El magistrado lanzó varias críticas al proyecto radicado por el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Por Luis Augusto Aponte Tinoco
Periodista de EL NUEVO SIGLO
EL PROYECTO de reforma a la justicia radicado en el Congreso por el Consejo de Estado, pretende convertir a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en una oficina de control interno de ese alto Tribunal, al quitarle la función jurisdiccional de investigar a los funcionarios judiciales.
Así lo dijo el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, quien habló con EL NUEVO SIGLO de las propuestas tanto del Consejo de Estado como del Gobierno para reformar la justicia.
EL NUEVO SIGLO: ¿No fue del todo del agrado del Consejo Superior de la Judicatura, el proyecto de reforma judicial radicado por el Consejo de Estado?
ANGELINO LIZCANO: En términos generales a mi no me gusta el proyecto, aunque hay algunas cosas que se pueden rescatar, que es el querer conseguir para la Rama Judicial una partida importante y constante, lo que le daría independencia a la Rama. Sin embargo, en cuanto a las posturas que tienen frente a la Judicatura y específicamente en su Sala Administrativa se van al otro extremo, les quitan la categoría de magistrados y la cambiarían por seis directores de libre nombramiento. Yo creo que estas personas que van a estar allí, necesitan algo de estabilidad para que puedan proyectar económica y financieramente los asuntos de la Rama Judicial.
En cuanto a la Sala Disciplinaria, ellos tienen tres posturas, primero que siga como está, pero proponen dos cambios fundamentales, que se nos quite la función jurisdiccional y se rebaje a meros actos administrativos. La diferencia es que si es función jurisdiccional, nosotros haciendo un disciplinario a un funcionario judicial, en la parte final dictamos una sentencia que será cosa juzgada, por lo que no tiene que someterse a otra jurisdicción. Sin embargo, lo que pretende el Consejo de Estado, es bajarnos la categoría a actos administrativos, para que luego que nosotros dictemos el fallo correspondiente, la gente pueda recurrir al Consejo de Estado vía nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, de fondo lo que quieren es ser la Corte de cierre en los asuntos disciplinarios de toda la Rama Judicial. Lo que persiguen allí es prácticamente convertir la jurisdicción disciplinaria en una mera oficina de control interno del Consejo de Estado.
ENS: Sin embargo, las críticas que siempre se han hecho contra la Sala Disciplinaria es esa función jurisdiccional, que ha provocado varios choques judiciales, ¿qué opina?
AL: La función jurisdiccional que nosotros tenemos es para disciplinar a los funcionarios judiciales, y como jueces de la República, ordenado por la misma Constitución en el artículo 86 y 116, tenemos que asumir la competencia de las tutelas, de acuerdo a las normas vigentes. El otro tema, es lo que popularmente se ha denominado choque de trenes. Nosotros nunca hemos asumido competencias de tutelas para revisar sentencias de altas Cortes porque queramos abrogarnos facultades que las normas no nos han dado. No obstante, eventualmente lo hemos hecho porque el decreto 1382 del 2000 instruye que se puede colocar tutelas contra sentencias de altas Cortes y lo hará en la misma Corte. Posteriormente a ello, en algunos casos estas Cortes no han admitido esas tutelas y han proferido autos de rechazo al trámite de las mismas. En estos casos, la Corte Constitucional, en providencias de sala plena, ha ordenado que cuando exista un auto de rechazo por las altas Cortes, el ciudadano queda habilitado para ir ante cualquier operador judicial a reclamar acceso a la justicia, y eventualmente cuando llegan acá, es una obligación de orden jurídico darle el trámite a esas tutelas, o de lo contrario, estaríamos prevaricando.
Sin embargo, como está el proyecto, el tema queda solucionado totalmente. Pero el tema no es con nosotros, la real confrontación es del Consejo de Estado y la Corte Suprema con la Corte Constitucional, porque ellos lo que pretenden es que no le revisen vía tutela sus providencias.
ENS: En su opinión, ¿la Corte Constitucional sí debe revisar vía tutela las sentencias de altas Cortes?
AL: Mi opinión personal es que este tema de derechos fundamentales se tienen que proteger hasta en las máximas instancias. Pero la mecánica para hacerlo la debemos estudiar en los diferentes escenarios de reforma a la justicia, para poder sacar la mejor fórmula que evite posibles enfrentamientos y que se establezca un sano equilibrio de poderes.
ENS: ¿El proyecto de reforma judicial que radicó el Consejo de Estado, debió haberse concertado con las otras Cortes?
AL: Por supuesto. El doctor Fajardo, presidente del Consejo de Estado, anunció en una reunión de la mesa de la justicia, que ellos tenían la competencia de presentar actos legislativos al Congreso de la República, y que por lo tanto, estaban estudiando esa posibilidad. Al escuchar esas expresiones, le solicité muy respetuosamente en muchas oportunidades que nos permitiera trabajar en equipo para auscultar la posibilidad de concertar temas como Rama Judicial, para llevar al Congreso posturas unificadas como Rama. El suscrito insistió mucho, pero mis palabras no fueron escuchadas y por eso tocó ahora tratar de hacer la concertación en el Congreso.
ENS: ¿Qué opina de las nuevas facultades judiciales que se le dieron al Ministerio de Justicia?
AL: Toca revisarlas muy bien, la verdad no las hemos estudiado a fondo.
ENS: ¿No le parece inequitativo que mientras algunas entidades del Estado reciben buen porcentaje del presupuesto de la Nación, la justicia no?
AL: Yo le hallo la razón al Gobierno en un punto, en que las arcas del tesoro público están en problemas, y los que manejan el presupuesto de todo el país tienen que hacer las veces de buen padre de familia para que alcance a todos sus hijos. Pero quiero llamar la atención para que no descuiden los problemas que tiene la justicia, porque el soporte de una democracia es precisamente la Rama Judicial. El ministro dijo que no todo es plata, y en eso también estoy de acuerdo, porque faltan muchos mecanismos judiciales y aún hay otras estrategias de orden legislativo que se pueden hacer para descongestionar la Rama Judicial y ayudar a garantizar un acceso verdadero ágil, transparente a todos los ciudadanos. Sin embargo, el dinero si es vital, porque qué sacamos con que el Congreso apruebe medidas, por ejemplo, acaba de aprobar el estatuto anticorrupción, de igual manera, también aprobaron el nuevo código de lo Contencioso Administrativo, y si no hay dinero para desarrollarlos, van a quedar como letra muerta. Entonces dinero sí necesitamos, ahí están los balances, para este año estamos ejecutando el presupuesto que se nos dio por ley de la República, el equivalente a dos billones cien mil millones y se solicitó para el año entrante, con soportes al Gobierno y a las autoridades económicas, aproximadamente cuatro billones cien mil millones, y sólo nos aumentaron, en el proyecto que presentó el ministro de Hacienda, en 24 mil millones.
ENS: Frente al tema de las casas de justicia, se ha criticado que no ofrecen una oferta completa de justicia al no integrar a los jueces de la república, ¿qué responde?
AL: Ese tema de las casas de justicia es una facultad que tiene la Sala Administrativa de ponerlas a funcionar, regularlas y medirles la efectividad frente a las necesidades de la ciudadanía para buscar un acceso a la justicia en forma real y concreta. En este momento se están recibiendo todas las críticas para ajustar los diferentes programas, porque aquí lo que se requiere, especialmente en el caso de la Sala Administrativa del Consejo Superior, es garantizar el mejor acceso a la justicia a todos los ciudadanos.
ENS: ¿El tema de la reforma judicial ha generado algún distanciamiento entre el Gobierno y las Cortes?
AL: Distanciamiento ni institucionales ni personales los hay, lo que hay son puntos de vista diferentes de orden académico frente a los diferentes puntos del proyecto de reforma judicial.
ENS: ¿El Consejo Superior de la Judicatura necesita una reingeniería?
AL: Primero debo decir que el Consejo Superior de la Judicatura no se debe eliminar, porque dicha corporación significa tres pilares que hacen parte de la autonomía e independencia judicial en cualquier democracia del mundo, que es el gobierno de la Rama Judicial, la administración judicial y la disciplina de la Rama. Esto no es un invento del Constituyente, los consejos superiores de la judicatura nacieron después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, Italia, Turquía, entre otros países, y hoy existe en la mayoría de naciones que tienen democracias funcionando, y precisamente nacieron para darles independencia a los jueces. Antes de los consejos superiores de la judicatura, los jueces dependían del Ejecutivo, por lo que no tenían ni autonomía, ni independencia, frente a las decisiones judiciales de las otras ramas del poder público. La disciplina de los funcionarios judiciales es esencial, pero tiene que ejercerla un órgano de la misma Rama Judicial independiente de la misma, para que no hayan interferencias en la administración de justicia.
De otro lado, nunca hemos dicho que no se debe reformar, al contrario, todas las instituciones del Estado están llamadas para que se le hagan ajustes permanentes, para adecuarlas a las nuevas necesidades de la ciudadanía. Nosotros estamos abiertos a escuchar las diferentes críticas de la ciudadanía, de las organizaciones, para analizarlas y mirar las mejores posturas y así impulsarlas si es necesario. Lo que pasa es que las propuestas que hay hasta ahora no nos han convencido, porque la única que nos convence es la que nos garantice que con esa propuesta se les daría a cada uno de los ciudadanos, un acceso a la justicia, eficaz, oportuna y transparente, y por el otro lado, que no se viole el equilibrio de poderes que tiene que tener una democracia.
ENS: Varias veces se ha insistido en la necesidad de una reforma a la manera en que se eligen los magistrados de la Sala Disciplinaria, porque estaría politizada, ¿qué opina?
AL: Es un debate que está abierto, pero hasta ahora las propuestas que hay, es que no los elija el Congreso de terna del Presidente (de la República), sino los elijan las mismas Cortes. Con esto no estoy de acuerdo, porque del seno de la Rama Judicial no pueden salir los magistrados que van a disciplinar a los mismos funcionarios de la Rama, por eso creo que el Constituyente creó la fórmula perfecta, que fueran de las otras dos ramas del poder público. Si a nosotros nos critican porque el Congreso nos elige, también debería abrirse el debate frente a los otros altos funcionarios que elige el Congreso, porque si vetan al Congreso para que elija a los magistrados de esta sala, pues tendría que ser el mismo veto para la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, del Procurador General, del Contralor y del Defensor del Pueblo.
ENS: ¿Está de acuerdo con que se le den facultades judiciales a notarios y abogados?
AL: Ese es un tema muy complejo. El Gobierno lo que ha propuesto es que se haga en forma transitoria para evacuar el retraso histórico que tiene la Rama Judicial, y nosotros, creo que en eso estamos de acuerdo todas las cortes, es que se hagan los esfuerzos económicos para darle la plata a la justicia, y aquí mismo nombramos los jueces que se necesiten para evacuar ese retraso. Nosotros tenemos la escuela judicial Lara Bonilla, que es una entidad académica de la Rama Judicial, una de las mejores de Latinoamérica.
ENS: ¿Qué opina de la creación de las escuelas de abogados para que disciplinen a los mismos abogados?
AL: Este tema hay que abordarlo con la mayor responsabilidad. Desde la Constitución del 91, en el artículo 26 establece que todas las profesiones tienen la libertad de organizarse en colegios. 20 años después y no se han organizado. Entonces no podemos hoy decir, le entregamos la disciplina a unos colegios que ni siquiera existen. Yo estaría de acuerdo con que los colegios de abogados disciplinen a los abogados, pero primero quiero ver esos colegios organizados y que le demuestren al país que tienen la capacidad no solamente estructural, intelectual, académica, sino de transparencia para disciplinar a los abogados.
Aquí no se trata de retener unas funciones, sino de prestarle el mejor servicio al país, y de no irnos a equivocar para darle la mejor garantía y seguridad jurídica a nuestros hijos y a las próximas generaciones.
ENS: ¿Qué responde a los que dicen que la Sala Disciplinaria está obstruyendo la investigación por el presunto carrusel de magistrados?
AL: Se están hablando idiomas diferentes. Los magistrados tenemos un fuero y solamente nos puede investigar la Comisión de Acusaciones (sic.), pero eso es diferente a la competencia que tiene la señora Contralora con todos sus entes internos que hacen parte de la misma Contraloría para investigar todos los dineros del Estado. Ella tiene una competencia de orden constitucional, pero lo que pasa es que los que manejan esos dineros son los ordenadores de gasto y los gestores fiscal. Nosotros no somos ni lo uno ni lo otro, entonces hay dos cosas que no se pueden revolver, la Contralora no tiene la competencia de investigar las conductas de los magistrados.