¿Qué pasa con el Metro de Bogotá? | El Nuevo Siglo
Martes, 10 de Noviembre de 2015

Como estaba presupuestado desde que se reunieron el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, la primera línea del Metro se construirá combinando tramos elevados y subterráneos desde 2016.

Ayer, después de que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) anunciara la suspensión del proyecto de la línea del Metro hasta el 1 de febrero de 2016, el alcalde Gustavo Petro confirmó que por ahora se frenaba el proyecto.

Mientras el Gobierno nacional hace los ajustes al proyecto, en el plan de gobierno del alcalde electo quedó plasmado que está comprometido con la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.

“Buscaremos la solución técnica que permita hacerlo con la mayor celeridad, menor riesgo de costos y sobrecostos, combinando eventualmente tramos elevados, tal como lo sugiere” la FDN, plasmó allí Peñalosa.

Así mismo, Peñalosa antes de viajar se reunió con la FDN, presentándole los avances del proyecto y planteó la propuesta del Metro elevado, en el que los patios estarían ubicados en el municipio de Mosquera. También se reunió con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con quien se concretó un comité técnico.

“Vamos a hacer el Metro. Vamos a aprovechar los estudios existentes. El Gobierno nacional, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, hizo unas propuestas para reducir su costo, porque un Metro subterráneo puede ser enorme y dejar quebrada a la ciudad por 20 o 30 años, y sin dinero para hacer una sola obra más”, dijo Peñalosa.

Entre tanto, al tiempo que el alcalde Petro señaló que el Gobierno nacional había paralizado el proyecto, se conoció en un comunicado de la FDN en el que señala que junto con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se decidió iniciar el trámite de suspensión temporal del proyecto de la primera línea del Metro al considerar el cambio y la transición que se deriva del nuevo periodo de la administración distrital.

Básicamente la suspensión temporal se debe a la falta de una definición sobre si la primera línea del Metro será subterránea o elevada, aspectos que impiden contar con una contraparte responsable del proyecto durante la fase de estructuración técnica, legal y financiera.

La determinación tiene efecto directo en el desarrollo de la Fase 2 de Estructuración Integral y será hasta tanto no se defina el alcance de los ajustes que eventualmente podrían introducirse a los diseños del proyecto.

 

Seguro el Metro

 

Aunque el proyecto ha recibido muchas críticas, porque el presidente Santos le entregó un cheque simbólico a Bogotá con el 70 por ciento de la primera línea del Metro, la realidad es que en febrero, cuando se reinicia la conformación, el proyecto será una realidad después de 70 años de estudios.

La primera línea del Metro entre Bosa y la Calle 100 en el norte vale 13,6 billones de pesos, sin incluir los costos financieros y sobrecostos.

Para el avance de la iniciativa, el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) es fundamental porque consigna los lineamientos oficiales de cómo se financiará la obra más importe de este siglo.

Así mismo, en junio pasado quedaron asegurados los recursos, debido a que el Gobierno nacional incluyó la primera línea del Metro de Bogotá en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.

Unas de las alternativas para conseguir recursos, según el Plan de Desarrollo, son los cobros por congestión o contaminación donde se podrán establecer tasas, diferente a los peajes establecidos en la Ley 105 de 1993, por uso de áreas de alta congestión, de alta contaminación, o de infraestructura construida para evitar congestión urbana.

Otra de las alternativas es que la Nación y sus entidades descentralizadas por servicios puedan cofinanciar proyectos de asociación público-privada para el desarrollo de sistemas de servicio público urbano de transporte de pasajeros o de algunos de sus componentes o unidades funcionales, con aportes de capital, en dinero o en especie. La cofinanciación de la Nación podrá ser hasta el 70 por ciento del menor valor entre los desembolsos de recursos públicos solicitados para la ejecución del proyecto y el valor estimado del costo y la financiación de las actividades de diseño, preconstrucción y construcción del proyecto.