Para resolver las denuncias que presenten los ciudadanos por presuntos fraudes relacionados con la realización, la difusión o la manipulación de las encuestas, el representante antioqueño Augusto Posada, de La U, está proponiendo crea una comisión consultiva que reciba, analice y de respuesta a las denuncias de forma rápida.

“Lo que queremos hacer es crear una comisión de seguimiento que reciba las denuncias y” las resuelva “rápidamente. Que no se demoren cuatro años, sino que en 15 o 20 días la comisión pueda evaluar las denuncias que se hacen y con base en esas denuncias. Y los resultados serán básicamente actuar y sancionar no solamente a los candidatos, sino a las firmas encuestadoras y a los medios de comunicación que se presten para hacer juego político sucio en las campañas electorales”, dijo el autor de la iniciativa.

Definir y aplicar parámetros específicos de regulación de las encuestas en época electoral es lo que busca el proyecto del representante Posada; en otras palabras, “poner en cintura a las formas encuestadoras, a los candidatos y a los medios de comunicación que tratan de jugar con la opinión pública”.

La iniciativa, que ya fue radicada en la Cámara de Representantes, también busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en medio de los debates que se dan antes y durante los comicios electorales, pero también pretende que se entregue información veraz a la ciudadanía que define su voto a través del ‘voto de opinión’.

“Tenemos estudios y más o menos experiencia que nos indica que entre el siete y el diez por ciento del voto de opinión puede generar una tendencia con base en las encuestas”, explicó el Representante del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

La comisión

Para que sean analizadas las denuncias sobre fraude o manipulación en las encuestas se crearía una Comisión Consultiva que tendría que hacer las investigaciones correspondientes en un corto tiempo y determinar los culpables. El grupo estaría conformado por dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) o sus delgados, dos representantes de las facultades de estadística de dos universidades reconocidas por el Estado, también dos representantes de facultades de sociología y un miembro de asociaciones de periodistas.

Este grupo de personas se tendría que reunir cuando el CNE tenga denuncias de supuestos fraudes o manipulaciones de encuestas que hayan sido publicadas a través de los medios de comunicación. Desde ahí ellos tendrán una semana para emitir su dictamen. La Comisión, a partir de la investigación, tendrá que emitir una sanción a la firma encuestadora, cuyo nombre será exhibido a la opinión pública a través de un comunicado oficial de la entidad.

Y es que la idea de crear este proyecto, según explicó su autor, no nació a la ligera, sino que nació de la necesidad de hacer cumplir algunas leyes que ya se han establecido y además fortalecerlas, como aquella que obliga a las encuestadoras a entregar cierto tipo de información técnica que se utiliza en la realización de las encuestas.

Sin embargo, al realizarse una propuesta por parte del CNE para que se estableciera una regulación para la elaboración y publicación de las encuestas del país, las reacciones de las principales firmas encuestadoras no fueron las esperadas, según dijo el autor de la iniciativa en la exposición de motivos del mismo.

“El gerente de Invamer Gallup, Jorge Londoño, manifestó que “el planteamiento está orientado a restringir la información y las posibilidades de conocer lo que está pasando en materia de elecciones” y agregó que “la actual normatividad está funcionando muy bien y por ende no requiere cambios”. Por su parte, Napoleón Franco, señaló que “enviar los cuestionarios al Consejo Nacional Electoral es algo absurdo y sin sentido”. Por ello pidió que el actual modelo se mantenga vigente en Colombia. Entre tanto, el gerente de Datexco, César Valderrama, dijo que “estos planteamientos rondan en lo absurdo”. Confió en que las sugerencias del Consejo Nacional Electoral se queden con eso, en simples sugerencias. Finalmente, el director del Consejo Nacional de Consultoría, Carlos Lemoine, afirmó que “las encuestas lo único que reflejan es lo que piensan los colombianos”. Agregó que “las encuestas en el país están operando muy bien y que no ameritan cambios sustanciales”.

A cumplir con la Sentencia

El proyecto que ya está radicado en la Comisión Primera de la Cámara, tiene ponencia positiva por parte de sus ponentes y está esperando tener su primer debate para dar cumplimiento a la sentencia C-488 de 1993 de la Corte Constitucional, “la difusión de las encuestas de opinión exige siempre un alto grado de responsabilidad social por parte de los medios de comunicación; de ahí que toda la manipulación de la información sea un atentado directo contra la ética periodística y, jurídicamente, contra el derecho a la información pero protegiendo el derecho a la información veraz”.