Será el Parlamento el que dará respuesta a la anunciada intervención de la autonomía regional por parte del gobierno central.

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El presidente catalán Carles Puigdemont descartó este jueves convocar elecciones y frenar sus planes independentistas, mientras el gobierno central defendía en el Senado la intervención de la autonomía regional que puede provocar fuertes protestas en Cataluña.

"He estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad", dijo Puigdemont en un solemne discurso en la sede del gobierno regional, retrasado varias veces durante la jornada.

Pero "no hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones", añadió, dejando en manos del parlamento dominado por los independentistas qué respuesta deben dar ante la próxima intervención de la autonomía regional.

Esta fue solicitada al Senado por el gobierno español de Mariano Rajoy para frenar la espiral independentista en esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza nacional, que ha arrastrado al país a la peor crisis de los últimos años.

"Queremos abrir una nueva etapa en la que la ley se respete", afirmó ante los senadores la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, apenas minutos después de la comparecencia de Puigdemont.

"El viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar a su punto de retorno, al necesario retorno del respeto a la legalidad", añadió.

Senado contra parlamento

El Senado, controlado por el conservador Partido Popular de Rajoy, debería aprobar este viernes la aplicación del nunca usado hasta ahora artículo 155 de la Constitución, que permite la intervención de la región por parte del poder central.

Entre las medidas solicitadas, el ejecutivo reclama la destitución del gobierno de Puigdemont, la supervisión de la actividad del parlamento catalán o la toma de control de la policía o los medios de comunicación públicos regionales.

Esto puede desatar fuertes protestas en Cataluña, cuya sociedad está muy orgullosa del autogobierno regional recuperado tras la muerte del dictador Francisco Franco (1939-1975).

La respuesta catalana pasa por el parlamento regional, dominado desde 2015 por los partidos independentistas. A las 17H00 (15H00 GMT) estaba prevista un pleno para abordar la situación pero fue retrasado a la espera de que Puigdemont decidiera qué hacer.

En la variopinta alianza de partidos separatistas que respaldan su gobierno, la mayoría exigía proclamar una república independiente pero dentro de su partido conservador PDECAT existían presiones para no hacerlo, señaló una fuente del gobierno regional.

En los últimos días se habían multiplicado las mediaciones entre Puigdemont, Rajoy e incluso la Casa Real para evitar el choque frontal entre ambas instituciones, explicaron fuentes envueltas en esta interlocución.

El objetivo era conseguir que se convocaran elecciones en Cataluña a cambio de que Madrid no aplicara el artículo 155. Estuvo cerca de conseguirse por la mañana, cuando Puigdemont informó a los diputados independentistas su intención de convocar elecciones.

Pero el anuncio oficial se retrasó en varias ocasiones a la espera de que el gobierno español rechazara la intervención de la región, señalaron estas mismas fuentes. Finalmente, al aparecer, descartó la convocatoria de elecciones y recriminó al poder central su "absoluta irresponsabilidad".

La decisión se traslada ahora al parlamento regional, que celebra a partir de esta tarde un pleno parlamentario que puede alargarse hasta el viernes. Los militantes independentistas así como muchos de sus diputados desean que se proclame una República independiente.

Se sienten legitimados por el referéndum inconstitucional del 1 de octubre, ganado ampliamente por los separatistas pero con una participación del 43% y celebrado sin apenas garantías.

Este paso puede costar a Puigdemont y su gobierno una denuncia por rebelión, pasible con penas de hasta 30 años de prisión.

Cataluña dividida

La cuestión divide profundamente a la sociedad catalana, que lleva semanas en tensión ante las imprevisibles consecuencias de este conflicto.

Por el momento, más de 1.600 empresas trasladaron su dirección social a otras partes de España y las asociaciones y foros empresariales advierten que si se alarga la crisis, también podría afectar al empleo y las inversiones.

También se teme la repetición de escenarios de violencia como los vistos cuando la policía intentó impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

El gobierno español mantiene una amplia presencia policial en la región mientras que numerosos comités de ciudadanos independentistas se organizan en los últimos días para impedir la aplicación del artículo 155, planteando ocupaciones de edificios o incluso huelgas continuadas.

"Queremos tanto la independencia, vamos a seguir manifestándonos y reivindicando nuestros derechos", dijo a la AFP Judith Campos, de 19 años en una manifestación de miles de estudiantes por la secesión.

Pero los numerosos no independentistas de la región tampoco piensan aceptar la separación y el domingo prevén manifestarse en el centro de Barcelona con el lema "Todos somos Cataluña".

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