La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, explicó que la determinación de la Corte Constitucional de suspender las obras que se adelantan en la Vía de la Prosperidad, en Magdalena, mientras se estudia la tutela interpuesta por su despacho, es “una medida cautelar”.

La alta funcionaria recordó que desde mayo de 2013 el Gobierno le pidió al gobernador Luis Miguel Cote suspender la licitación, pues consideró que había irregularidades en las que se vulneraron los recursos públicos.

"El gobernador del Magdalena se puso muy bravo conmigo porque dijo que yo lo estaba tachando de corrupto. Luego de esto pusimos una tutela y la ganamos. Luego ellos pusieron otra y la perdimos. Fuimos a la Corte y decidió suspender la obra como medida cautelar", le narró Álvarez-Correa a RCN La Radio.

Efectivamente, Cote le tuiteó el año pasado a la ministra que “si su prioridad es Vía de la Prosperidad como lo ha manifestado, Magdalena agradece poner punto final a campaña de desprestigio”.

Álvarez-Correa le replicó al gobernador Cote que “el desprestigio se lo da la poca transparencia, no el Gobierno nacional”.

La licitación no solo está en la mira del Gobierno, sino de la Contraloría y la Procuraduría.

Mientras el Ministerio Público le abrió investigación al gobernador Cote para precisar si hubo irregularidades en el proceso de licitación que le entregó al consorcio Ribera Este el contrato para su construcción por 466.000 millones de pesos, la Contraloría advirtií sobre los daños ambientales que podría traer la carretera.

Para el ente de control, las obras afectarán directamente uno de los más importantes complejos hídricos del país: el Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta, declarados en 1998 como el primer humedal ramsar de Colombia, figura de protección internacional que busca garantizar la salud de inigualables complejos hídricos.