La Rama Judicial espera que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no afecte el presupuesto ni las nuevas fuentes de financiación fijadas por la reforma tributaria, como el 2 por ciento adicional de los laudos arbitrales y el 2,5 por ciento de algunos actos notariales, sostuvo la magistrada Martha Lucía Olano, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

“El acuerdo de paz se vincula necesaria y directamente con el marco orientador de sostenibilidad de las finanzas públicas que rige la política fiscal, por lo tanto, la implementación de la JEP debe garantizar no solo los recursos para toda la infraestructura necesaria para los programas, mecanismos y medidas del Acuerdo, sino también la sostenibilidad y fortalecimiento de la institucionalidad actualmente vigente”, señaló la magistrada Olano durante una audiencia pública realizada por la Comisión Primera del Senado.

Para Olano, la JEP tendrá que obtener información y solicitar colaboración de diferentes organismos, entre ellos aquellos que hacen parte de la Rama Judicial, para lo cual se debe establecer un mecanismo para hacerlo.

Sobre el trámite de las acciones de tutela contemplado en la JEP, aclaró que la decisión sobre la selección del fallo a revisar será adoptada por una sala conformada por dos magistrados de la Corte Constitucional escogidos por sorteo y dos magistrados de la misma JEP y solamente será seleccionado dicho fallo de tutela si los cuatro magistrados votan a favor.

“Esto significa que se estaría estableciendo el veto de uno de los magistrados en contra de la voluntad de la mayoría de que se seleccione una tutela, lo que restringe el derecho de acceso a la administración de justicia previsto en el artículo 229 de la Constitución, es decir, a pesar de que tres funcionarios consideran que el fallo debe revisarse, otro lo impide, cuando debería primar la voluntad de la mayoría y no la de éste, como normalmente ocurre”, agregó.