Cuatro proyectos de ley para rebaja de penas que fueron radicados en el Senado después de oficializarse que el papa Francisco visitará Colombia en septiembre próximo, están ‘varados’ en la Comisión Primera a la espera de que rinda concepto sobre los mismos el Consejo Superior de Política Criminal.

Hasta que no lleguen esos conceptos la Comisión Primera del Senado de la República no puede tomar decisión alguna, como es mirar si los acumula en uno solo, por tratar la misma materia, y designar ponentes para el primer debate.

Vale recordar en este sentido que la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 del 2015 advirtió en el marco de la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria,  originado en que los internos ven afectados varios de sus derechos fundamentales debido al sobrecupo en las prisiones, a los ministerios que quieran presentar al Congreso proyectos de ley que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del sistema de justicia penal y penitenciario y/o que afecten directa o indirectamente el derecho a la libertad individual de las personas o las condiciones de la población reclusa, que primero la iniciativa debe ser presentada ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Consejo Superior de Política Criminal, con el fin de obtener un concepto previo.

En este sentido es claro que ninguno de los cuatro proyectos para rebajar penas a los presos por la visita del Papa a Colombia, asociando el beneficio con la indulgencia que el Sumo Pontífice concede a los católicos en ocasiones especiales, cumplió con la disposición de contar con un concepto previo positivo por parte de la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República y el Consejo Superior de Política Criminal, antes de radicarlos en el Parlamento.

Incluso en ello ‘pecó’ el propio ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, quien a nombre del Gobierno radicó en el Senado una de las iniciativas en cuestión.

Esta rebaja de penas por la visita del Papa fue duramente criticada por el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien en una carta que por este motivo hizo llegar al ministro de Justicia, Gil Botero,  dijo que estos proyectos "se inspiran en meras razones de benevolencia coyuntural sin considerar su impacto en la política criminal del Estado". Agregó que "buscan el otorgamiento de beneficios indiscriminados a favor de la población carcelaria, sin reparar en sus consecuencias".

Incluso, el Fiscal General advirtió que una rebaja de penas en este momento significaría  "la libertad inmediata de los procesados por el escándalo de Odebrecht".

Se conoció que el pasado jueves se reunieron para hablar sobre estos proyectos de ley el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y el director del Inpec, general Jorge Ramírez.

Las iniciativas

Uno de los proyectos (222/17 Senado) fue presentado por parlamentarios del Partido Centro Democrático, que busca reducir las penas a los presos que hayan pagado el 50% de su condena y no hayan cometido delitos de lesa humanidad, contra la administración pública, contra la libertad, integridad y formación sexuales, de feminicidio, de lavado de activos, de tráfico de estupefacientes, de secuestro o extorsión.

Otra de las iniciativas (218/17 Senado)  corresponde al senador conservador Juan Manuel Corzo, la cual pide conceder una rebaja de la quinta parte de la pena privativa de la libertad impuesta o que llegare a imponerse a quienes estuvieren vinculados al proceso.

Este beneficio también aplicará a quienes a la fecha gocen de prisión domiciliaria o libertad provisional. Serán excluidos de este beneficio los condenados por delitos de lesa humanidad o por delitos contra menores.

Mientras que el proyecto (216/17 Senado)  de ley que radicó el Ministro de Justicia establece, por una sola vez, la rebaja en una quinta parte de la pena privativa de la libertad impuesta por delitos cometidos antes del 16 de marzo de 2017. Con éste se estima que entre 20 y 30 mil personas quedarán en libertad de forma progresiva.

La cuarta iniciativa (215/17 Senado)  es de autoría de los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras, Partido de La U, estableciendo la rebaja de una sexta parte de la pena privativa de la libertad por delitos cometidos antes del 6 de septiembre del presente año (cuando llega el Papa a Colombia).

El proyecto exceptúa de este beneficio a las personas condenadas por delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la vida; delitos contra la libertad; delitos contra la libertad y formación sexual; delitos de lesa humanidad; narcotráfico así como delitos contra menores de edad.