Por omisión en el asesinato de 27 personas en el corregimiento de Chengue, San Onofre, Sucre, el Consejo de Estado ratificó la destitución que a manos de la Procuraduría sufrió el contralmirante de la Armada Rodrigo Alfonso Quiñónez, quien comandaba la Primera Brigada de Infantería de Marina.

La Sección Segunda del alto tribunal no solo rechazó sus pretensiones de restituirlo en el cargo y revocar la inhabilidad de cinco años en el ejercicio de funciones públicas que había sido decretada en su contra, sino que le negó sus exigencias restaurativas, que superaban los 1.600 millones de pesos.

El oficial había sido hallado disciplinariamente responsable de estos hechos, porque a juicio del Ministerio Público, había sido omisivo para atacar a los integrantes de las Autodefensas que protagonizaron la masacre, ocurrida el 17 de enero de 2001.