SIN IMPORTAR el actual rumbo positivo de la economía y luego de que el ambiente político se ha decantado, tanto como el Ejecutivo como el Legislativo tienen todavía tareas pendientes en materia económica que les dará tregua en lo que resta de año.

De los proyectos que tiene pendientes el Gobierno y que ya se han presentado ante las comisiones económicas del Congreso, están el código minero, la reforma a la fórmula de los precios de los combustibles y la ley anticontrabando.

Sin embargo, para esta legislatura se contempla adelantar otras reformas que son cruciales para el desarrollo del país, como la reforma a la salud, la reforma a la agricultura, la reforma pensional y otra reforma tributaria.

1.- Minería y petróleo

Una de las reformas urgentes que debe abocar el Gobierno es el proyecto de Código Minero, aprovechando que el mercado energético se está transformando. Un estudio de Harvard, citado por Fedesarrollo en su documento de Perspectivas Fiscales 2014-2018, advierte que es poco probable que la demanda de la minería y el petróleo supere la oferta global en la próxima década. El impacto se verá en menores precios.
En petróleo, por ejemplo, Colombia debe mantener por encima su producción de un millón de barriles diarios. Las reservas de crudo apenas dan para un poco más de 6 años y las dificultades en la exploración -licencias ambientales y consultas previas- y en la explotación -los atentados terroristas a la infraestructura-, restringen la producción.

Esto incluso podría poner en riesgo las finanzas de Ecopetrol y la inversión extranjera. Según ANIF, estos desafíos estarían llevando a converger el crecimiento anual del sector minero-energético en Colombia hacia tasas de 4% a 7% en los próximos años, mientras entre 2008 y 2011 el promedio fue de 11%. 
En las Perspectivas Fiscales 2014-2018, Fedesarrollo advierte que el Gobierno tendrá que asumir desafíos impostergables: la promoción de la economía rural, el aumento de cobertura de las pensiones, la reforma y capitalización al sistema de salud y la inversión en educación y primera infancia. Sin embargo, el proyecto de reforma al Código Minero, el Gobierno va a presentar a partir del 20 de julio un contenido más completo. Su base será la que venía del anterior proyecto pero con un componente mejorado y consultado con todos los actores del sector.

2.- Reforma a la salud

A pesar de tener lista la ley estatutaria de Salud, el país requiere una reforma al sector. Esta reforma debe regular los beneficios, estudiar lo concerniente a la implementación de APS y RISS, establecer si el nuevo fondo, MiPlan, genera exclusiones acorde con la decisión del Ministerio de Salud y Protección Social.
El último proyecto ocasionaba la fragmentación en la prestación de servicios e incluso la acentúa generando los prestadores primarios y complementarios. Se genera una regionalización de la salud. Además se pretendía imponer a los gestores (lo que hoy son las EPS) y se eliminaba el concepto de redes integradas por redes de servicios de salud.

Las dos leyes, tanto la ley Estatutaria que ya fue aprobada, como la ley ordinaria que estaba en discusión, no son la reforma a la salud que el país necesita, sino un maquillaje y un salvavidas a las EPS.

La reforma pone el derecho a la Salud por debajo de la sostenibilidad fiscal y como un modelo de salud como negocio. Pero se debe tener la garantía que los colombianos tengan un mejor servicio y cubrimiento.

3.- Reforma al agro

Uno de los sectores que necesitan un cambio en su rumbo es el agrario. En el campo el próximo gobierno no solo debe cubrir la seguridad alimentaria del país, sino buscar mecanismos y alternativas que brinden un mayor cubrimiento. A juicio del experto en tierras y docente de la Universidad Nacional, Absalón Machado, la gran falla del Estado colombiano al momento de proponer una reforma agraria ha sido mantener instituciones débiles en las regiones con precaria capacidad de ejecución. “Yo sí creo que el país necesita repensar la institucionalidad que tiene para atender las necesidades del sector rural. Es claro que las instituciones que hay no tienen capacidad de ejecución, sin duda, hay que descentralizar la política agraria y esto implica crear nuevas entidades en las regiones con estrategias de distribución de la tierra y uso de suelo propias”, señaló el académico.

El país ha sido testigo de 10 intentos de reformas al campo. Todas estas propuestas infructuosas ratifican que la tenencia y el uso de las tierras se conviertan en la espina dorsal del conflicto armado, al que se le pretende poner punto final con las negociaciones de paz del Gobierno de Santos.

4.- Reforma pensional

El anterior ministro de Trabajo, Rafael Pardo, dijo en declaraciones a El Nuevo Siglo, que nosolamente existe consenso frente a la necesidad de efectuar una reforma, sino en cuanto a los problemas que deben resolverse en el Sistema General de Pensiones.

Hay graves problemas de cobertura y desigualdad, a los que debe darse solución sin afectar la sostenibilidad financiera del mismo.

Antes de entrar en una discusión sobre una reforma pensional, debemos llegar a un acuerdo con todos los sectores involucrados: trabajadores, empleadores, administradoras de pensiones, académicos y gobierno, sobre los principios básicos que deben regir esta reforma. Un gran pacto que aborde los mecanismos de protección a la vejez, no sólo la cobertura del Sistema General de Pensiones sino la protección de aquellas personas que por sus condiciones económicas o laborales, por ser informales por ejemplo, no tienen la posibilidad de tener una protección, un verdadero pacto, un pacto por la vejez. Este pacto que es la base fundamental para cualquier reforma, esperamos lograrlo en este cuatrienio.

Una reforma sin consensos de los sectores involucrados sobre los pilares básicos no es posible, así lo han demostrado experiencias como la de España con el Pacto de Toledo.

El Ministerio del Trabajo, en coordinación con otras entidades del Gobierno Nacional, desde el año pasado ha trabajado una propuesta de reforma cuyo objetivo es una mayor cobertura, mayor equidad y que se consolide la sostenibilidad fiscal del sistema; de lo que se trata es de hacer realidad un nuevo modelo de protección para la vejez y en esto ya se ha avanzado a través de la ampliación de cobertura en el programa Colombia Mayor y la implementación de los Beneficios Económicos Periódicos.

Pero como lo mencioné, la política pública en materia pensional diseñada por el Gobierno nacional se construye sobre la base del principio de un diálogo social democrático, amplio y participativo, con el objetivo de garantizar la inclusión de los puntos de vista del mayor número de actores sociales.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo firmó una Carta Acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo-OIT, para la revisión de los estudios de diagnóstico del sistema y un apoyo en la construcción de un acuerdo social sobre las necesidades y respuestas de política pública que demanda el actual sistema.

Como resultado de lo anterior, el Gobierno nacional está liderando una Estrategia Nacional para la construcción del Pacto Social por la Protección Integral a la Vejez, el cual debe construirse por medio de una metodología participativa propendiendo por la inclusión de toda la sociedad civil representada en sus organizaciones sociales y gubernamentales, ello en pro de legitimar la identificación de los retos más significativos y principales propuestas de reforma.

5.- Proyecto anticontrabando

EN PRIMER debate fue aprobado el proyecto de ley anticontrabando (298 de 2013 Cámara), que estuvo a punto de hundirse en la Comisión Primera de Cámara y que estipula la adopción de instrumentos “para prevenir, controlar y sancionar la competencia desleal, derivada de operaciones ilegales de comercio exterior, comercio interno, lavado de activos y evasión fiscal”.

Es de recordar que hay un proyecto similar en la Comisión Primera del Senado, y en los próximos días se definirá si la Cámara Baja aborda los temas de hidrocarburos y la Alta el resto.

Algunos de los apartes del texto especifican que el que introduzca mercancías al país o las exporte desde él por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero, en cuantía superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes -sin que supere los 50 smlmv-, incurrirá en prisión de 4 a 6 años “y multa del 200 a 300% del valor aduanero de los bienes importados o de los bienes exportados”.

Cabe recordar que el ministro de Minas, Amylkar Acosta dijo a EL NUEVO SIGLO que dentro del paquete de medidas que el Gobierno Nacional implementa para hacerle frente al contrabando de combustibles, el perseguir a los “capos” de dichas mafias es el objetivo principal.

6.- Precios de combustibles

EN UN cuarto intento por debatir un proyecto de ley para analizar la fórmula de los precios de los combustibles, los congresistas Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe, presentarán en la próxima legislatura una iniciativa en ese sentido.

Justamente Realpe sostuvo en medios recientemente que insistirán “en el proyecto de ley que busca bajar el costo de los combustibles a través del cambio de fórmula, definitivamente el precio lo debe regir una fórmula nacional y no una internacional, no debemos continuar con las tasas de referencia que tenemos actualmente, el próximo 20 de julio volveremos a radicar esta iniciativa”.

Hasta el momento se mantiene la fórmula de cambio mes a mes, y hace pocas semanas el ministro de Minas, Amylkar Acosta, señaló que el aumento en el precio de la gasolina para el mes de julio se explica por el alza de los precios internacionales del crudo y de los combustibles en el Golfo de México, que es el que sirve de referencia al país para fijar los precios internos.

Asimismo, el Ministro indicó que la agitación por la violencia que se ha desatado en Irak durante el último mes y la amenaza de que los rebeldes se tomen su principal refinería han empujado los precios al alza.

7.- Reforma tributaria

Aunque la actual reforma tributaria apenas se está regulando y se tardará por lo menos un año en desarrollar totalmente, sin duda Colombia necesita otra reforma tributaria más grande de su historia si continúa en la tarea de bajar el déficit como lo ha venido haciendo desde 2010. El director ejecutivo de Fedesarrollo, Leonardo Villar, dijo que se evidencian menores fuentes de ingreso y gastos no previstos, como los contemplados para el sector salud. El directivo aseguró que este contexto presiona la necesidad de la "reforma tributaria más grande de la historia de Colombia", que represente al menos 2,2% del PIB.

Las cifras de Villar también las sustenta la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, que prevé que el recaudo de los hogares colombianos también debe aumentar. De otro lado, con una reforma estructural, el Gobierno deberá recolectar recursos para el posconflicto de llegarse a acuerdos de paz con la guerrilla. Los expertos consideran que se necesitarán por lo menos 15 billones de pesos adicionales al presupuesto para poder enfrentar los retos de atender a las víctimas y la reinserción de los violentos.