¿Qué hacer a corto, mediano y largo plazo para mejorar Transmilenio?

 

Las encuestas de opinión, dejando aparte las posturas políticas, indican que deben haber más troncales, buses articulados, estaciones, seguridad y cultura ciudadana.

 

¿Por qué dejar de lado en este análisis las posturas políticas? Hace tres años, el entonces alcalde Gustavo Petro, tras la toma de varias estaciones de Transmilenio por ciudadanos que protestaban por el mal servicio, dijo que había un complot de sus detractores. El lunes, cuando quedó paralizado el sistema en Bosa, el mandatario Enrique Peñalosa dijo que era producto de terroristas y saboteadores profesionales con móviles políticos, lo que quedó nuevamente sobre la mesa ayer en Soacha.

 

Pero según la encuesta de percepción sobre las condiciones del servicio de transporte público elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 41 por ciento de los usuarios lo utiliza por su rapidez y por ser la única opción; el 21 por ciento se queja del exceso de pasajeros, 13 por ciento por la inseguridad y 49 por ciento por los tiempos de espera

 

Pero, ¿qué hacer con Transmilenio? Las respuestas podrían ser múltiples.

 

A raíz de los sucesos de ayer a corto plazo la explicación la dio el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. El gobernante seccional explicó que las protestas en Soacha se generaron por falta de información de Transmilenio.

 

Rey trinó que las protestas que se presentan en Soacha por usuarios inconformes con el servicio del sistema de transporte y que hoy los habitantes del municipio son “víctimas de la falta de información a tiempo sobre las obras de adecuación que sabemos deben adelantarse”.

 

“Deben padecer este tipo de situaciones que son absolutamente previsibles y manejables con adecuada socialización”, añadió.

 

 

Soluciones a corto plazo

 

 

Las soluciones a corto plazo se inician. Para las Fases II y III de Transmilenio, que ya tienen estudio y diseños, Rey reiteró que el Gobierno nacional y la Gobernación invertirán más de 400 millones de pesos para llevar a cabo estos proyectos que mejorarían la movilidad en el municipio y que transportarán cerca de 210.000 personas diarias. En la actualidad se mueven diariamente 80.000 personas en Transmilenio en esta zona.

 

 

Así mismo y como medidas a corto plazo, la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, anunció que se realizan los rediseños necesarios que buscan mejorar los puntos neurálgicos del sistema e indicó que una de las prioridades es la adecuación de nuevas troncales, entre ellas, la Carrera Séptima y la Avenida Boyacá.

 

 

La funcionaria alertó de un plan para combatir a los colados: "Si usted va a usar el Sistema, pague. Si no, no lo use", pues a “todos nos cuentan los colados” precisó.

Rojas indicó que la próxima semana se iniciarían los respectivos operativos, que contarán con el apoyo de la Policía Nacional, para hacer frente a la situación de no pago en el Sistema.

 

 

“Vamos a tener un gerente antievasión y vamos a mirar cuáles son las mejores tecnologías”, dijo.

 

Frente a la cultura ciudadana, uno de los factores que desestimula el buen uso del sistema son los 120.000 colados diarios. Durante las últimas semanas las autoridades y los medios de comunicación han insistido en la terrible crisis ciudadana que refleja el problema en el servicio de transporte público de Transmilenio: pérdidas de vidas (ya son varios los muertos por intentar pasar sin pagar), pérdidas económicas (según los cálculos de la empresa unas 20.000 personas en Bogotá ingresan cada día sin pagar el pasaje), visible retroceso cultural y cívico (jóvenes reteniendo las “puertas anticolados”, insultos y riñas entre pasajeros -un ciudadano resultó muerto tras ser empujado por otro- y de ellos con funcionarios y la policía, entre otros.

 

 

Como parte de las soluciones para hacer frente a esta problemática se han implementado campañas pedagógicas y publicitarias como “tu vida vale más que un pasaje”, las mencionadas puertas anticolados junto con barricadas en los carriles de algunas estaciones, el reforzamiento de la presencia de la Policía, la aplicación de multas económicas (la contravención conocida como H3 que tiene un costo de 107.000 pesos), la promoción de pactos ciudadanos (como el desarrollado con el SENA buscando que los estudiantes no se cuelen al sistema), fomentar las muestras de indignación y “sanción social”, la aplicación de “castigos sociales” (la Policía llevó a varias personas que no pagaron los pasajes a una carpa en la estación Banderas para que hicieran planas), entre otros.

 

En este sentido, el exalcalde Antanas Mockus propuso que deberían poner fotografías de gran tamaño en las estaciones en las que se muestre cómo podrían ser atropelladas las personas que ingresen sin pagar, para que los usuarios interioricen que es absurdo arriesgar la vida. De hecho, se incorporaron dibujos que evocan accidentes y, ahora, en las estaciones últimamente remodeladas se han implementado pantallas con videos contra estos comportamientos acompañados de parlantes con música para calmar el ambiente.

 

Efectivamente, el problema de colados es de primer orden. Sin embargo, la campaña mediática que se ha desplegado para afrontarlo ha dejado de lado los problemas estructurales de este sistema de transporte que venían ganando un espacio de discusión y atrayendo la opinión de especialistas y la ciudadanía.

 

Soluciones a mediano plazo

 

 

Para los expertos, la tragedia de Transmilenio comenzó con la era de los gobiernos de izquierda. El alcalde Luis Eduardo Garzón, además de que se declaró en contra del sistema, faltando dos días para terminar su gobierno en 2007 entregó la licitación de las troncales de la 10ª y 26 al polémico Grupo Nule que, además de los sobrecostos por las ‘mordidas’ que dieron, tuvo un retraso de cinco años. Hoy todavía faltan trabajos.

 

 

Llegó el gobierno de Samuel Moreno, quien no solo se declaró antitransmilenio, sino que no licitó un solo kilómetro de troncal, principalmente porque al ser involucrado en el carrusel de la contratación lo poco que gobernó fue para defenderse. Hoy está privado de la libertad a espera de que los juicios se inicien.

 

Posteriormente llegó el gobierno Petro. Durante los cuatro años se enfrascó en la pelea por la supuesta destitución, impulsar el Metro subterráneo y llevar una pésima relación con el Concejo de Bogotá. Pocas horas antes de entregar el cargo, abrió la licitación del Transmilenio por la Boyacá.

 

Para completar, dos contratos para ampliar cinco de las estaciones más hacinadas se le cayeron por errores del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

 

 

Otra de las fuertes críticas al gobierno anterior es la prórroga que hizo al contrato de los operadores de la fase I, pues aunque significó un ahorro en dinero a la ciudad, tienen vehículos que cumplieron su vida útil que, precisamente, son los que se ven varados en las troncales.

 

Soluciones a largo plazo

 

La polémica por las soluciones a largo plazo arde. Mientras la administración Peñalosa anuncia que duplicará el número de troncales, los detractores señalan que la solución estructural es la construcción de la primera línea del Metro. La promesa es que antes de terminar la administración se dejaría contratada la licitación.

 

Mientras salen soluciones en torno a troncales o Metro, el incremento en la tarifa en el Transmilenio es otro detonante que cultiva las protestas que afectan a 2,3 millones de pasajeros de troncales.

 

Al tiempo que el concejal Diego Molano, del Centro Democrático, indica que el incremento deberá reflejarse en más rutas, mejoras en estaciones, tiempos, seguridad, disminución de colas y congestión, así como en un servicio digno que es lo que reclaman los ciudadanos, el cabildante del Polo Democrático, Manuel Sarmiento pidió que sean renegociados los contratos con los operadores.

 

Para Molano se debe hacer un esfuerzo importante para revisar y asegurar que los subsidios de apoyo a los grupos de ciudadanos que más lo necesitan, puedan contar con ellos teniendo en cuenta que el impacto en la canasta familiar, ante el aumento del salario mínimo fue del 7 por ciento, y el incremento en la tarifa de 11,1 por ciento.

El concejal Molano anunció la realización de un debate de control político para que ante esta coyuntura económica que enfrenta el país se determine cuál es el mejor esquema en Bogotá de subsidios en movilidad para que beneficie a los ciudadanos más vulnerables y al mismo tiempo hagan sostenible el sistema de transporte.

 

 

Según la administración del alcalde Peñalosa, actualmente hay un desequilibrio de 750.000 millones de pesos entre la tarifa técnica y la del usuario. Las cifras de la empresa indican que la decisión del entonces alcalde Petro de no permitir alzas graduales y moderadas generó un desfase entre la tarifa técnica (el costo de transportar a los pasajeros) y el valor que pagan los usuarios por pasaje.

 

En este sentido, el concejal Sarmiento señaló que primero se deberían renegociar los que calificó de leoninos contratos con los operadores privados y revisar las aberrantes prebendas introducidas en ellos, las que les garantizan una rentabilidad exagerada y que ha llevado al sistema al colapso financiero.

 

“Se ha obligado al Distrito a transferir de los impuestos de los bogotanos, tan sólo por la operación de las troncales, cerca de $700.000 millones entre 2012 y 2015. A contramano, el Distrito tan solo percibe $5 de cada $100 que ingresan a Transmilenio, teniendo que asumir, entre otros, la gestión de la operación, el costo del mantenimiento de las vías, de las comunicaciones, de la seguridad y de las instalaciones de parqueo de los buses”, señaló Sarmiento.