Aunque Colombia y Nicaragua han repetido durante 36 meses que están dispuestos a negociar un tratado para aplicar la sentencia, no se vislumbra que eso se dé en el corto plazo

 

El jueves  se cumplieron tres años del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, en el que le entregó a Nicaragua la explotación económica sobre un área que en Bogotá calculan en 75.000 kilómetros cuadrados, pero que Managua considera de 90.000 kilómetros cuadrados.

¿Qué ha pasado desde entonces? Colombia acató el fallo, pero lo consideró inaplicable hasta que no haya un tratado bilateral, lo que Nicaragua interpretó como un desacato por lo que demandó el cumplimiento ante la misma CIJ, además de pedir plataforma continental extendida. En este momento el tribunal global procesa los argumentos expuestos en las primeras audiencias, mientras los pescadores sufren las consecuencias de la sentencia y el gobierno de Managua se fortalece militarmente. Y aunque ambas partes manifiestan el interés por un tratado, no hay nada concreto acerca de ese punto.

 

El fallo

 

En un fallo inapelable, la CIJ fijó buena parte del trazado de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, que los dos países se habían comprometido de antemano a acatar, al término de décadas de disputa bilateral.

La decisión de los 15 jueces de la corte mundial, principal órgano judicial de la ONU con jurisdicción universal, fue presentada en La Haya en una exposición de unas dos horas por el presidente del tribunal Peter Tomka.

"La Corte concluye que Colombia y no Nicaragua, tiene soberanía" sobre los islotes en disputa, precisó Tomka. Se trata de los cayos Albuquerque, Bajo Nuevo, Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla.

El otro aspecto de la disputa, la delimitación de la frontera marítima, extendió la jurisdicción económica de Nicaragua al este del meridiano 82 hasta donde Colombia la ejerce actualmente. Favoreció así a Managua para compensar lo que consideró una "disparidad importante" que beneficia a Bogotá.

Tomka detalló las coordenadas del complejo trazado de la nueva frontera que extiende hacia el este la soberanía de Nicaragua pero mantiene una lengua de jurisdicción colombiana a la altura de las islas de San Andrés y Providencia, así como en un radio de solo 12 millas náuticas alrededor de los cayos colombianos de Serrana y Quitasueño, ricos en peces, langostas y caracoles.

La Corte no precisó el total de la extensión marítima atribuida finalmente a cada país, ya que en dos sectores se trata de una frontera que quedó sin definir hacia el este: los magistrados se negaron a pronunciarse más allá de las 200 millas de las costas.

De ahí que los cálculos difieran nada menos que en el equivalente a 15.000 kilómetros cuadrados.

El diferendo había iniciado en 1928 cuando Managua cedió a Bogotá las islas San Andrés y Providencia con la firma del tratado Bárcenas-Meneses Esguerra, que fue ratificado en 1933 cuando el país, según alega el gobierno sandinista, estaba intervenido por Estados Unidos.

En 1969 Colombia pretendió establecer su límite con Nicaragua en el meridiano 82, que Managua rechazó alegando que el tratado no fijó límites y que esa decisión cercenaba su plataforma continental en el Caribe. En 1980, Nicaragua declaró nulo el tratado.

En diciembre de 2001, Nicaragua denunció a Colombia ante la CIJ su soberanía sobre el archipiélago. Seis años más tarde, el tribunal reconoció la soberanía colombiana sobre las tres islas, declarándose competente para dirimir la delimitación marítima entre los dos países y definir la soberanía de los cayos.

En 2007 la CIJ desestimó las objeciones de Colombia acerca de que no era competente para conocer del caso y determinó que no juzgaría sobre la posesión de las islas San Andrés, Santa Catalina y Providencia, confirmando la soberanía colombiana, pero sí sobre los límites marítimos.

 

Tratado

Desde el primer momento, Colombia ha sostenido que el fallo es inaplicable mientras no se negocie un tratado.

Según lo declaró hace un par de semanas la canciller María Ángela Holguín, “durante todas las sesiones” en la CIJ, “en la semana de audiencias, Nicaragua reiteró permanentemente también su actitud por sentarse a iniciar un diálogo con Colombia para negociar el tratado”.

Aunque cada delegación sostuvo su posición frente a las demandas, su percepción es que los mensajes tanto de Bogotá como de Managua fueron “pues sentémonos y empecemos a hablar de ese tratado qué habría que firmar”.

Holguín explicó que el tratado deberá incluir además de los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, una definición de cuál sería la forma en que ambos gobiernos van a respetar los derechos de los raizales, la manera en que se van a manejar las vedas de pesca, la reserva Seaflower, la seguridad, los derechos de pesca tanto de las empresas locales como de los pescadores artesanales, entre otros temas.

La ministra Holguín insistió en que un tribunal, así sea la CIJ, no puede cambiar los límites de Colombia, porque, como lo ha explicado varias veces el Gobierno, eso se deberá hacer por medio de un tratado que hasta el momento se ha dialogado de manera informal con Nicaragua, por lo que instó para que rápidamente se inicien las negociaciones formales.

 

Nuevas demandas

 

 Después del fallo, el gobierno de Bogotá denunció el pacto americano de soluciones pacíficas que databa de 1948, quedando bajo la jurisdicción de La Haya un año más.

En 2013, poco tiempo antes de que se venciera el plazo de un año, Nicaragua presentó ante la CIJ dos recursos contra Colombia, en uno reprochándole a Bogotá "incumplir" el fallo de la Corte de 2012 y violaciones de su espacio marítimo, y en el otro para definir la delimitación de su plataforma continental en el Caribe.

Sobre el primer punto, Bogotá acusó en las audiencias a Nicaragua de hacerse pasar por "víctima" y de fabricar disputas donde no las hay. "Es chocante ver cómo Nicaragua quiere hacerse pasar como víctima", afirmó entonces el agente de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta. Nicaragua "fabrica un diferendo cuando no hay ninguno" y tiene tendencia a "acudir demasiado" a la CIJ, añadió.

En cuanto al segundo punto, Colombia argumentó que el asunto ya quedó zanjado en el fallo de 2012. "Lo que está solicitando Nicaragua en este caso es idéntico a lo solicitado en el año 2001 y la corte ya tomó la decisión de que Nicaragua no tenía acceso a esa plataforma", explicó el procurador Arrieta.

Tras los alegatos de las partes, la CIJ empezó a ejercer un periodo de varios meses para analizar todos los argumentos presentados y pronunciarse si se declara competente para decidir sobre el fondo del caso.

 

Raizales

 

En febrero, la Sección Primera del Consejo de Estado le ordenó al Tribunal Administrativo de San Andrés tramitar una acción popular interpuesta por pescadores raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por la vulneración de sus derechos con el fallo emitido por la CIJ.

El alto tribunal consideró que no existían motivos para rechazar la acción judicial en la que se afirma que tras el fallo han visto afectados sus derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la defensa del patrimonio público y la protección de áreas de especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en zonas fronterizas.

En este sentido la magistrada ponente consideró que aunque la demanda presentaba una deficiencia en el cumplimiento de las cargas procesales y probatorias para que proceda su admisión, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que se puede obviar ese requisito cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos.

En sus argumentos, accionantes consideran que las actividades relacionadas con la pesca se han visto afectadas de manera notoria, puesto que se perdió la mayor parte del “banco de pesca” por lo que ya no tienen alternativas de trabajo. Además, recordaron que en 2000 la Unesco declaró el Archipiélago como Reserva Mundial de la Biosfera Seaflower, en tanto es la reserva marina más grande del mundo y debe ser preservada.

Igualmente manifestaron que el tránsito interoceánico de países asiáticos y la vulnerabilidad de las fuerzas militares para proteger la zona, cargo que también es comprensible en virtud del derecho sustancial como principio fundamental de la función jurisdiccional. Por tal razón y teniendo en cuenta la importancia del tema, se ordenó la admisión de la demanda, independientemente de si prospera o no.

En junio de 2013, la saliente gobernadora Aury Guerrero anunció que “una empresa que se dedicaba a la exportación de langosta y la llamada pesca blanca cerró y dejó sin empleo a 27 mujeres cabeza de familia que procesaban esos recursos, algunas de las cuales llevaban entre 15 y 20 años de antigüedad”.

Aunque de acuerdo con Guerrero no existe un estimativo de las pérdidas que ha dejado el fallo de La Haya, el cierre de empresas pesqueras golpea toda la cadena económica del sector.

Los barcos necesitan armadores, pescadores y personas que se dedican al procesamiento de las especies capturadas, como el caso de las mujeres que perdieron sus empleos.

Después del turismo, la pesca es el segundo renglón de la economía de San Andrés.

 

Carrera armamentista

 

En mayo, el viceministro de Defensa y jefe del Estado Mayor General de Rusia, Valeri Guerásimov, declaró que su país continuará abasteciendo al Ejército de Nicaragua con armas y material bélico modernos.

“Seguiremos equipando a las unidades del Ejército de Nicaragua con armas y material bélico moderno”, afirmó Guerásimov al reunirse entonces en Moscú con el comandante del Ejército de Nicaragua, acto seguido, mencionó los “resultados positivos de la formación de militares nicaragüenses en escuelas militares rusas”.

Guerásimov destacó el carácter estratégico de la cooperación entre los dos países, que tienen la “visión común del orden mundial basada en la solidaridad y el apoyo mutuo en los asuntos internacionales”.

“Se ha tomado un rumbo hacia el acercamiento y el desarrollo de la cooperación multilateral, el encuentro de Vladímir Putin y Daniel Ortega celebrado en Managua, en julio del año pasado, confirmó que Nicaragua es uno de los socios clave de Rusia en Latinoamérica”, concluyó Guerásimov.