En temas como la restitución de tierras, esas fuerzas deben ser derrotadas pues son, en cierta forma, el origen del problema.

Por Armando González
Periodista de EL NUEVO SIGLO

UN PULSO entre el interés del Gobierno Nacional de adelantar una serie de reformas y la resistencia de los poderes locales a esas reformas es el verdadero telón de fondo de las elecciones de octubre próximo, según un reciente informe del International Crisis Group (ICG).

En diálogo con este Diario, uno de los redactores del informe, el analista Christian Voelkel, sostuvo que a la luz de los resultados de la investigación realizada, “sin un apoyo de autoridades locales es evidente que” reformas como la que implica “restitución de tierras” van “a ser muy difícil de implementar”.

EL NUEVO SIGLO: El informe se tituló “Romper los nexos entre crimen y política local”. Eso sugiere una lucha entre el Gobierno Nacional y los poderes locales…
CHRISTIAN VOELKEL: Nosotros hicimos investigación de campo en la región de Urabá y la razón por la que escogimos esta región es efectivamente porque es una de las regiones donde se registra una profunda penetración paramilitar pero que también será el corazón de la restitución de tierras.
Y pues sin un apoyo de autoridades locales es evidente que este tipo de restitución de tierras va a ser muy difícil de implementar. Para nosotros esa es una de las zonas por las que los grupos ilegales se interesan en estas elecciones porque allá sí que tienen algo para pelear, para reforzar su posición política.

ENS: ¿Un pulso entre un poder legal y otro ilegal en algunos lugares?
CV: Se podría decir. Pero también que no solamente entre lo legal y lo ilegal, sino entre un Gobierno Nacional que tiene una agenda de legalidad y transparencia y un poder local que sigue teniendo mucha fuerza en alguitas regiones, ¿no? Creo que hay que decir que este tipo de riesgo no es uniforme, cambia de una región a otra.

ENS: Algunas de la recomendaciones son difíciles de cumplir…
CV: Nosotros hicimos una distinción en el informe entre recomendaciones de más corto plazo y las de largo plazo. En lo que se refiere a mejorar prácticas institucionales, involucrar más a la sociedad civil, reforzar el control mediático sobre las elecciones, eso sí se puede hacer ahora. Y claro, todo el paquete de reformas estructurales, como es la reconstrucción del poder judicial local, obviamente que es una agenda de largo plazo. Pero nosotros pensamos que sin reestructurar el poder local será muy difícil de ganar este tipo de batallas en las elecciones locales, porque eso es como el origen del problema.
Es decir, hay paliativos y esos paliativos son buenos, porque mejoran, pero también es necesario atacar el problema de la raíz.

ENS: Frente a todo esto, ¿la respuesta del Gobierno ha sido la correcta?
CV: Nosotros pensamos que sí, que el Gobierno Nacional sí claramente va en la buena dirección. Es un Gobierno que es mucho más abierto, que tiene un interés mucho más grande realmente en garantizar que estas elecciones sean limpias, lo más limpias lo más transparentes posibles; un Gobierno que es mucho más abierto hacia los aportes de la sociedad civil, tan es así el esfuerzo institucional que se hizo con los múltiples órganos de monitoreo electoral, que es un esfuerzo grande y que va en la buena dirección.

ENS: ¿Cuál creen que es lunar de la acción del Gobierno?
CV: Nosotros vemos la violencia preelectoral con mucha preocupación. Es bastante claro que la tendencia decreciente de la violencia electoral que hemos visto durante la última década no se va a quebrar de manera positiva. Eso sugiere que allá, en las regiones, hay un problema real; y eso es un problema muy grave, porque el primer deber del Estado debería ser asegurarse de que esos atentados a los candidatos no pasaran.
En especial nosotros hicimos un llamado de atención junto con otras organizaciones sobre el peligro de la bacrimpolítica, sobre el peligro de la influencia de grupos ilegales y claramente de las Farc en la política electoral.
Pero lo que nos preocupa también es que, si vemos las estadísticas de las últimas elecciones locales, en 2007 por ejemplo, casi el 50 por ciento de los asesinatos de candidatos tienen autores desconocidos. No son las Farc ni otro autor identificado. Y lo que hemos visto este alo es que pasa exactamente lo mismo.
 

Conclusiones del informe

Colombia se aproxima a unas elecciones cruciales en las cuales está en juego mucho más que la próxima lista de autoridades locales. Las elecciones de 2011 constituirán la primera oportunidad de distorsionar la política local para los cambiantes nuevos grupos armados ilegales (NGAI). También determinarán los líderes políticos locales de quienes se espera apoyen la implementación de iniciativas del Gobierno cruciales pero que a menudo son objeto de una feroz resistencia local, como por ejemplo la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado. Ahora el país está en mejor posición para enfrentar este reto, y la administración Santos ha hecho crecer las expectativas de tener unas elecciones libres, limpias y más competitivas al reconocer claramente la amenaza que suponen los NGAI e incrementar los esfuerzos por reducir la intervención de actores armados ilegales en el proceso electoral. A fin de cumplir esas expectativas, el Gobierno necesita incrementar las medidas para proteger a los candidatos, mejorar la inteligencia para identificar las amenazas que representan los actores armados (en particular los NGAI), hacer cumplir las normas de financiamiento de campañas y prevenir y sancionar los delitos electorales.  

La acción institucional para atenuar los riesgos electorales puede marcar una diferencia real en la votación de octubre, pero no será suficiente para romper el ciclo del conflicto y la corrupción en los que están atrapados muchos municipios. Esto eventualmente requerirá reformas más estructurales, por lo menos en tres áreas. En primer lugar, las instituciones electorales, específicamente el Consejo Nacional Electoral (CNE), necesitan fortalecerse y volverse más independientes para que puedan ejercer sus funciones de supervisión. En segundo lugar, los partidos políticos tendrán que fortalecerse para estar en condiciones de asumir pleno control sobre la nominación de candidatos y satisfacer sus obligaciones de rendición de cuentas. En tercer lugar, el gobierno local debe desarrollar una base institucional más fuerte que garantice una mayor responsabilidad y transparencia en la gestión de los asuntos locales. La justicia local también deberá fortalecerse para que pueda asumir un papel más protagónico en la investigación y sanción de los nexos entre criminales y políticos locales.

 
Si no se adoptan estas medidas de mediano y largo plazo, muchas de las regiones de Colombia quedarían expuestas a un prolongado mal gobierno y violento conflicto. La debilidad de las instituciones públicas a nivel local sigue favoreciendo las alianzas entre políticos y actores armados ilegales, en medio de la evolución del conflicto. Si no se impide el fortalecimiento y la expansión de los nexos de los NGAI con la política local, estos grupos podrán operar todavía con mayor impunidad. La captura de dineros públicos incrementaría la base de sus recursos y consecuentemente su potencial de convertirse en una amenaza cada vez mayor para la democracia local y la seguridad nacional. La recuperación de la legitimidad del gobierno local y la forja de instituciones políticas democráticamente responsables, limpias y eficientes, son retos fundamentales que Colombia debe enfrentar y superar con el fin de alcanzar una paz sostenible.  
 

International Crisis Group

El International Crisis Group (ICG) es una organización no gubernamental, fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales. Fue fundada como respuesta de paz a las tragedias ocurridas en Somalia, Ruanda y Bosnia.

Se le reconoce como una de las fuentes independientes más destacadas e imparciales de análisis y asesoramiento sobre prevención y resolución de conflictos armados, a gobiernos e instituciones intergubernamentales como las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y el Banco Mundial.

En Colombia, ICG da seguimiento a las transformaciones del conflicto y propone políticas públicas hacia su solución. Basado en investigación de terreno, proveemos un análisis profundo de temas como los riesgos de infiltración criminal en la política, el impacto de la violencia en grupos vulnerables y los esfuerzos de reparación a las víctimas así como de reinserción de ex combatientes.

En julio pasado, ICG publicó su informe titulado “Romper los nexos entre crimen y política local: Las elecciones de 2011 en Colombia”.

En el texto, los investigadores concluyeron que “las conexiones profundamente arraigadas entre actores políticos y criminales representan un obstáculo sustancial para la solución del conflicto en Colombia” y que “los grupos armados ilegales buscan consolidar y expandir su control sobre los gobiernos locales en las elecciones para gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales, que se celebrarán en octubre de 2011”.

Desde la óptica de ICG, “el Gobierno Nacional parece estar más dispuesto y mejor preparado que en el pasado para contener la influencia de actores ilegales en las elecciones, pero los retos siguen siendo enormes”.
Considerando que “las elecciones de octubre pondrán a prueba la forma en que las instituciones democráticas, bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos” y que “Colombia está mejor preparada que en el pasado para asumir estos retos”, el informe le recomendó al Gobierno, entre otras cosas, “examinar los métodos y criterios que actualmente se aplican para identificar las amenazas a la seguridad y articular sus evaluaciones de riesgos con aquellas elaboradas por las organizaciones de la sociedad civil, así como implementar con todo rigor medidas que brinden seguridad a candidatos y organizaciones políticas, sin discriminación”; así como “reaccionar oportunamente ante todas las amenazas a candidatos o activistas sociales, así como ante las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y también aplicar sanciones contra aquellos funcionarios que no actúen integralmente con respecto a ellas”.