El gobierno de Puerto Rico mantenía cifradas hoy sus esperanzas en que el Congreso de Estados Unidos le permita una reestructuración de su impagable deuda de 70.000 millones de dólares, luego de que el lunes incurriera en un impago de 367 millones.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, insistió en que el estado libre asociado a Estados Unidos no está interesado en un rescate financiero a costa del dinero de los contribuyentes norteamericanos, sino en que el Congreso le brinde un mecanismo para salir de la crisis financiera y económica.
Puerto Rico lo que desea "son las herramientas" que le permitan trabajar en la superación de esta crisis que se anticipa se agudizará en los próximos meses, dijo García Padilla tras inaugurar un centro de investigación en la zona central de la isla, que espera genere cientos de empleos.
"Por ahora" está garantizada la nómina de los empleados públicos del gobierno central, que se estiman en unos 80.000, dijo el gobernador.
Insolvencia
Puerto Rico dejó de pagar el lunes 367 millones de dólares, mientras augura un default mayor el 1 de julio, cuando se vencen bonos por cerca de 2.000 millones de dólares, de los cuales 774 millones corresponden a obligaciones generales, garantizadas por la constitución.
Con una deuda pública que ronda los 70.000 millones de dólares y la liquidez del BGF, su banco central, en apenas 562 millones de dólares, Puerto Rico se encuentra prácticamente insolvente.
Por ser un estado libre asociado y no un estado de la unión, Puerto Rico fue excluido en 1984 del capítulo 9 de la ley de bancarrota de Estados Unidos, lo que implica que no tiene autonomía para reestructurar su deuda.
"Este proceso nos ha servido para comprender que el Congreso de Estados Unidos no tiene menos mezquindad política que nuestra esfera política puertorriqueña", anotó García.
San Juan ha insistido en su reclamo al Congreso estadounidense de que establezca un mecanismo para solucionar su crisis financiera, hasta ahora desoído por el legislativo controlado por el opositor Partido Republicano.
El gobierno de Barack Obama ha respaldado a Puerto Rico, pero ha chocado con el Congreso.
"El costo humano para los 3,5 millones de puertorriqueños es real. Y aumenta día a día", advirtió el lunes en una misiva al Congreso el secretario del Tesoro, Jack Lew.
La aspiración del gobierno puertorriqueño, que ha advertido de una "crisis humanitaria" en Puerto Rico, es que como producto del impago del lunes, los bonistas accedan a negociar.
"Quiero que comprendan lo difícil que es un acuerdo voluntario; lo complicado que va a ser un acuerdo voluntario", reconoció García Padilla el lunes cuando llamó a un proceso de renegociación.
Medidas fracasadas
El año fiscal 2015-2016 termina el 30 de junio, por lo que será difícil para Puerto Rico contar en el próximo año 2016-2017, que entra en vigor el 1 de julio, con liquidez para atender las necesidades en el sector público, como la seguridad, la educación y la salud, ha enumerado García Padilla.
De su lado, la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, refutó que el gobierno no hubiera actuado antes para evitar el descalabro.
La funcionaria hizo un recuento de una serie de medidas que se han tratado de tomar desde 2014, como cuando se aprobó una ley de quiebras criolla, que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico echó por tierra al declararla inconstitucional en febrero de 2015.
Uno de los grandes temores de Puerto Rico es que se produzca una avalancha de demandas que desvíe los pocos recursos con que cuenta el gobierno de la isla en representación legal.
El ministro de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, ha afirmado que la isla se encuentra lista para enfrentar cualquier demanda que surja ante el impago.
La crisis en Puerto Rico comenzó cuando en 2006 finalizó un sistema de exoneración fiscal para empresas norteamericanas instaladas en la isla, lo que provocó una caída de la actividad económica, ante lo cual sucesivos gobiernos emitieron deuda para cubrir el creciente déficit. /AFP