Al inicio de un periodo constitucional se han radicado 11 proyectos de acto legislativo en el Senado de la República que buscan introducir nuevas modificaciones a la Carta Política de Colombia.

El senador del Partido de La U, Jimmy Chamorro, presentó cuatro iniciativas relacionadas con hacer el derecho al voto como un acto obligatorio, ampliar el periodo presidencial a seis años, eliminar la reelección y exigir una votación que supere las tres cuartas partes de los miembros de cada Cámara cuando se pretenda reformar la Constitución Política en lo que respecta a estos temas.

Así mismo consagrar que el segundo periodo legislativo de las sesiones ordinarias del Congreso no comience el 16 de marzo sino el 20 de enero de cada año, y finalmente que se prohíba igualmente la reelección del Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo.

En este caso el proyecto de Chamorro busca que la Carta Política de forma taxativa prohíba la reelección del procurador general de la nación, pues el texto constitucional lo indica expresamente para el caso del contralor general de la República y el defensor del pueblo.

Por otra parte el senador conservador Eduardo Enríquez Maya radicó dos iniciativas, la primera en donde el Presidente de la República será elegido para un período de cinco años, sin derecho a reelección, y el segundo que modifica la integración del Senado y Cámara de Representantes, donde el candidato que siguió en votos de las elecciones de Presidente, Vicepresidente, Gobernadores y alcaldes municipales tenga asiento en los cuerpos colegiados.

Mientras que el senador boyacense Jorge Hernando Pedraza, del Partido Conservador, presentó un proyecto que busca establecer el acceso a banda ancha en internet como derecho fundamental, al igual que las demás iniciativas serán tramitadas por la Comisión Primera Constitucional.

Los senadores del Partido Centro Democrático pusieron a consideración del Congreso dos iniciativas; la primera pretende crear un Tribunal Nacional pro tempore para la Fuerza Pública, "que sesionará durante doce años y tendrá como función principal revisar, en única instancia, las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios contra los miembros de la Fuerza Pública, por eventuales delitos cometidos en servicio activo y con ocasión del mismo, a partir del 1º de enero de 1980".

El segundo proyecto radicado por la colectividad uribista busca que los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, sean conocidos por unas cortes marciales o tribunales militares, que estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

Y finalmente a la fecha, el último proyecto radicado es el presentado por el senador Mauricio Lizcano en compañía de varios senadores del partido de La U, que busca que el partido que tenga curules pertenecientes a personas que se encuentren inmersas en investigaciones penales por delitos contra los mecanismos de participación democrática o contra la administración pública y que se les haya dictado medida de aseguramiento, pierdan su curul definitivamente, así mismo el partido que haya otorgado aval al implicado perderá su derecho a presentar candidato para la respectiva curul en las próximas elecciones.

Antecedentes

De los 1.675 proyectos presentados a consideración del anterior Congreso, 2010 y 2014, 117 fueron Proyectos de Acto Legislativo, es decir, proyectos que pretendían modificar la Constitución Nacional, señala Congreso Visible.

Los autores de la mayor parte de las iniciativas fueron los propios congresistas y de esas propuestas, fueron aprobadas cuatro (curul adicional para los colombianos en el exterior, marco jurídico para la paz y acción penal ciudadana. El fuero militar fue declarado inexequible).

Al Gobierno nacional le fueron aprobados 3 de sus proyectos (la reforma a las regalías, la sostenibilidad fiscal y la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión, mientras fueron declarados inexequibles los proyectos relacionados con la pérdida de investidura y con los funcionarios provisionales y la reforma a la justicia se archivó. Las iniciativas de reformas constitucionales que presentaron el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral no fueron aprobadas, explica Congreso Visible.