Aunque hay más de una docena de condenados, juicios en curso, cerca de 90 implicados y se iniciaron embargos con fines de extinción de dominio, ante la opinión pública, son tales los tentáculos del desfalco a Bogotá que se pierde la pista. El NUEVO SIGLO presenta a sus lectores un balance sobre la judicialización del “carrusel” de la contratación.
Los que están en juicio y detenidos
• Samuel Moreno Rojas,exalcalde de Bogotá, suspendido por la Procuraduría y privado de la libertad en la Escuela de Caballería, siempre se ha declarado inocente porque supuestamente es una persecución política, es decir que el juicio hasta ahora va en la etapa preparatoria.
Resulta que el 26 de septiembre de 2011, un juez Penal del Circuito con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento, de detención preventiva sin beneficio de excarcelación.
La medida afectó a Moreno Rojas por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. Se tuvo en cuenta las modificaciones a los requisitos de experiencia de los proponentes en los contratos, la reducción del patrimonio, las condiciones de experiencia, los cambios a los pliegos en general, en beneficio de Transvías y posteriormente de Vías de Bogotá SAS.
Mientras Moreno Rojas esperaba el turno para el juicio aplazado en varias oportunidades por los sobrecostos en las obras de la calle 26 por cerca de 195 mil millones de pesos, el pasado 30 de abril, ante la Juez 41 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, los delitos de cohecho propio en concurso con interés indebido en la celebración de contratos por la compra de ambulancias.
Según el expediente Moreno Rojas le pidió al exsecretario de Salud Héctor Zambrano que tuviera confianza en Emilio Tapia, quien debía manejar el dinero.
Zambrano recibió dineros del contrato que buscaba la consecución de ambulancias, dotadas con equipos para atender a la población, contrato en el que se habían puesto de acuerdo el expresidente del Concejo de Bogotá para la época, Hipólito Moreno Gutiérrez y los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez.
• Iván Moreno Rojas,exsenador de la República y hermano de Samuel Moreno. Detenido por orden de la Corte Suprema, destituido por 20 años por la Procuraduría. En marzo pasado finalizó el juicio por ‘carrusel’ y donde el abogado defensor solicitó emitir fallo absolutorio a favor del excongresista del Polo Democrático Alternativo porque no se presentó una sola prueba documental o testimonial que permitiera inferir que utilizó su cargo para presionar la entrega y celebración de contratos viales. Moreno Rojas es procesado por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos en calidad de determinador y concusión.
• Liliana Pardo Gaona,exdirectora del IDU. Inicialmente le dieron casa por cárcel durante cerca de tres años pero como dejó de asistir a cinco audiencias profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario, tras solicitud de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia como presunta responsable del delito de cohecho propio en concurso homogéneo.
De acuerdo al expediente, la exdirectora recibió promesa remuneratoria de funcionarios públicos y de contratistas a cambio de adjudicación de contratos por 7.500 millones de pesos representadas en bienes y efectivo, los cuales habrían sido entregados al excongresista Germán Olano y a Miguel Ángel Moralesrussi, exdirector de la misma entidad, implicado por los mismos hechos.
• Miguel Ángel Moralesrussi,excontralor. Desde que fue privado de la libertad se ha declarado inocente. El principal argumento es que no ejerció sus funciones y a cambio supuestamente recibió dinero por las adjudicaciones irregulares.
Según la investigación hay la posible responsabilidad penal del excontralor por exigir comisiones para favorecer a contratistas de obras. A Moralesrussi se le investiga por su presunta responsabilidad en el delito de concusión.
• José Juan Rodríguez Rico.Exconcejal. Denunciado por estar en complot con la directora del IDU, Liliana Pardo para direccionar las licitaciones pero como el juicio venció los términos fue dejado en libertad el 23 de enero. Ante la presión el 9 de abril pasado fue recapturado para que responda por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos agravado en concurso homogéneo y sucesivo como coautor interviniente.
En el juicio se contará con la participación de por lo menos 17 testigos, se utilizará un total de 13 informes de policía judicial y se tendrá un número aproximado de 120 documentos probatorios.
Entre sus testigos, la Fiscalía tiene al exsubdirector jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Inocencio Meléndez Julio; al igual que Emilio José Tapia, contratista de los Nule y al exalcalde de la Localidad de Antonio Nariño, Manuel Sánchez; entre otros.
• Orlando Parada Díaz,exconcejal. En febrero el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema lo acusó por incurrir presuntamente en los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio, a título de autor y determinador, respectivamente. De acuerdo con la investigación, en 2009 habría usado sus influencias para lograr que Iván Alberto Hernández Daza, entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial de la capital del país lo favoreciera en lo referente a contratos para arreglar la malla vial, así como en el nombramiento de recomendados en cargos de la entidad y la obtención de recursos económicos para financiar su campaña política. Para ello, supuestamente, designó al asesor Manuel Sánchez Castro, persona de su confianza, para que representara sus intereses al interior de la Unidad y obtener beneficios.
• Wilson Duarte Robayo,exconcejal. Asegurado en julio pasado por su presunta participación en las irregularidades cometidas en la contratación de las ambulancias y de la malla vial de la capital del país.
En su decisión, el juez respaldó la petición de la Fiscalía al considerar que violó las normas establecidas como la transparencia y la vigilancia del bien público, pues en su calidad de concejal tenía la facultad de velar por la correcta administración de la ciudad.
• Álvaro Dávila,asesor de los Nule. La Fiscalía lo acusó de ser el presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio dentro del proceso que se adelanta por el desarrollo irregular de obras en la malla vial de Bogotá.
En el juicio se establecerá si actuó con dolo y su proceder lesionó de manera grave las finanzas de Bogotá cuando supuestamente participó en los contratos de la Calle 26 y malla vial porque habría orientado el pliego de condiciones del IDU para favorecer al grupo Nule.
Tapia, de testigo ‘estrella’ a lavado de activos
En los corrillos políticos se decía que Emilio Tapia Aldana, quien se autodenominó en la estructura del ‘carrusel’ como el testaferro del exalcalde Samuel Moreno Rojas y su hermano, Senador Iván Moreno Díaz, era uno de los mayores beneficiados con la justicia porque fue de los primeros que se declaró culpable y dispuesto a delatar con pruebas a sus cómplices.
Entonces Tapia Aldana gozó de libertad debido al valor de las pruebas que presentó, pero el pasado 25 de febrero, el polémico contratista fue capturado junto a su presunto testaferro Jesús David Sierra por el delito de lavado de activos.
Cuando Tapia se hizo visible en un restaurante del exclusivo centro comercial Andino y en un concierto de Carlos Vives donde la boleta valía un millón de pesos, los testimonios de varios contratistas, entre ellos los hermanos Nule y Julio Gómez, permitieron la apertura de la investigación en contra del empresario luego de establecer que tenía un plan para ocultar y comprar bienes usando testaferros.
Además del nuevo delito, la Fiscalía encontró que Tapia Aldana siguió delinquiendo mientras se desempeñaba como colaborador para desenredar el escándalo de corrupción en la ciudad para ganar un preacuerdo y los beneficios judiciales.
Aunque en el momento de la captura el polémico contratista manifestó que la decisión era ilegal porque gozaba de una inmunidad, su abogado dijo “No sabemos qué pretende la Fiscalía. Se le está vulnerando el derecho al debido proceso al señor Emilio Tapia”.
Mientras se legalizaba su captura, agentes del CTI realizaron allanamientos en las propiedades de él y sus familiares en Montería, Valledupar, Córdoba y Bogotá. En días pasados fueron embargados bienes por más de 20.000 millones de pesos.
Para que Tapia Aldana esté puesto tras las rejas, el juez que lo envió a la cárcel La Picota respaldó la petición de la fiscal del caso y consideró que el imputado, quien no aceptó los cargos, ofendió a la ciudadanía, y no se ha logrado la recuperación del dinero de los contratos.
La petición del ente acusador fue respaldada por el representante del Ministerio Público, quien solicitó al juez se le impusiera la medida de aseguramiento de detención intramuros.
Aunque la opinión pública ha estado encima sobre el regreso de los dineros del ‘carrusel’ de la contratación debido a que se dice que ascendió a dos billones de pesos el desfalco, a manera precautelativa la dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ordenó el embargo con fines de extinción de 187 bienes, avaluados en 19.229 millones de pesos de propiedad de un contratista, nueve concejales y ex concejales vinculados a la investigación por el carrusel de la contratación en Bogotá.
Es la primera fase que realiza la Fiscalía en extinción sobre bienes que pueden ser objeto de corrupción de delitos de cuello blanco.
• Emilio Tapia, testaferro de los hermanos Moreno Rojas, 27 embargos con fines de extinción por 19.000 millones de pesos. Preso en la cárcel La Picota.
Embargados y secuestro de propiedades
• Julio César Acosta Acosta, Concejal de Bogotá. 5 inmuebles, 7 vehículos, 2 establecimientos comerciales y 17 productos financieros para un total de 1.200 millones de pesos.
• Orlando Parada Díaz, exconcejal. 8 inmuebles, 8 vehículos, 2 establecimientos comerciales y 5 productos financieros valorados en 5.599 millones de pesos. Preso en la cárcel La Picota.
• Édgar Alfonso Torrado García, exconcejal. 15 inmuebles, 9 vehículos, 6 establecimientos de comercio y 10 productos financieros valorados en 7.000 millones de pesos.
• Jorge Ernesto Salamanca Cortés,exconcejal. 57 inmuebles por 1.900 millones de pesos. Supuestamente tiene acercamientos para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
• Fernando López Gutiérrez, Concejal.4 inmuebles por 800 millones de pesos.
• Ómar Mejía Báez,Concejal. 7 inmuebles por 250 millones de pesos.
• José Fernando Rojas Rodríguez, exconcejal. 3 inmuebles por 180 millones de pesos.
Cursando más de 30 procesos de extinción de dominio contra personas vinculadas al denominado carrusel de la contratación
la Fiscalía hizo un llamado a todas las personas que estén vinculadas al carrusel de la contratación para que no intenten esconder los bienes, puesto que la entidad está trabajando en la ubicación de esos bienes, no solo en cabeza de quienes están siendo investigados sino también de sus núcleos familiares, tanto
• Javier Manuel Palacio Mejía, Concejal. 7 inmuebles por 1.300 millones de pesos.
• Rafael Alberto Escrucería Lorza, exconcejal. 5 inmuebles por 1.000 millones de pesos.en Colombia como en el exterior.
Los 14 grandes condenados
La totalidad de los condenados por el caso del ‘carrusel’ de la contratación prefirió reconocer su participación para lograr los beneficios que otorga la ley. La cruz que llevarán es la muerte política o inhabilidad para contratar con el Estado.
En esta lista que presenta el Diario están ex contratistas, ex funcionarios y ex políticos.
• Miguel NuleVelilla, excontratista detenido porque la Fiscalía le imputó cinco delitos dentro del escándalo del carrusel. Por ahora deberá estar en la cárcel durante 14 años pero en los últimos días anunciaron que colaboran con la justicia. El Grupo Nule -Miguel, Manuel, Guido y Mauricio Galofre- después de estar prófugos regresaron al país en abril de 2011 y desde entonces han estado recluidos donde han negociado y perdido la obtención de beneficios a cambio de la delación de otras personas que participaron.
El 15 de diciembre de 2011 fueron condenados por peculado, uno de los cinco delitos por los que los acusó la Fiscalía. Aunque la sentencia fue de 14 años, sólo pagarían la mitad porque aceptaron el cargo. Otros delitos por los que están acusados los Nule son fraude procesal, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho. Este ingeniero civil en la Universidad de Los Andes creó la empresa MNV para realizar obras públicas y después sumó al negocio a su hermano Manuel, primo Guido y cuñado Galofre.
• Manuel NuleVelilla, excontratista hermano de Miguel, detenido por el escándalo del carrusel y tendría que pagar una condena de 14 años.
• Guido Nule Marino,excontratista condenado a 14 años. Primo de Manuel y Miguel. Es administrador de empresas en la Universidad Javeriana.
• Mauricio Galofre, socio de los primos Nule, detenido por orden de la Fiscalía General por la comisión de cinco posibles delitos. Tiene una pena de 14 años. Se ha convertido en una piedra en el zapato hasta el punto que en abril del año pasado se fue a golpes con sus socios.
• Héctor Zambrano Rodríguez tendrá que pagar 13 años de cárcel por su participación en el contrato por 69 mil millones de pesos para el servicio de ambulancias cuando se desempeñó como Secretario Distrital de Salad. En principio se declaró inocente pero después llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Debido a que conoce la administración pública como su palma de la mano, con el paso del tiempo se convirtió en el testigo estrella del carrusel.
• Héctor Julio Gómez González obraba como contratista e inició las llamadas “comisiones de éxito”. El arquitecto y contratista de los Nule fue condenado a 10 años y 29 días de prisión como responsable de participar en el ‘carrusel’ y pagar una multa de 4.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para las autoridades el contratista actuó en coparticipación criminal, ya que su propósito era el de apropiarse de la totalidad de la contratación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Gómez González fue sentenciado como responsable de los delitos de peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio también en concurso homogéneo y sucesivo.
El arquitecto Gómez González lesionó el bien jurídico de la administración pública en la adjudicación de los contratos de la troncal Calle 26 porque se benefició de una suma millonaria, señala el expediente.
Para la fiscalía obró en coautoría con el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, su hermano Iván Moreno, la exdirectora del IDU, Liliana Pardo y otros funcionarios, que habían aceptado el beneficio del 8 por ciento para quienes participaban en los contratos de la malla vial de la capital del país.
Con su actuación Julio Gómez colaboró para que las empresas de los Nule salieran favorecidas con el contrato de obra e interventoría. Ahora, el controvertido arquitecto y excontratista deberá prender el ventilador sobre los negocios que se hicieron defraudando al fisco de la ciudad, principalmente como testigo de los hechos.
• Manuel Sánchez Castro,en noviembre de 2013 negoció con la Fiscalía convertirse en testigo ‘estrella’ del proceso. Este abogado, excónsul, alcalde local, edil y aspirante a Personero está a la espera de la condena después que se acogió al principio de oportunidad.
De acuerdo a las declaraciones en el proceso, Sánchez Castro fue contratista estrella en el Distrito Capital y fue uno de los que financió la primera vuelta de la consulta interna del Polo Democrático Alternativo donde Samuel Moreno Rojas le ganó a María Emma Mejía.
Después que Moreno Rojas casi dobla en votación a Enrique Peñalosa Londoño, los lobistas Álvaro Dávila, Emilio Tapia entre otros, sacaron del ‘ponqué’ de la contratación a Sánchez Castro hasta el punto que perdió con Francisco Rojas Birry, hoy preso por su participación en el ‘carrusel’, para ocupar el cargo de Personero de Bogotá.
Como Sánchez Castro tenía conocimiento de los movimientos del ‘carrusel’ comenzó una ‘guerra’ jurídica contra la administración Moreno Rojas hasta el punto que el senador Iván Moreno lo citó en Miami para limar asperezas con promesas de jugosas licitaciones. Nunca le cumplieron porque el escándalo sobrepasó fronteras.
• Inocencio Meléndez Julio,exdirector técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y doctor en derecho administrativo. Fue condenado a siete años y seis meses de prisión luego de aceptar la responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
Meléndez Julio fue el primer condenado por carrusel y por ende, en el acuerdo que llegó con la Fiscalía, entregó pruebas que hoy tiene tras las rejas a más de una docena de personajes.
El mes pasado, después de permanecer tres años privado de la libertad y pagar una multa de 12 millones de pesos, el exfuncionario regresó a casa en donde cumplirá el resto de su sentencia.
Entre tanto, el exdirector técnico, entre los testimonios que deberá rendir es contra el exconcejal de Bogotá José Juan Rodríguez Rico ya que demostró un contubernio con la exdirectora del IDU, Liliana Pardo Gaona.
• Germán Olano Becerra, exrepresentante a la Cámara por Bogotá, quien purga una pena de 12 años ya que aceptó su participación en el ‘carrusel’.
La copa se llenó. Había mucho rumor sobre un ‘carrusel’ en la administración Moreno Rojas, pero el 25 de junio, cuando Caracol Radio reveló en exclusiva una grabación donde se escucha al excongresista Olano Becerra del Partido Liberal pidiendo 6 por ciento para el hermano del alcalde Mayor de Bogotá y dos por ciento para el Contralor Miguel Ángel Moralesrussi y al empresario Miguel Nule, quien manejaba gran parte de la contratación en la ciudad.
A los pocos días, la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia anunciaron investigaciones para establecer la responsabilidad del Contralor Miguel Ángel Moralesrussi y del excongresista Germán Olano en la presunta negociación de comisiones con contratistas.
• Hipólito Moreno, expresidente del Concejo de Bogotá, quien fue condenado a 6 años por interés indebido, reconoció el error y pidió perdón a la sociedad. La determinación fue apelada.
El mes pasado fue cobijado con el beneficio de prórroga al principio de oportunidad, luego de la decisión de un juez de control de garantías porque es un testigo clave en el proceso de investigación que se adelanta sobre el desfalco a la ciudad.
Hace cuatro años, en abril de 2010 el empresario Manuel Nule lo denunció por haber pedido comisiones a nombre del Alcalde y afirmó que sostuvieron una reunión cuyo fin era buscar agilizar los giros en un contrato de vías en el Distrito con el consorcio ACC para pagar con ese dinero una serie de comisiones. En octubre de ese año la Fiscalía General lo citó para rendir interrogatorio sobre el tema.
En octubre de 2012 el contratista Emilio Tapia, involucrado en el cartel de la contratación, afirmó que Moreno obtuvo una ‘mordida’ del 9 por ciento en el contrato para proveer ambulancias al Distrito, equivalente a unos 6 mil millones de pesos, negocio que aceptó el exconcejal.
En mayo pasado aceptó haber hecho parte del cartel y haberse quedado con un porcentaje de los 67 mil millones de pesos del contrato para ambulancias que entregó el Distrito durante la Administración de Samuel Moreno. Afirmó que también se beneficiaron Emilio Tapia, Federico Gaviria y el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano. Hoy Moreno Gutiérrez es testigo clave en el ‘carrusel’.
• Andrés Camacho Casado, exconcejal de Bogotá, quien fué condenado a 40 meses inicialmente, esta semana un juez aumentó la peña a cinco años para que los cumpla privado de la libertad. La pena es por su participación en los hechos de corrupción por los delitos de tráfico de influencias en servidor público y cohecho propio.
En el pliego de cargos al exconcejal Camacho Casado se estableció que se habría validado de su condición para influir ante Samuel Moreno Rojas, alcalde de Bogotá para nombrar a Iván Hernández Daza como director de la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. El 26 de marzo de 2009 tomó posesión.
El investigado reconoció además que influyó sobre Hernández Daza para que este nombrara las personas por él recomendadas para los cargos en dicha entidad, así como para favorecer a contratistas en las licitaciones públicas, como aquellas en las que estuvieron interesados los señores Emilio Tapia y Julio Gómez.
Estos hechos fueron aceptados por Camacho Casado ante las autoridades judiciales como el delito de cohecho impropio en calidad de determinador, al recibir de manos de Hernández Daza 300 millones de pesos como contraprestación por haberle sido adjudicada una licitación.
Hasta la fecha y después de seis días que la Fiscalía le imputó cargos, no se ha presentado ante la justicia.
• Federico Gaviria Velázquez, excontratista. Estructuró el negocio de los 67.203 millones de pesos para la prestación del servicio de ambulancias.
De acuerdo al proceso, el implicado hizo diferentes reuniones con Héctor Zambrano Rodríguez, Emilio Tapia Aldana e Hipólito Moreno, entre el 27 de mayo de 2009, fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones y el 30 de septiembre cuando se suscribió el contrato, se pusieron de acuerdo para otorgarlo irregularmente.
En este sentido un juez, por petición del fiscal 28 de la Unidad Anticorrupción, aprobó un principio de oportunidad en favor de Gaviria Velásquez, quien participó como contratista en el proceso que permitió las irregularidades en las ambulancias.
Además que Gaviria Velásquez fue quien realizó los documentos del contrato 1229 de abril de 2009 entre la Secretaría de Salud y la Unión Temporal de Transporte Ambulatorio de Bogotá para quedarse con un 9 por ciento, se comprometió a servir como testigo en los procesos que se adelantan por esos hechos.
• Iván Hernández Daza. El exdirector de la Unidad Administrativa de Mantenimiento Vial fue condenado a 16 meses de prisión y 20 salarios mínimos como multa debido a que ahora colaborará con la justicia. La Fiscalía le imputó el delito de cohecho impropio como presunto responsable del delito de cohecho impropio dentro del proceso por el denominado carrusel de contratos en Bogotá.
Los hechos jurídicamente relevantes se registraron en el lapso comprendido entre julio de 2009 y junio de 2010, cuando Hernández Daza, siendo funcionario, habría recibido dinero de empresas contratistas para beneficio propio y de concejales de la ciudad.
Se hizo un pacto entre los concejales Andrés Camacho Casado, Orlando Parada e Hipólito Moreno para burocratizar la entidad y ponerla al servicio del crimen, indica el expediente.
Hernández Daza fue nombrado por el exalcalde Samuel Moreno Rojas y habría recibido el dinero para los tres concejales mediante recibos tramitados por la firma contratista Empresa de la Patria que a la vez se sirvió de varias adjudicaciones de contratos.
• Francisco Rojas Birry,expersonero. Fue privado de la libertad por hacer recibido 200 millones de pesos de captadora ilegal DMG y condenado a 8 años de prisión. En la cárcel La Picota fue involucrado en el escándalo de las ambulancias y aceptó su participación. Hoy está a la espera del juicio.