El fin de semana el presidente Santos dijo que no descartaba el rompimiento de relaciones con Venezuela y ayer, en Lima, la Canciller ratificó que se ha roto el orden constitucional en ese país. Mientras tanto, Maduro no da señales de reconciliación con Colombia

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LUEGO de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que la oposición califica de fraudulenta e ilegítima, organizaciones multilaterales y diferentes bloques regionales han subido el tono en contra de Caracas.

Los cancilleres de 17 países de Latinoamérica, entre  ellos  María Ángela Holguín, de Colombia, condenaron la “ruptura” de la democracia y pidieron una salida pacífica a la grave crisis que vive Venezuela. 

Horas antes,  la ONU, encabezada por el secretario General, Antonio Guterres, dijo que en el país hay una sistemática violación de los derechos humanos y anunció que la Guardia Nacional Bolivariana, y demás cuerpos de seguridad chavistas, usan de manera desmedida la fuerza para reprimir las manifestaciones, incluso, torturando a los detenidos.

El régimen de Maduro, sin embargo, se cierra antes las acusaciones internacionales. En la tercera sesión de la Constituyente, un bloque chavista propuso crear una “comisión de la verdad” para estudiar los casos de violencia perpetrados a partir de 1999.

Todos estos, sin excepción alguna, tienen como actor principal a la oposición. Pero poco o nada, reconocen el rol que han tenido las fuerzas de seguridad y los denominados colectivos, paramilitares presuntamente al servicio del oficialismo.

En la declaración de Lima, que fija 16 puntos sobre Venezuela, los cancilleres establecieron “su decisión de no reconocer a la Asamblea Constituyente”, ni los actos que emanen de ella por su “carácter ilegítimo”.

Ricardo Luna, canciller peruano, calificó al régimen de Maduro “como una dictadura” y añadió que “en Venezuela se ha roto el orden democrático y se tiene una situación de facto”. En marzo, Perú rompió relaciones con este país luego que el Tribunal Supremo de Justicia le quitara las funciones legislativas al Parlamento de mayoría opositora.

Desde entonces, Lima se ha vuelto el mayor crítico de Maduro. Pero al cabo de tres meses, otros países, como México y Argentina, y ahora Colombia, han asumido una posición más crítica contra el régimen chavista, calificándolo de antidemocrático y “dictador”.

En una entrevista con Caracol televisión el lunes pasado, el presidente Juan Manuel Santos dijo, “tenemos que ser solidarios con el pueblo venezolano, pero no podemos ser solidarios con el régimen que está imponiendo esa dictadura”.

“El rompimiento de relaciones con Venezuela podría llegar, pero en este momento eso sería un gesto que no traería sino problemas más que beneficios”, agregó Santos, quien pidió que este eventual escenario debe ejecutarse “en conjunto con los demás presidentes”.

¿Romper relaciones?

Colombia comparte con Venezuela una frontera de 2.219 kilómetros continuos. Para ambos países, es la frontera más viva, por donde se movilizan miles de personas cada día, pese a las continuas tensiones entre Caracas y Bogotá.

El presidente Santos no ha descartado un rompimiento de relaciones con Maduro. Pero la viabilidad que esta medida se haga realidad es casi nula, si se tiene en cuenta que, pese al difícil momento, en Venezuela viven millones de colombianos que se verían perjudicados.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, cuenta que “en este caso Venezuela vive una dictadura, pero tampoco podemos desamparar nuestros ciudadanos”, y añade que es necesario construir “unos acuerdos sobre algunos elementos básicos, en eso no podemos ceder. Pero no se puede desamparar la agenda bilateral”.

El número de colombianos que viven en el vecino país parece la razón principal por la cual Bogotá, eventualmente, no rompería relaciones con Caracas, que ya ha hecho lo mismo durante el gobierno de Hugo Chávez.

En 2009, días antes que Santos llegara al poder, Chávez declaró que rompía relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. Meses después, el recién elegido presidente calificó al jefe del proyecto socialista como su “mejor amigo” y reestableció la relación con Venezuela. 

En este caso, Colombia parece tomar la delantera. Un posible rompimiento de relaciones no es descabellado y Maduro, que cogió impulso con la imposición de la Constituyente, al parecer lo tiene claro y da razones para que este escenario se vuelva realidad.

La canciller María Ángela Holguín ha manejado la situación diplomáticamente pese a las constantes provocaciones del régimen chavista. No obstante, el Presidente no ha descartado el rompimiento, medida que ya han tomado algunos países de la región.

Esta no es la primera vez que Colombia se enfrenta a un régimen autocrático en Venezuela. “En la dictadura de Juan Vicente Gómez, nosotros mantuvimos relación con ellos e incluso a pesar de las diferencias entre élites, se lograron hacer acuerdos. E igual fue con Pérez Jiménez, aunque la relación fue más manejable”, explica Ronald Rodríguez.

Además de Venezuela, Bogotá también ha tenido que manejar las relaciones con otros regímenes dictatoriales. Durante el gobierno de Manuel Antonio Noriega no hubo una ruptura bilateral y tampoco sucedió, en la década de los setenta, con el gobierno de Juan Velasco Alvarado en Perú.

Si Colombia decide romper las relaciones con su vecino, la primera consecuencia a corto plazo sería un impacto en el apoyo que la representación diplomática le presta a los nacionales que viven allá.

El retiro del embajador en Caracas sería la máxima acción que se puede tomar en materia diplomática. Aparte de ello, Colombia delegaría algunas funciones consulares a otros países que sigan teniendo representación en Venezuela.

El rompimiento de relaciones bilaterales es total. Por tanto,  la comunicación sobre cualquier tema que haga parte de la agenda bilateral, así sea de carácter humanitario, como la masiva llegada de venezolanos al país, quedaría suspendido.