El Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca generar medidas orientadas a mejorar las condiciones del sistema penitenciario, hacer un uso racional de la prisión y fortalecer las instituciones encargadas de formular e implementar la política criminal.

El jefe de la Cartera fue enfático en señalar que la iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo de Política Criminal, compuesto, entre otras entidades, por la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, órgano este último que velará para garantizar la judicialización de conductas y reducir la impunidad. Gil Botero señaló que esta propuesta no incluye ningún tipo de excarcelaciones masivas.

Este proyecto de ley se diseñó basándose en ejes puntuales: está orientado a la revisión del Código Penal para tomar decisiones de descriminalización, reducción o modificación de las penas; propone medidas alternativas a la prisión a algunos delitos que no sean considerados como graves; modifica el régimen de exclusiones a subrogados penales con el fin de racionalizar los beneficios penitenciarios; busca el fortalecimiento de enfoques diferenciales y regímenes especiales de reclusión para mujeres en condiciones de marginalidad y para miembros de la fuerza pública. Respecto a este último punto, se espera que el Ministerio de Defensa cuente con establecimientos propios que cumplan con los estándares de dicho régimen penitenciario.

Por último, se insiste en la territorialización de la política penitenciaria para departamentos, distritos y municipios, tema que hace referencia a la construcción de cárceles que puedan albergar a personas en condición de sindicadas con el fin de que no pierdan su arraigo territorial.

Algunas de las alternativas a la prisión que solo los jueces -de forma discrecional- podrán establecer teniendo en cuenta el comportamiento del interno durante su periodo de privación de la libertad son: prisión domiciliaria, libertad condicional, suspensión de la ejecución de la pena y reclusión domiciliaria y hospitalaria por enfermedad.

El Ministro también dio a conocer algunas de las despenalizaciones y descriminalizaciones que podrían ser eliminadas del Código Penal, al ser consideradas conductas punibles que podrían estar reguladas por otro sector del derecho. Algunas son: violación a la libertad religiosa, disparo al aire, ejercicio arbitrario de la custodia de menores de edad y violación de habitación ajena y en lugar de trabajo. Y dentro de las conductas que podrían ser descriminalizadas están: inducción a la prostitución en mayores de edad, violación en el lugar de trabajo hecha por particulares, enajenación ilegal de medicamentos e inasistencia alimentaria.

Respecto a esta última conducta, el alto funcionario aseguró que este proyecto no va a desamparar a los niños, sino que busca que por medio de otras jurisdicciones se impongan sanciones a quienes incumplan.

La iniciativa incorpora una serie de delitos creados a través de leyes ordinarias pero que se encontraban dispersos en la legislación, como tráfico de órganos, fraude en el registro de tierras y fraude en el registro de víctimas, entre otros.

Con este proyecto, el Ministerio de Justicia y los demás miembros del Consejo Superior de Política Criminal (Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Departamento Nacional de Planeación, Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y Ministerio de Educación) buscan construir una política criminal coherente, eficaz y eficiente. Se espera que durante los próximos días avance su discusión en el Congreso de la República.

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