Luego de que la Corte Constitucional se pronunciara sobre la inviabilidad de  que se delimiten las zonas exentas de explotación minera, la duda sobre si las consultas populares pierden validez se puso nuevamente sobre la mesa. Sin embargo, el alcance del fallo determina que las comunidades y los entes territoriales sí serán tenidos en cuenta en dicho proceso.

La Corte estudió una demanda en contra del artículo 37 del Código Minero, que señala que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería.
La Sala Plena, en una votación 5-2 y con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, avaló ese artículo pero lo condicionó de manera tal que ahora las regiones sí tendrán participación en esos debates.

La idea es que, en adelante existan mecanismos de concertación que les de participación a las regiones cuando se trate de proyectos mineros que se vayan a desarrollar en sus territorios.

El titular de la cartera informó a través de un documento que “la decisión de la Corte indica que no se podrán imponer proyectos mineros, toda vez que deben ser acordados con la comunidad, y ratifica lo que desde el Ministerio de Minas sobre la importancia de la licencia social”.

Que no es otra cosa que “el consentimiento de las comunidades para el desarrollo de los proyectos mineros, partiendo de la base de que haya responsabilidad social por parte de la minería, sobre todo la de gran escala, y un beneficio tangible para las comunidades, lo que no implica un derecho de veto a la actividad minera por parte de la comunidad ni de los entes territoriales”.

Según lo manifestado por el Ministro Acosta, “este sector es una de las locomotoras  del crecimiento y la prosperidad para todos, no es una aplanadora”.

Con ello “quiero significar que con el fallo de la Corte Constitucional no se sigue que la Nación y/o las empresas mineras o petroleras vayan a avasallar a las regiones productoras, a estas no se les puede desconocer, no se les puede ignorar, pues al fin y al cabo la operación de las empresas se da en el territorio y la actividad minera o hidrocarburífera entrañan un impacto social, cultural y ambiental que hay que considerar”

El camino para ganarse la confianza y el asentimiento de las comunidades y de las autoridades seccionases por parte de las empresas operadoras “es por la vía del diálogo y la concertación. No hay otro camino. En la medida en que estos canales de diálogo social operen las consultas populares, además de ser improcedentes e innecesarias, se quedarán sin piso”.

El ministro Acosta, insistió en los medios que “el ente para determinar dónde se puede hacer actividad minera y donde no, es la Nación y no, las entidades territoriales y la Corte dejó claro que el subsuelo es del Estado”.

Decisiones

Por otro lado, para Hélida Bárcenas, docente municipal de Inspección de Policía de Doimay una de las personas que adelantó la consulta popular en Piedras, Tolima, el tema debe ser estudiado a fondo pues en dicha zona se constituyó un Comité Ambiental para analizar este tipo de temas.

Dicho Comité fue uno de los que impulsaron tal consulta, pero aún no ha emitido pronunciamiento alguno.

“El Ministro ha dicho varias veces que en últimas quienes dan las licencias son las comunidades”, indicó la docente al recordar que en este momento se están realizando siete consultas en siete municipios del Tolima como son Flandes, Róbira, Espinal, San Luis, Cajamarca, Ibagué, Coello.

Al ser preguntada sobre la implicación del fallo de la Corte, Bárcenas comentó que “se debe hacer una revisión exhaustiva de la Constitución, acudir a nivel internacional de todas maneras lo que está en juego es el bienestar de la comunidad y son varios municipios”.

Es decir que contemplarían la posibilidad de acudir a instancias internacionales para que la posición de la comunidad, ya plasmada en una consulta, sea válida.

El paso a seguir, según la docente “es que ya sabemos que ganamos la consulta, sin embargo Anglogold Ashanti quiere que esa consulta no sea válida, sin embargo estamos preparados para ver con qué va a salir la multinacional”.

Dijo que tal preparación se enfoca en temas legales pues deben saber “hasta dónde ellos pueden incidir para que esa consulta no sea válida”.

Descarta por completo que se haya perdido el tiempo con la consulta puesto que “de todas maneras la comunidad tiene conciencia de que estos proyectos siguen, si ellos quieren continuar, la comunidad ya está enterada y ya sabe que eso no es bueno para ellos desde ningún punto de vista.

Llevamos hecho un trabajo con ellos”.

Cabe recordar que la multinacional Anglogold Ashanti llegó en 2012 a la zona y pretende que en Piedras se instale una planta de lixiviados, que serían los diques de cola de Cajamarca para ser ubicados allí y que estas regiones son netamente agrícolas y ganaderas, no de tradición minera.

La consulta se realizó en julio de 2013 y más o menos en ocho meses se realizó, dejando claro que casi 6 mil habitantes se verían afectados.

Recientes pronunciamientos

Es de recordar que el Ministerio de Ambiente, los representantes de las comunidades del Páramo de Santurbán y las autoridades del área Metropolitana de Bucaramanga, alcanzaron recientemente los primeros acuerdos para el desarrollo sostenible.

La Cámara Colombina de Minería indicó a través de un documento que al finalizar la tercera jornada de trabajo se acordó implementar en el mediano plazo la nueva delimitación de ese ecosistema protegido.

La intención es incluir “soluciones social y ambientalmente responsables que garanticen, el suministro del agua y la calidad óptima del líquido, para los habitantes de los Santanderes, desde hoy y hacia el futuro”.

La ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, manifestó su complacencia por los primeros acuerdos con miras a su implementación jurídica, económica y práctica, para la cual anunció que el Gobierno continuará realizando una serie de reuniones con expertos y los gestores de las iniciativas, con el fin de materializarlas en los próximos meses. 

“Yo estoy muy contenta, porque estamos demostrando que aun con diferencias se puede construir en beneficio de todos. Lo que queremos es impulsar un desarrollo sostenible en el que ganemos todos, teniendo presente mejorar su calidad de vida”, agrego la jefe de la cartera de Ambiente.  

Los primeros acuerdos consisten en “La implementación de una estrategia de pagos por servicios ambientales. Una reconversión productiva de las actividades económicas que afecten el ambiente, para lo cual el Gobierno buscará las fuentes de financiación”.

Esta “debe ir acompañada de un periodo de transición para su implementación, incluyendo el proceso de cadenas productivas locales”.

Como tercer punto “hay un consenso técnico para impulsar una nueva pequeña minería, comprometida con la protección del agua, fuera de las zonas de la delimitación. En este punto hay un compromiso para eliminar en el menor tiempo posible el uso de Mercurio y Cianuro”.

El cuarto punto es “un examen a la afectación tributaria para los predios que queden dentro de la zona delimitada. En este sentido el compromiso del Gobierno es la busque de exenciones en el predial, sin afectar los ingresos de los municipios”.