El órgano rector del parlamento catalán debe decidir si permite su investidura y posterior gobierno desde el exterior

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EL LÍDER independentista Carles Puigdemont defendió que puede gobernar Cataluña desde Bélgica y evitar así ser encarcelado si vuelve a España, donde la justicia lo busca por rebelión y sedición tras el fallido intento de secesión.

"No se puede hacer de presidente si soy presidiario (...) En la prisión yo no podría dirigirme a la gente, no podría escribir, ni recibir a gente", afirmó Puigdemont en una entrevista a la emisora pública Catalunya Radio.

"La única manera es poder continuar haciéndolo en libertad y con seguridad", agregó, asegurando que "hoy en día los grandes proyectos empresariales, académicos, de investigación, se gobiernan también y fundamentalmente con el uso de las nuevas tecnologías".

El líder independentista, que se marchó a Bruselas con cuatro de sus exministros regionales poco antes de ser acusados por la justicia española de rebelión y sedición, insiste en restaurar lo que llama su "gobierno legítimo" destituido en octubre por el gobierno español de Mariano Rajoy.

"No son las condiciones de normalidad que nos gustarían", dijo, añadiendo que "es tristemente mucho más difícil poder hacerlo desde el Estado español, donde estaríamos en prisión" debido a los graves cargos que pesan sobre su ejecutivo.

A pesar de su situación judicial, Puigdemont se erige como el único candidato a la investidura tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en las que los independentistas obtuvieron la mayoría absoluta en el nuevo parlamento.

Si bien el partido más votado en los comicios fue el antinacionalista Ciudadanos (centroderecha), no dispone de suficientes apoyos mientras que la lista de Puigdemont, Juntos por Cataluña, cerró un acuerdo con el otro gran partido independentista, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).

Tras consultar en los últimos dos días a todos los grupos parlamentarios, el nuevo presidente del parlamento, el independentista Roger Torrent, anunciará el lunes quién debe presentarse al primer debate de investidura, que debe celebrarse antes del 31 de enero.

A Puigdemont la noticia le enganchará en Dinamarca, donde impartirá una conferencia en su primer viaje público desde su llegada a Bruselas aprovechando la libertad de movimiento que dispone tras la retirada de la orden de arresto europea por parte de la justicia española.

Una vez elegido candidato, la siguiente gran cuestión es cómo se hará la investidura dado que Puigdemont quiere ser escogido desde Bélgica y evitar así el destino de otros líderes independentistas, en prisión preventiva en Madrid.

Será Torrent y el resto de integrantes del órgano rector del parlamento, dominada por los independentistas, quienes decidirán si permiten o no una elección a distancia.

Antes de convertirse en presidente de la cámara, Torrent, del partido ERC, se mostró partidario de seguir el criterio de los servicios jurídicos del parlamento que estiman imprescindible la presencia del candidato.

Preguntado al respecto por el diario catalán Ara en una entrevista publicada, aseguró que su función "es garantizar que haya un candidato que pueda ser investido y que haya un gobierno que pueda gobernar desde el primer minuto".

¿Y esto puede hacerse desde Bruselas? "El gobierno tiene que ser efectivo", se limitó a responder el presidente que, como su partido, evitan apoyar explícitamente la investidura a distancia.

Desde Madrid, el gobierno español le desaconsejó a Puigdemont seguir actuando fuera de la ley. "Persistir en esta vía no es la solución, al revés es una mala idea", dijo su portavoz Íñigo Méndez de Vigo.

Rajoy aseguró que cualquier paso en este sentido será recurrido ante la justicia para paralizar el nombramiento de Puigdemont, que debe ser firmado por el rey Felipe VI.

"Si el parlamento me ratifica como presidente, el jefe de Estado no tiene ningún derecho a subvertir este mandato", señaló Puigdemont.

Presidente desde enero de 2016, fue cesado por Rajoy el 27 de octubre justo después de que el parlamento catalán declarara unilateralmente la secesión.

Tras semanas de alta tensión, especialmente luego del referéndum de autodeterminación inconstitucional del 1 de octubre marcado por la violencia policial, Madrid intervino la autonomía regional, disolvió el parlamento y convocó nuevas elecciones.

La intervención no se levantará hasta la formación de un nuevo gobierno.