Una serie de medidas para intensificar la lucha contra la corrupción fue adoptada ayer durante la primera reunión este año de la Comisión Nacional de Moralización, encabezada por el presidente Juan Manuel Santos. Una de las más relevantes es que se presentará en marzo próximo al Congreso un proyecto de ley que reforma el régimen de contratación pública.
Sobre el particular, el secretario de Transparencia de Presidencia de la República, Camilo Alberto Enciso Vanegas, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “eso reforma las normas vigentes en materia de contratación pública, básicamente la Ley 80, y a lo que se le está apuntando en este caso es a construir un régimen de contratación pública cimentado sobre los siguientes principios: primero, promover que en la mayor cantidad de licitaciones públicas o procesos contractuales haya pluralidad de oferentes. Desafortunadamente en la inmensa mayoría de los procesos de contratación pública en Colombia, hay un único oferente. Queremos revertir ese hecho dramático”.
En segundo lugar, dijo el Secretario de Transparencia, “estamos impulsando una iniciativa que busca obligar a las entidades contratantes a utilizar los pliegos estándar en materia de contratación pública, siempre que ello sea posible, para evitar el direccionamiento de contratos. Y adicionalmente, todo esto está teniendo en cuenta también la necesidad de mejorar la eficiencia en el proceso de contratación para evitar que la compra de una impresora en un municipio se tenga que demorar 3 o 4 meses, que es lo que desafortunadamente muchas veces ocurre”.
Igualmente, explicó Enciso, “el Presidente (Santos) tomó la decisión de asignarle a la Superintendencia de Economía Solidaria la vigilancia sobre las cooperativas y las fundaciones que contratan con el Estado, precisamente para mejorar la vigilancia de la ejecución de los recursos públicos de esas entidades que estaban por fuera de la órbita de control de entidades de vigilancia y control verdaderamente serias”.
También en la reunión se hizo mención a la redacción y puesta en marcha del segundo plan de acción de la alianza por el gobierno abierto. Esta es una iniciativa que impulsa la Secretaría de Transparencia, que ha sido construida en equipo con diferentes organizaciones de la sociedad civil y con 17 entidades públicas, una del orden territorial, con el Consejo de Estado y 15 entidades de la rama ejecutiva del orden nacional.
“Ese plan de acción debe ejecutarse a lo largo de los próximos dos años e incluye obligaciones muy importantes en materia de transparencia de acceso a la información pública en diferentes sectores del Estado para garantizar el mejor acceso a la información que tienen los ciudadanos”, explicó el Secretario de Transparencia.
Añadió que se trata de un paquete de medidas “que busca atacar la corrupción en sus diferentes ámbitos: en el ámbito de la contratación pública, en el ámbito territorial, en el ámbito empresarial. Digamos que le estamos ganando terreno a la corrupción, por supuesto falta mucho por hacer, pero la idea es ganarle terreno a la corrupción, cerrar los aspectos más problemáticos”.
Sanciona Ley
En el marco de la primera reunión este año de la Comisión Nacional de Moralización, el presidente Santos sancionó la Ley de lucha contra el soborno transnacional.
La principal novedad de la Ley es que las empresas podrán ser sancionadas con multas multimillonarias por sobornos pagados en Colombia y en el extranjero. Esta Ley faculta a la Superintendencia de Sociedades para imponer sanciones por hasta 130.000 millones de pesos (cerca de 40 millones de dólares) a las empresas que pagan sobornos, y puede llegar a inhabilitarlas para contratar con el Estado por un término de 20 años, así como prohibirles recibir incentivos de cualquier tipo.
Además, la Ley establece factores de mitigación de la sanción económica en aquellos casos en que las empresas demuestren que habían adoptado programas de cumplimiento para prevenir, detectar y denunciar la corrupción. Asimismo, la ley promueve y facilita la colaboración efectiva durante las investigaciones entre la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía y le da nuevas herramientas de investigación a la Superintendencia.
El secretario de Transparencia Enciso dijo que “gracias a la expedición de la Ley, tenemos prácticamente asegurado el visto bueno a Colombia por parte del Grupo Antisoborno de la OCDE en marzo de este año, al haber cumplido con los estándares regulatorios establecidos por las convenciones internacionales que se ocupan de la materia”.