Con el fin de sanear las finanzas del sector de la salud, el Gobierno Nacional debería expedir decretos y resoluciones que permitan pagar las deudas que las EPS tienen con los hospitales y clínicas del país.

Esta fue la propuesta de la primera vicepresidenta de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Lina María Barrera, quien sostuvo que a la célula legislativa, le queda “un sinsabor, pues no entendemos si realmente tenemos que esperar a que se apruebe esta nueva reforma a la salud para llevar a colapsar, o el gobierno, como ya nos lo demostró, lo puede hacer a través de resoluciones y decretos”.

En su opinión, la crisis financiera del sector no da espera a la nueva reforma, y “el gobierno debe expedir inmediatamente esos decretos y resoluciones para resolver este problema. En últimas quien nos presta la atención  son los hospitales y clínicas, y no podemos dejarlos ahogar”.

Su cuestionamiento obedece a la crítica situación que vive el sector y de la que “el Gobierno no sabe cuál es la deuda total de las EPS de ambos regímenes con las clínicas de país”.

Consideró que lo álgido del asunto tiene que ver con las cinco EPS del Régimen Contributivo y las 13 del Subsidiado que están en liquidación. “Ellas deben 1.7 billones de pesos, y la situación también es crítica porque el 70% de esa cifra es mayor a 360 días”.

Las cuentas entregadas por la Superintendencia de Salud, indicó la congresista, destacan que “todo el sistema general de salud le debe a las clínicas y hospitales, tanto privadas como públicas, 14.4 billones de pesos a corte de junio 30 de 2013”.

Dichas deudas salen de las EPS de ambos regímenes, de las aseguradoras por el SOAT y de los entes territoriales, entre otros.

“La crisis financiera de las clínicas y hospitales va a llevar en el corto o mediano plazo a la quiebra o liquidación de algunos de ellos por estas deudas”, dijo.

Comparaciones

Al hacer un balance de los servicios y procedimientos que se dejan de hacer con esos 1.7 billones de pesos, comentó que, por ejemplo, “una consulta especializada que cuesta 27.700 pesos, si lo dividimos por los 1.7 billones de pesos se están dejando de hacer 61 millones de consultas especializadas”.

Otro caso es que un examen de cálculo renal cuesta 47.700 pesos, “y si lo dividimos por los 1.7 billones de pesos, dejamos de hacer 34.486 mil exámenes. Un electrocardiograma cuesta 32.200 pesos, con esa plata, dejando de hacer 53 millones de esos exámenes”.

Aseguró que no existe marco jurídico para responder con esto y que como hay que regirse por el Código Civil, “establece una prelación de pagos, y las clínicas quedarían en quinto lugar, además el patrimonio de las EPS no son suficientes”.

De otro lado,  Barrera confirmó que desde ayer el Gobierno Nacional empezó con el ciclo de audiencias públicas para socializar la reforma ordinaria a la salud, que iniciará su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara después de dichas reuniones.

Serán tres semanas las que tomarán los encuentros de participación ciudadana y foros en las principales ciudades del país.

Así lo corroboró el presidente de la célula legislativa, Pablo Sierra. “Se trata de una serie de Foros para escuchar a todas las fuerzas vivas del sector de la salud, tenemos la mejor voluntad de iniciar este proceso, tenemos claridad”, señaló.

Los foros se realizarán todos los jueves y viernes durante tres semanas, y el turno próximo será para el Eje Cafetero, luego la Costa Atlántica y terminarán en Bogotá.