La decisión de la Corte Constitucional de que el precio de los combustibles debe ser fijado por el Congreso y no por el Ministerio de Minas y Energía, por ser un impuesto parafiscal, volvió a despertar la polémica en el país sobre el rumbo que tomará el valor de la gasolina y el ACPM.

A los reclamos que desde hace años vienen haciendo los gremios transportadores, los propietarios de vehículos particulares y millones de colombianos, es la primera vez que una alta corporación como la Corte Constitucional toma decisiones de fondo.

Sin embargo, para acabar definitivamente con esta polémica que ya es tradicional en el país dados los intereses que tienen diferentes sectores en el valor de los combustibles, el rumbo no será fácil.

Cruce de intereses

En muchas ocasiones las determinaciones económicas se  han cruzado con los intereses políticos que han impedido abordar con claridad el valor que deben pagar los colombianos por el uso de los combustibles.

A la posición a veces intransigente de los gremios de transportadores, se suma la determinación del Gobierno de no ceder en cambiar la fórmula como se fija el precio final de la gasolina que debe pagar el usuario.

De acuerdo con el analista privado Bernardo Ramírez, “en las discusiones sobre la forma como deben establecerse los precios de los combustibles, siempre se atraviesa otro tipo de intereses, ya sea de políticos, empresarios y dirigentes gremiales. Sin embargo, cuando finalmente se decretan las alzas de cada mes, todos se quedan callados porque saben que el consumidor final no tiene las herramientas para reclamar”.

Con esta decisión, el Gobierno ya no tendrá la potestad de determinar el impuesto que se cobra en el precio de la gasolina para alimentar el Fondo de Estabilización de los Combustibles.

De acuerdo con el demandante, el abogado Camilo Araque, “el hecho que el artículo 101 de la Ley 1450 de 2011 permita la fijación unilateral del precio de los combustibles en cabeza del Ministerio de Minas y Energía a su antojo configura un incontrovertible desconocimiento a la Constitución”.
“No hay que perder de vista que los combustibles son quizás los bienes con más cargas fiscales dentro del sistema tributario del país cercano a un 36%, y hay que tener presente que los consumidores y usuarios protegidos constitucionalmente en el artículo 78 superior, nunca han podido verse beneficiados por las condiciones favorables del mercado de los combustibles”, señala la demanda radicada por Araque.

Contrapunteo

Por su parte, el recién nombrado ministro de Minas, Amylkar Acosta, señaló que trabajará de la mano con el Congreso para lograr una reducción en el precio de los combustibles apoyando la iniciativa del partido Liberal.
Acosta celebró la decisión de la Corte en cuanto a que debe haber un cambio en la forma de fijar el precio de los combustibles. “De aquí al mes de diciembre ojalá podamos tener ya definida una propuesta que nos permita avanzar en ese objetivo que se ha defendido desde el partido Liberal y desde la academia, vamos a tener unas mesas de concertación donde estén todos los actores y se logre una fórmula equilibrada”, explicó.

Indicó que van a tratar de unificar el proyecto del partido Liberal con las observaciones que tiene el Gobierno sobre el tema para que lo más pronto posible se logre dar cumplimiento a lo establecido por la Corte Constitucional.

Sin embargo, desde el Gobierno existen contradicciones al respecto, como lo demuestra la posición del viceministro de Energía, Orlando Cabrales, que en el Congreso de Enercol, dijo refiriéndose a la iniciativa del Partido Liberal de buscar una rebaja en los precios de los combustibles que “hemos reiterado en diversos escenarios que una reducción de $1.000 en el precio de la gasolina no es una decisión responsable ya que le cuesta al país 2,6 billones de pesos al año”.

El funcionario ratificó que el compromiso del Gobierno es mantener fijo el precio del ACPM para los transportadores hasta el mes de diciembre con el fin de controlar la volatilidad que se está viviendo con los precios internacionales del crudo.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que si se obliga a Ecopetrol a subsidiar la gasolina, la empresa tendría que reducir en hasta dos mil millones de dólares su presupuesto de inversión, lo cual afectaría su plan de desarrollo en exploración y producción de petróleo.

Cárdenas Santamaría afirmó que “acataremos con absoluto respeto el fallo de la Corte Constitucional, pero expreso mi preocupación por la eliminación del mecanismo de estabilización, más aún con el aumento de los precios internacionales, lo cual dejaría a los consumidores colombianos, expuestos a las volatilidades de los precios que tienen una fuerte tendencia al alza en medio del conflicto en Siria”.

Posición del Legislativo

En varias ocasiones desde el Legislativo se ha intentado buscar otras fórmulas para establecer el precio de los combustibles, pero nunca han prosperado las iniciativas.

El último proyecto que está radicado en el Congreso es de agosto pasado y fue presentado por los senadores Alexandra Moreno Piraquive, Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe, miembros de la Comisión Accidental de Seguimiento a los precios de los Combustibles, quienes radicaron de nuevo en el Senado el proyecto de ley que busca cambiar la fórmula por la cual se establece el precio de la gasolina y el diesel.

Según Moreno Piraquive, la iniciativa propone racionalizar los ingresos al productor, mediante una fórmula que integra el precio internacional con los costos de producción colombianos en un periodo de tiempo no mayor a seis meses.

De momento se sabe que con la fórmula de los congresistas bajaría la gasolina en al menos $1.000.

Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco insistió en que “es insensato que un país productor de petróleo siga sujeto a los precios internacionales, siendo exportador de crudo”.

Velasco le recordó al Gobierno Nacional que esta es una medida que choca directamente con la economía familiar de los colombianos. Así mismo los congresistas insistieron en la necesidad de abrir un debate nacional para constituir una fórmula justa que sea pensada para la ciudadanía y no para el bolsillo de los accionistas de Ecopetrol y de otras petroleras.

Igualmente Moreno Piraquive aseguró que, la reducción de 200 pesos en el precio de la gasolina que comenzó a regir en 2013 -que el Gobierno mostró como un gran logro-, se diluyó con el alza de los primeros meses y en el caso del ACPM el congelamiento que el Gobierno ha decretado para frenar la propuesta de los transportadores, no ha logrado frenar la inconformidad.

Valor del diesel

Precisamente sobre el valor del diesel, el presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, Jaime Sorzano, dijo que en los últimos 36 meses el valor del diesel experimentó cambios fundamentales que afectaron fuertemente los costos de operación.

Sorzano aseguró que tras los estudios hechos a la evolución del ACPM en los últimos tres años, queda al descubierto que el precio se equiparó con el de la gasolina tal y como lo advirtieron hace unos años en la Comisión Quinta del Senado. “Todo esto conllevó a una afectación en la canasta del transporte en donde se castiga duramente la rentabilidad”.

“Un ligero examen permite detectar un incremento en el precio del ACPM del 27.73 por ciento en el período julio 2010-julio 2013, correspondiente a un promedio anual del 9.24 por ciento. Simultáneamente el IPC tuvo un incremento del 8.62 por ciento en ese ciclo, a un promedio anual del 2.87 por ciento. El comportamiento del precio del ACPM, más que triplicó el IPC”, explicó Sorzano.

Según el dirigente gremial, en el lapso analizado hay una variación del 27.73 por ciento para el ACPM y un incremento del 12.6 por ciento para la gasolina. Al mismo tiempo el biodiesel, dijo, experimentó un aumento del 11.78 por ciento en el período revisado.

Colfecar detectó una diferencia en el comportamiento del etanol respecto al biodiesel, ya que para el alcohol etílico, por norma, su precio nunca puede rebasar el de la gasolina.

“No ocurre lo propio en el caso  del biodiesel. Mientras el galón de etanol tiene un precio de 6.883 pesos, o sea 1.813 pesos inferior a la gasolina, el del biodiesel llega a 8.633 pesos, es decir 355 por encima del ACPM, aspecto que no entendemos ni justificamos”, expresó el presidente de Colfecar.

 

Los transportadores

 

El director Ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Intermunicipal, Aditt, José Yesid Rodríguez, dijo que primero que todo era necesario conocer el alcance del fallo de la Corte, porque inicialmente dicha facultad estaría en cabeza del Congreso de la República.
“Esto obligaría al Gobierno de manera inmediata a presentar un proyecto de ley con el fin de establecer de manera clara, toda la parte que tiene que ver con los impuestos de los combustibles", sostuvo el dirigente gremial.
Agregó que, “por ahora el gobierno no puede aumentar los precios y además hay un compromiso de congelación de dichos precios de cara a la realización de un análisis en una mesa de trabajo, en conjunto con los transportadores para empezar a desarrollar una nueva fórmula del combustible".

Por su parte el presidente de la Cámara del Transporte, Ricardo Virviescas, dijo que de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional debe quedar congelado el precio de los combustibles, hasta tanto el gobierno a través del legislativo cambie la fórmula y saque una que garantice de acuerdo a la banda cambiaria y de los estándares de la venta de los combustibles a nivel internacional se pueda legalizar la fórmula.

"Desde ese punto de vista los precios de los combustibles deben quedar congelados hasta tanto se resuelva el tema en la parte legislativa", sostuvo Virviescas.

La Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera, Asecarga considera que es momento de cambiar la fórmula con la que se calcula el precio de los combustibles. Dicen que se presentó al Gobierno Nacional a través de la Comisión VI del Senado de la República, una propuesta sobre el precio del combustible y presento 5 propuestas para bajar los altos costos del Diesel.

En dicho debate se presentaron cinco propuestas que beneficiarían al país y ayudarían a disminuir el precio de los combustibles.

1. Desmonte de la libertad vigilada.

2. Suprimir la liquidación del precio del Diesel en cascada.

3. Suministro del Diesel para transporte de precio de distribuidor mayorista-Política para grandes consumidores.

4. Fijación de un techo de la política de precios del Diesel por ser un combustible destinado a la producción del país.

5. Congelamiento de precios al Diesel por seis meses.

 

 

La fórmula de los precios

 

A la fórmula de cálculo en el precio de los combustibles se le han colgado varios impuestos. El 29 por ciento del precio del galón de gasolina corresponde a tributos: IVA, impuesto global que va para los departamentos, y una sobretasa del 25 por ciento que pagan los consumidores en las estaciones y que se destina a reparar la malla vial de los municipios.

Pero hay costos adicionales que incrementan el precio, como los márgenes de ganancia para los distribuidores mayoristas y minoristas, el costo del transporte y una pérdida que se cobra por la evaporación del combustible.
Esto explica por qué un galón de gasolina que al productor, es decir a Ecopetrol, le cuesta cerca de 5.000 pesos, le termina valiendo a los colombianos 8.800 pesos.

El gobierno creó hace varios años el llamado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que tenía como fin subsidiar el precio cuando las cotizaciones internacionales del petróleo subieran. La idea era que si bajaba el valor externo comenzaría a ahorrarse. Pero como los precios internacionales se han elevado en diversas ocasiones con un precio promedio de 108 dólares el barril, los recursos del Fondo de Estabilización tienen un déficit de 3,3 billones de pesos.