Un pulso entre el Gobierno nacional y la oposición se ha evidenciado en las últimas horas alrededor de la retribución que reciben las madres comunitarias.

Adriana González, directora general encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), les reiteró a las madres comunitarias los beneficios que tienen gracias a la reforma tributaria, la cual les permitirá, a partir de 2014, ser formalizadas laboralmente y devengar un salario mínimo, o su equivalente, de acuerdo con el tiempo de dedicación al programa.

“Hemos pagado a las madres comunitarias una beca equivalente a un salario mínimo legal vigente, en concordancia con el artículo 36 de la reforma tributaria”, sostuvo González, recordando que durante este año ya se han materializado muchos de los beneficios para ellas, como el incremento de la ración en un 10 por ciento; el aumento de los días de atención de 194 a 200, y el incremento del presupuesto de la canasta en un 28 por ciento, entre otros.

Sin embargo ayer, en una audiencia pública realizada en Bogotá, el senador vallecaucano Alexander López, del Polo Democrático, consideró que “es necesario aclarar el panorama de la contratación para las madres en el 2014, con contrato laboral justo, que no desmejore sus condiciones de trabajo y que garantice su estabilidad”.

Para el congresista, el Gobierno nacional no ha dado respuesta a inquietudes en temas de vivienda, formalización laboral y pensión que fueron exigencias de las madres de todo el país.

Según López, las asociaciones que las agrupan radicaron a los funcionarios del ICBF cerca de 1.000 solicitudes donde exigen una solución pensional digna a toda una vida de trabajo y rechazan el Decreto 605 que les da un subsidio para la vejez.