LOS BOMBARDEOS que tantas bajas les causaron a las Farc, entre ellas a cabecillas como Raúl Reyes, El Mono Jojoy o Alfonso Cano, empezaron a ser utilizados por la Policía para golpear a las bandas criminales y, concretamente, al Clan Úsuga, ¿qué connotación tiene ello?

 

EL NUEVO SIGLOconsultó con el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, quien dijo que se busca disuadirlas y demostrarles que solo les quedan dos caminos, la cárcel o la muerte, mientras los expertos consideraron que se les está reconociendo una capacidad militar que sobrepasa a la del crimen organizado y que serían una amenaza para el posconflicto y, además, les estaría dando un nivel político.

 

Para el Gobierno, los bombardeos a las Bacrim serán cuando se encuentren en concentraciones campamentarias de difícil acceso y rodeadas de “campos minados”.

 

El general Palomino explicó que el bombardeo “es una acción que se toma cuando existen unas exigencias puntuales y específicas  que obligan y reclaman el empleo de este proceso”.

 

“Es el empleo de una capacidad adicional con que se cuenta cuando las circunstancias así lo reclaman y así lo ameritan y gracias a las intensas operaciones, por ejemplo, contra la banda emergente al servicio del narcotráfico del Clan Úsuga, han sido abatidos 21 presuntos integrantes de esa estructura y capturados 523 de sus presuntos integrantes y el decomiso de 20 toneladas de clorhidrato de cocaína. También han sido expropiados 147 bienes de esa estructura”.

 

El oficial indicó que los bombardeos ejecutados por la Fuerza Aérea Colombiana, FAC,  se llevarán a cabo siempre y cuando las condiciones así lo exijan, previa información de inteligencia de la misma Policía e incluso del Ejército o de la Armada Nacional.

 

Según el Ministerio de Defensa, desde el 1º de enero de 2010 a la fecha, han sido abatidos 175 presuntos integrantes de las Bacrim.

 

En el mismo lapso fueron capturados 16.428 supuestos integrantes de esas estructuras armadas al margen de la ley que quedaron a disposición de la Fiscalía para ser presentados ante jueces con Funciones de Control de Garantías.

 

Reconocimiento

Para el analista político internacional y consultor en seguridad y Defensa, coronel John Marulanda, “los bombardeos contra las Bacrim tienen varios significados. El primero es que el Gobierno nacional les está reconociendo una capacidad militar que sobrepasa a la del crimen organizado,  porque si no fuera así de acuerdo con las leyes internacionales, no podría bombardearlas,  debido a que el crimen organizado es más un asunto policial y no un asunto militar. Emplear a las Fuerzas Militares contra el crimen organizado se considera que es desproporcionado”.

 

Sin embargo, el oficial de la reserva activa explicó que “esa capacidad superior que el Gobierno les está dando a las bandas criminales al servicio del narcotráfico, significa básicamente que  están unidas con gente de las Farc, porque esta guerrilla está integrando gente de esas estructuras.  Y por eso es que ellos tienen el dinero suficiente para adquirir armas superiores a las normales del crimen, tienen el entrenamiento y la capacidad operacional que les dan ambas partes para poder confrontar al Estado”.

 

Marulanda aseguró que “los bombardeos también significan el reconocimiento del Estado que las bandas criminales son una fuerza beligerante con capacidad militar y también les estaría dando un nivel político a lo que están haciendo y eso es muy delicado”.

 

El analista y consultor dijo que el Gobierno debe legislar al respecto y, además, debe emplear todas las armas que tenga a su disposición para enfrentar a las Bacrim que van a ser la nueva amenaza y con las que va a tener que lidiar en el posconflicto.

 

“La realidad es que cada día en América Latina el crimen organizado avanza más y más y en Colombia por ser el principal productor de cocaína del mundo, pues eso  adquiere un ribete y tiene una característica especial que no tienen los otros países. En México los carteles están siendo combatidos por las Fuerzas Militares, en Argentina  los candidatos están proponiendo que el Ejército vaya a enfrentar el narcotráfico, en Venezuela también están empleando las Fuerzas Militares y en el Perú acaban de autorizar que la Fuerza Aérea pueda derribar cualquier avión que esté inmerso en el narcotráfico. De modo que se está convirtiendo en una moneda común el empleo en los Estados de combatir  el crimen organizado del narcotráfico con el empleo de las Fuerzas Militares”.

 

“Es una verdad de a puño que el Eln y las Farc hace rato se convirtieron en un eslabón más de la cadena del narcotráfico. Es decir, la lucha revolucionaria, el marxismo leninismo, la justicia social y la liberación del pueblo, son discursos que no tienen  nada que ver con lo que ellos realmente hacen”, acotó.

 

Recordó que “hace poco Panamá demostró que el frente 30 de las Farc estaba en contacto con el cartel del Chapo Guzmán de México. El secretario de Estado adjunto para Asuntos de Narcóticos Internacionales de Estados Unidos, William Brownfield, reconoció que las Farc son uno de los cinco principales carteles del narcotráfico en el mundo”.

 

De otro lado, el analista Juan Manuel Charry dijo que “el Gobierno y las autoridades utilizan represión militar para neutralizar la delincuencia organizada”.

 

En cuanto a los supuestos vínculos entre el clan Úsuga David con el Eln en el Chocó, señaló que “son dos cosas distintas, la Policía es la que se encarga de perseguir a los delincuentes comunes y de garantizar los derechos de los ciudadanos y las Fuerzas Militares de proteger la soberanía y los límites del territorio nacional”.

 

Explicó que “es distinto que se utilice la Fuerza Militar contra una delincuencia común organizada. Lo que está haciendo el Gobierno es emplear mayor fuerza contra el delito común que se justifica porque es un delito organizado, porque cuenta con gran capacidad de perturbación”.

 

Dijo que a las bandas criminales les han encontrado armas para derribar helicópteros y para atacar aeronaves y les han encontrado campamentos minados para evitar el avance de la Policía y de las mismas tropas del Ejército.

 

“Claro, eso es lo que muestra que la organización tiene una capacidad ofensiva, digamos muy superior a la de un delincuente común con armas privativas de las Fuerzas Militares y con capacidad ofensiva muy alta, lo que se justifica  que se utilice la fuerza militar en su contra”, expresó.

 

Para el analista los bombardeos no significan un reconocimiento como un status político porque se convirtieron en una amenaza contra el Estado.

 

“Las Bacrim no tienen status político ni de beligerancia. Para nada y para que eso ocurriera y que no ha pasado con las Farc, tendrían que utilizar uniformes, tener jerarquía y distintivos y comportarse como si fueran la fuerza pública de un nuevo Estado y estamos muy lejos de ese proceso. Reitero, nada que ver”.

 

Reiteró que “el bombardeo es una nueva estrategia del Estado contra las Bacrim, es decir, es utilizar fuerza militar contra la delincuencia común,  ¿por qué?  Porque tienen capacidad ofensiva, porque cuentan con armas largas, incluso,  misiles para derribar aviones  y no estamos hablando que se pueden comparar con un señor que hurta un celular”.

 

Complica a la justicia

Para el historiador, analista político y catedrático de la Universidad Javeriana, César Torres del Río, “el panorama para enfrentar a las bandas criminales al servicio del narcotráfico, es una nueva complicación para la justicia en Colombia en sus análisis para llegar a  la diferencia del delito político y del delito común”.

 

“El hecho de que se haya declarado a las Bacrim como objetivo militar de alto valor implica que podrían posteriormente ser tratados como actores en el conflicto pese a que el Fiscal o el ente acusador, ha insistido en que eso nunca sucederá”.

 

Pero, dijo que “el hecho concreto es que en la medida que el Ejército, cuyas funciones no son precisamente de combatir a los delincuentes comunes  sino que es un asunto de la Policía, ha bombardeado a las Bacrim, en particular en el Chocó y esto tiene implicaciones no tanto en el momento presente sino en un mediano plazo”.

 

Cuando me refiero que es a mediano plazo es que “en tanto que el status que tienen las Bacrim  podría comenzar a ser modificado en la medida en que se les consideraría como actores en el actual conflicto que es por otra parte en lo que las Bacrim han venido insistiendo en particular desde comienzos del presente año”.

 

Reiteró que “es un problema táctico ya que en algunos sitios, efectivamente, haya una confluencia de sectores insurgentes con estos delincuentes comunes  y ello puede ser motivo que haya la necesidad de bombardear  para evitar que actores criminales armados como se plantea en términos del proyecto de ley, al considerarlos como tal, entonces hay que bombardear”.

 

Sin embargo, indicó que “la gran preocupación que surge entre la opinión pública y los analistas es que la delgada línea que separa el delito político con el delito común cada vez tiene más posibilidades de desdibujarse  y preocupa en términos de lo que significa el sistema penal acusatorio y el combate contra la delincuencia común, porque esa delincuencia común casi que pasaría a ser considerada también  como un actor político. He ahí la gran preocupación, repito, que existe al respecto”.

 

El catedrático universitario precisó que se puede considerar que el Gobierno acude al bombardeo por la capacidad bélica de las Bacrim, “indudablemente los informes que se tienen por parte de las autoridades es que manejan armas de largo alcance, pero fíjense que se diferencian de las antiguas bandas paramilitares, en el sentido de que no portan uniformes y a pesar que tienen un mando unificado, pero de todas maneras hay diferencias sustanciales”.

 

Aseguró que “el proceso es complejo e independientemente del uso del armamento, la autoridad debe considerar que el delito político es diferenciado del delito común”.

 

Señaló que las Bacrim perdieron su norte de perseguir a la guerrilla, pero que “no se puede desconocer que eventualmente se presenten alianzas de tipo táctico en una que otra región a propósito de problemas que hayan surtido. Las dos, me refiero a los dos tipos de actuación, son totalmente diferentes, pues el delito político siempre  ha tenido conexos con  el delito común, pero no a la inversa”.

 

“El hecho de que se bombardee o se haya bombardeado como hemos visto los colombianos a estas bandas criminales, es peligroso en el sentido  de que ahora puede presentarse o aparecer en el horizonte estratégico judicial y político, una posible consideración de un tercer actor en el conflicto armado y eso sí que complica las cosas”.

 

En cuanto a la decisión del Gobierno de declarar a los máximos cabecillas de las bandas criminales como objetivos de alto valor, precisó que “esa afirmación debe considerarse en cuanto a que son criminales vinculados con el delito común y por esa razón amenazan la estabilidad institucional  y al conjunto  de sectores sociales que conforman el colectivo social colombiano”.