¿Quién debe financiar los procesos electorales? | El Nuevo Siglo
Lunes, 23 de Mayo de 2016

Alertas por la falta de claridad en la financiación de los mecanismos de participación ciudadana prendió la Misión de Observación Electoral (MOE) a propósito de un debate suscitado con relación a una consulta popular que se está promoviendo en Envigado, Antioquia.

 

A través de un comunicado, la MOE sostuvo que “de aceptarse de manera extensiva a todos los mecanismos de participación ciudadana, la interpretación hecha por el Ministerio de Hacienda sobre la financiación de la consulta popular en Envigado, podría pasar que las administraciones territoriales sean, de ahora en adelante, las responsables de conseguir los recursos para financiar las consultas populares, elecciones atípicas y las revocatorias de mandato”.

 

“Esta interpretación”, agregó la MOE, “se da en el marco de la respuesta que hizo la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio Hacienda a la Registraduría frente a la consulta popular que pretende la anexión del Municipio de Envigado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la que argumenta que para este caso, son las autoridades locales las que deben financiar y organizar la jornada electoral”.

 

“La Interpretación que hace el Ministerio de Hacienda sobre el origen de la financiación de  los mecanismos territoriales de participación ciudadana generará una crisis en la democracia local, de aceptarse ese argumento para todas las votaciones que vienen en proceso”, señaló la MOE, al tiempo que manifestó que no solo se está poniendo en peligro la realización de la consulta popular del Valle de Aburrá, sino también consultas populares como la de Ibagué, Tolima, que deberá ser convocada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

 

Según la MOE, “es impensable que las autoridades locales financien y organicen los mecanismos de participación ciudadana como las revocatorias del mandato, las elecciones atípicas o las consultas populares, en donde la administración local tiene evidente interés político, lo que generaría un grave desequilibrio en el escenario electoral”.

 

La complejidad del tema no solo es por el origen de los recursos, sino por la cantidad de procesos electorales atípicos y mecanismos de participación ciudadana formales que se realizan en Colombia y que tienen como principal característica que son imprevisibles, lo que hace difícil presupuestarlos con anticipación.

 

Según los datos que tiene la MOE, entre 2011 a 2014 se realizaron 45 elecciones atípicas de las cuales 26 corresponden a alcaldías, seis a gobernaciones, dos a concejos y 10 a juntas administradoras locales. Además de 9 elecciones complementarias, todas ellas de JAL. Hay que recordar que las elecciones atípicas son resultado de decisiones administrativas y judiciales, que son imposibles de prever y por lo tanto de presupuestar.

 

Frente a otros mecanismos de participación la MOE encontró que en el periodo 2011 -2016 hay un total de 17 iniciativas de consultas populares de las cuales seis ya fueron convocadas para votación popular. Frente a las revocatorias del mandato, en el mismo periodo se generaron 39 iniciativas, de las cuales 13 fueron convocadas a votación popular.