La venta del 57,6 por ciento de la participación que el gobierno tenía en la generadora Isagen, no solo ha despertado roncha en el país, sino que existen serias dudas sobre la operación y si esta se ajustó a la ley.

 

Esta participación que se vendió en 2.000 millones de dólares al fondo de inversiones Brookfield del mismo grupo empresarial, tiene la lupa de las autoridades de control y de la Fiscalía.

 

Esta última, decidió abrir investigación preliminar al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la venta.

 

Pero también ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cursan demandas que en caso de salir airosas colocarían al país en serias complicaciones.

 

De otra parte, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría.

El caso será llevado por la Unidad de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dependencia que estudiará si hubo algún tipo de irregularidad por parte del Ministro.

 

Irregularidades

 

Según el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos, las irregularidades en este caso se presentaron, al momento en que se inició la subasta de las acciones de la empresa, según el denunciante este proceso no fue una convocatoria “seria”, y no se escucharon otros posibles compradores.

 

“No hubo una puja a lo que refiere a una subasta, no hubo un espacio para que los posibles compradores hicieran un estudio de la obtención de las acciones, porque el ministro Cárdenas hizo la convocatoria a mediados de diciembre, y la subasta se realizó en enero, lo cual no da un margen superior a los 20 días para convocar a los oferentes”, indicó Bustos, frente a los hechos que rodearon su denuncia.

 

En ese sentido, la Fiscalía General iniciará las pesquisas para determinar si la denuncia puede trascender a los delitos referenciados y también analizarán hechos judiciales como la demanda que fue presentada ante el Tribunal de Cundinamarca, por varios congresistas que manifestaron que en la venta de la empresa de energía se violaron los derechos a la libre competencia y la posibilidad de escuchar otras propuestas en la millonaria negociación.

 

Los congresistas

 

Sin embargo, pese a que ya se materializó la operación con la que el Gobierno enajenó el 57,6% de la participación del Estado en Isagén, un grupo de congresistas –entre los que están Jorge Robledo, Sofía Gaviria, Antonio Navarro e Iván Duque– han adelantado procesos contra la venta de la generadora. 

 

Los argumentos de los congresistas, junto con la Red de Justicia Tributaria y Sintraisagén, es que la venta de la generadora de energía violó los derechos de libre competencia, ocasionó un detrimento del patrimonio público y afectó gravemente la moral administrativa, "por lo que debe declararse ilegal y evitar que se lleve a cabo en su totalidad", señaló una de las organizaciones en una nota de prensa.

 

Según la Red de Justicia Tributaria, "el proceso aún puede detenerse porque tanto el Gobierno Nacional como el fondo de inversiones Brookfield tenían suficiente información sobre los procesos legales en curso. Además, conociendo las dificultades que ha afrontado la venta, el Ministerio de Hacienda cambió las reglas de juego a última hora".

 

Por la venta de sus más de 15 millones de acciones en Isagén, el Gobierno recibió $6,49 billones. Este monto representa la oferta mínima que desde el Ministerio de Hacienda, con ayuda de una firma especializada, se estableció para la subasta.

 

El reversazo

 

Pero esta subasta podría tener un reversazo si el Consejo de Estado declara la nulidad. Así lo dijo a EL NUEVO SIGLO el  ex magistrado de la Corte suprema de justicia, José Gregorio Hernández.

 

Según Hernández, sin importar que ya el dinero esté en las arcas del Estado, este proceso podría tener marcha atrás”, independientemente de todo puede existir un reversazo de esta medida si se declara la nulidad.

 

Asimismo se está a la espera de una audiencia pública para el 2 de marzo, en que “se advertirían vicios en el desempeño como servidores públicos y en el patrimonio colectivos de los principios básicos de la función pública y de la contratación administrativa”.

 

El Consejo de Estado fijó para el próximo miércoles la audiencia pública para escuchar a los 12 congresistas que presentaron una demanda de nulidad, contra el proceso que adelantó el Gobierno para la venta de la hidroeléctrica Isagén.

 

Los congresistas citados deberán exponer los argumentos jurídicos sobre los riesgos que representa para el país la venta de la generadora de energía.

De igual forma los congresistas explicarán las razones por las cuales el Gobierno incurrió en presuntas irregularidades al realizar el proceso de subasta, con un solo oferente para dicha venta.

 

El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos, citó a esta audiencia a representantes del gobierno, en cabeza del ministro Mauricio Cárdenas Santamaría, para que expliquen las acciones que realizaron dentro de este proceso de enajenación.

 

Lo que sucederá

 

En caso de que la venta se eche para atrás, el Gobierno estaría abocado a múltiples demandas no solo de Brookfield, sino de las empresas que quisieron participar en la subasta y no pudieros.

 

El analista Gerardo Rojas, de Gesvalores, opina que “ese sería un escándalo y un fuerte impacto para el país, no solo por las implicaciones económicas de múltiples demandas, sino que en el corto y mediano plazo afectaría el rumbo económico del país”.

 

El analista considera que la confianza inversionistas estará maltrecha, “ya que los inversionistas lo pensarían más a la hora de querer entrar al país. Esa desconfianza jurídica se trasladaría a las finanzas del Estado”.

 

Señala el investigador que ante esa eventualidad, “el costo sería superior a los 2.000 millones de dólares que recibió el gobierno por la venta. Además, ante las calificaciones negativas de las firmas de riesgo, vendría el desplome de la acción de la compañía y en ese entorno tocaría a los pequeños accionistas que como las Empresas Públicas de Medellín, EPM, y la Empresa de Teléfonos de Bogotá, tienen esperanzas de vender a un buen postor su participación”.

 

Además, con un hueco fiscal cercanos a 30 billones de pesos (6% por Producto Interno Bruto), y con las arcas disminuidas sensiblemente ante el impacto de los recursos petroleros, el gobierno ya anunció que parte de los recursos van a destinarse a financiar parte de las obras de 4G. 

Pero si se echa para atrás el negocio, el faltante para las obras de infraestructura sería catastrófico.

 

Las reservas

 

Otro elemento que tiene que tener en cuenta el gobierno, es que además ha salido a vender reservas para poder contener el precio del dólar. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, manifestó que el Gobierno venderá hasta 2.000 millones de dólares en el mercado interno para aportar a la estabilidad de la tasa de cambio.

 

"Nosotros naturalmente quisiéramos ver la mayor estabilidad posible en la tasa de cambio, pero no la controlamos porque esta depende de muchas otras variables, entre ellas el precio del petróleo", manifestó Cárdenas a periodistas.

 

El ministro explicó que, si bien el Gobierno no controla la tasa de cambio, sí quiere "aportar a su estabilidad vendiendo dólares" producto de "los recursos de la venta de Isagen" y del "excedente de financiamiento externo".

 

"Eso es natural, pero nosotros estamos desde la nación interesados en vender dólares y no es salir a comprarlos para ponerle más presión a la tasa de cambio, y eso le ha dado cierta tranquilidad al mercado cambiario", afirmó el jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público.

 

La OPA

 

A mediados de este mes, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) informó que ordenó suspender la negociación de las acciones de Isagén en el mercado de valores, luego de que fuera radicada la solicitud de Oferta Pública de Adquisición (OPA) por parte de los nuevos dueños de la generadora.

 

“A partir de la suspensión, las ordenes vigentes y activas sobre esta especie fueron eliminadas del sistema automáticamente y no se permitirá el ingreso de órdenes ni la celebración de operaciones de contado, sobre esta especie, mientras se encuentre vigente la medida de suspensión”, señaló la BVC en un comunicado de prensa.

 

De acuerdo con las condiciones fijadas en el esquema de enajenación configurado por el Gobierno, Brookfield, el fondo de inversión, que compró el 57,6% de la participación del Estado en Isagén, tiene que ofrecer a los accionistas minoritarios la compra de su paquete accionario por el mismo precio que le pagó al Ejecutivo. Es decir, $4.130.

 

Entre las empresas que se pueden ver beneficiadas por esta medida están las Empresas Públicas de Medellín (EPM) -que tiene una participación de 13,4%- y la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), con 2,52% de los papeles de Isagén.

 

En el caso de EPM, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseguró que el plazo es mínimo para que el Consejo de la ciudad apruebe la venta de las acciones.

 

La transferencia

 

Además, las transferencia de las acciones que fue confirmada por el Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. (Deceval S.A.), siguiendo instrucción impartida a través de la Bolsa de Valores de Colombia, puede estar en riesgo ante una caída de la venta.

 

Aunque con el pago realizado por BRE Colombia Investments L.P. y la correspondiente transferencia de las acciones, se dio por concluido el proceso de enajenación de la participación accionaria de la Nación en Isagén S.A. E.S.P.

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento de Enajenación y Adjudicación de las acciones de la Nación en Isagén Segunda Etapa contiene varias obligaciones en cabeza del Inversionista Adjudicatario que permanecen en el tiempo, como la de formular sendas Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs) a favor de todos los accionistas de la sociedad, lo cual se hará dentro de los dos meses siguientes al cierre y luego dentro del cuarto y sexto mes posteriores al cierre.

 

Además, las bancas de inversión Crédit Suisse e Inverlink, que fue la comisión de éxito causada en favor de los asesores externos, fue asumida en su totalidad por el Inversionista BRE Colombia Investments L.P., y será pagada en forma adicional a los recursos girados a la Nación.