Podría ser abordado la próxima semana en plenaria de Cámara.

Reglamentar la vinculación de los estudiantes en calidad de pasantes o practicantes a las entidades públicas y privadas, es el propósito de un proyecto que espera segundo debate en la plenaria de la Cámara.
Para el representante boyacense Carlos Andrés Amaya, del Partido Verde, autor y ponente de la iniciativa, es fundamental que el estudiante esté vinculado al Sistema de Seguridad Social, desarrolle su práctica en el área afín a su formación académica y reciba una compensación económica justa que evite su deserción durante el proceso.
Lo de la ubicación de los estudiantes en las áreas organizacionales que permitan la aplicación de los conocimientos propios de su formación académica parece obvio, pero se incluyó para garantizar que al finalizar el término de la pasantía la entidad certifique el tiempo de servicios para que cuente como experiencia laboral, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Primer Empleo.
Se trata del proyecto de Ley 185 de 2011 Cámara, “por el cual se regulan las pasantías, empresariales y jurídicas de los estudiantes de educación superior, y se dictan otras disposiciones”.
La iniciativa, según Amaya, al garantizar las condiciones de trabajador normal, el estudiante podrá culminar su práctica al tener recursos para su manutención y la empresa vinculante se beneficiará de su excelente desempeño laboral.
A raíz de una serie de conceptos emitidos por los ministerios de Educación, Interior, Justicia y Hacienda, así como del Departamento Administrativo de la Función Pública, fueron introducidas algunas modificaciones en la ponencia para segundo debate, por parte de Amaya y el grupo de ponentes, integrado por Luis Guillermo Barrera y José Edilberto Caicedo, del Partido Social de Unidad Nacional (La U); Carlos Julio Bonilla, del Partido Liberal; y Diego Alberto Naranjo, del Partido Conservador.
Las modificaciones precisan los términos de lo aprobado por la Comisión Sexta de la Cámara que, “como eje principal para frenar y erradicar las malas prácticas existentes” en torno a la relación “entre el sector educativo y el sector económico, se dicta que toda entidad pública o privada pagará una compensación por concepto de pasantías o prácticas empresariales a estudiantes de educación superior de los niveles técnico, tecnológico y profesional, cuando estas se consideren como requisito previo para la obtención del respectivo título”.
En la exposición de motivos, los ponentes precisan que la obligación de afiliar el pasante o practicante “al Sistema de Seguridad Social, esto es Salud y ARP, estando en cualquiera de las modalidades de pasantía o práctica empresarial”, es “un beneficio en doble vía, ya que los estudiantes al vincularse a un ambiente laborar están expuestos a los riesgos propios del oficio, y en caso de una eventualidad el estudiante contará con las garantías propias del Sistema de Seguridad Social, además que se evitarán eventuales conflictos laborales para establecer responsabilidades”.
Conforme a esta consideración, la iniciativa prevé que cuando los estudiantes “realicen su pasantía o práctica empresarial ad honorem en instituciones y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro”, aunque no haya remuneración para el pasante o practicante, de todas formas la “institución u organización no gubernamental sin ánimo de lucro” asumirá “plenamente” los pagos correspondientes a la Seguridad Social, “con el fin de garantizar que todo estudiante que esté bajo la modalidad de pasante o practicante esté cubierto por el Sistema”.
El proyecto también precisa que “todas las entidades públicas en sus diferentes órdenes y niveles”, así como las “empresas privadas” deberán “tener un pasante o practicante de cualquier nivel de educación superior como mínimo por cada 10 empleados de su nómina”.