a la sociedad”, manifestó.

Son cerca de 20 mil funcionarios de la Rama Judicial los que entran en vacancia judicial el próximo 20 de diciembre hasta el 20 de enero. No obstante, los jueces penales municipales y los jueces de control de garantías no pararán labores.