La agencia de evaluación financiera Standard & Poor's bajó las calificaciones de nueve bancos españoles, entre ellos Santander y BBVA, así como la de la confederación de cajas de ahorro (CECA), después de haber bajado el jueves dos puntos la nota soberana de España.

En un comunicado, la agencia señaló haber bajado las notas del Santander, su filial Banesto, BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, Kutxabank, Banca Civica, Bankinter y Barclays, y amenazó de hacer lo mismo con otros dos bancos del país, CaixaBank y Bankia.

En particular, las de Santander y de BBVA, los líderes del sector, bajaron dos puntos, la primera de A+ a A- y la segunda de A a BBB+.

El sector bancario español es una de las grandes fuentes de preocupación de los mercados, pues se encuentra debilitado después que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008.

Por otra parte, el Banco (central) de España reveló el viernes que a fines de 2011 el sector acumulaba 184.000 millones de euros de activos inmobiliarios con problemas, es decir el 60% de su cartera global.

Los bancos del país tienen créditos que podrían no ser pagados, así como un total de inmuebles y terrenos confiscados: dichos activos considerados como "problemáticos" - pues de valor incierto - representaban ya 176.000 millones de euros en junio de 2011, y la cifra aumentó ya.

El jueves en la noche, Standard and Poor's había manifestado su preocupación bajando dos puntos la nota soberana de España, de A a BBB+, e indicó el lunes que la degradaciones de las notas de los bancos es la consecuencia directa.

"Advertimos una probabilidad creciente de que el Estado español se vea obligado a entregar un apoyo prespuestario suplementario al sector bancario", explicó, lo que amenazaría el deber de reducción del déficit.

El miércoles, el FMI había llamado a España a ir más lejos en el saneamiento de sus bancos para "remediar las debilidades que persisten", a pesar de una gran reforma del sector financiero.

Las autoridades españoles impusieron al sector bancario una limpieza de una vez por todas de su balance frente a los activos inmobiliarios peligrosos, lo que llevó a los bancos del país a conseguir 53.800 millones de euros de provisiones.