Que algunos artículos del Plan Nacional de Desarrollo van en contravía de la autonomía territorial, advirtieron los gobernadores de la Región Central, integrada por Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá.

Los mandatarios afirman que según la Constitución y el Sistema General de Regalías son las entidades territoriales, y no la Nación, las que tienen la potestad de presentar proyectos para ser financiados por el SGR. Sin embargo, el artículo 200 del proyecto del Plan de Desarrollo da vía libre a la Nación para ejercer esta facultad.

Dicho artículo señala que el Gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación, podrá presentar a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión proyectos de impacto regional. “Artículos como este -aseguran los mandatarios- no se corresponden con el esfuerzo que se ha hecho con la creación de la primera región en el país y vulneran la autonomía territorial”.

Agregan que “si bien en el Plan de Desarrollo se habla de la delegación de competencias, no hay mayor especificidad sobre el contenido de las mismas ni una apuesta hacia la descentralización”.

En ese sentido reiteran “nuestra solicitud urgente de que estos temas sean incluidos y aclarados en el PND, en consonancia con los principios constitucionales y la ley, y para bien de la descentralización, de la autonomía territorial y del país. Por su parte, la Región Central, como es su mandato, seguirá trabajando en la articulación de planes y programas para el desarrollo regional”.

En ese sentido, la RAPE solicitó que sea retirado el artículo 200 del Plan, pues “claramente es una intención de centralizar los recursos de regalías”; que aquellos temas que tengan que ver con autonomía territorial sean discutidos y concertados con las entidades territoriales y autoridades regionales como la RAPE.

Así mismo piden que la RAPE sea reconocida en el PND como un esquema de integración territorial, y que pueda trabajar de la mano con el Gobierno central para implementar su Agenda Estratégica de Desarrollo con cinco líneas: sostenibilidad ecosistémica y manejo de riesgos; infraestructura de transporte, logística y servicios públicos; competitividad y proyección internacional; seguridad alimentaria y economía rural; y gobernanza y buen gobierno.

Igualmente piden que para el caso de la RAPE, se permita a las entidades territoriales que la conforman formular, presentar, aprobar y ejecutar de manera conjunta proyectos de impacto regional financiado con regalías.

Finalmente buscan que la RAPE sea incluida en el Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas, definiendo de manera específica aquellas competencias que le podrán ser delegadas, en especial las que tienen que ver con medio ambiente, movilidad, catastro regional y desarrollo rural. Para ello, la Región Central le propone al DNP adelantar una agenda conjunta de trabajo.