Pulso por el costo de consultas adicionales a comicios del 9 de marzo | El Nuevo Siglo
Viernes, 14 de Febrero de 2014

Frente al posible sobrecosto en el presupuesto presentado al Gobierno nacional para realizar la consulta sobre revocatoria del alcalde de Bogotá, el registrador Carlos Ariel Sánchez manifestó que “nuestra labor es diligentemente pedir recursos y cada vez que se piden recursos, ya saben cuál es la respuesta: de que es mucha plata, que en qué se la gastan. La democracia solamente cuesta 570.000 millones de pesos para las elecciones” a Congreso y presidenciales.

"Nosotros organizamos elecciones y el requisito es que haya presupuesto, nuestra función es técnica y logística, no política", precisó.

Sánchez comentó así las declaraciones del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en el sentido de que "inicialmente la Registraduría había hablado de 56.000 millones de pesos. A nosotros nos pareció a todas luces exagerado, toda vez que eso no estaba presupuestado. Les pedimos una revisión y llegaron a una cifra de 36.000 millones de pesos".

Cárdenas explicó que "el Ministerio de Hacienda lo que tiene que hacer dentro del presupuesto nacional es recortar de algún lado para adicionar en el caso de la Registraduría y después incluir ese pago en el plan anual de caja, es decir, meterlos saltándose la cola".

“Nosotros no hacemos plata. Hay que buscarla y la buscamos. Hicimos un esfuerzo enorme para buscar el espacio. Todo el mundo está pescando en río revuelto con este tema. No es nuestra culpa. Fuimos diligentes”, dijo el ministro Cárdenas, señalando que no solo tuvieron que buscar partidas para la revocatoria, sino 42.000 millones para anticipos a candidatos al Congreso y 32.000 millones para hacer la consulta de la Alianza Verde, que se hará el 9 de marzo, presupuestos que también serán revisados.

El comentario motivó la reacción del concejal Antonio Sanguino, copresidente vocero de la Alianza Verde: “Con esa lógica entonces deberíamos prohibir la elección presidencial y nombrar el presidente mediante un decreto del ministro de Hacienda. Es que esos son los costos de las decisiones democráticas”.