El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y la iniciativa de equilibrio de poderes son los proyectos que más concentran el interés del Gobierno hoy en día de la agenda que discute el Congreso, a lo que suma la eliminación de la Ley de Garantías Electorales ojalá para los comicios de este año. Sin embargo el común denominador frente a ellos es que los tiempos apremian para su discusión.

Desde luego que de forma paralela hay otras iniciativas que el Ejecutivo Nacional mira con el rabillo del ojo, por su importancia, como es la reforma del Fuero Penal Militar, que está a punto de arrancar su segunda vuelta.

No obstante, las iniciativas señaladas como clave tienen implicaciones fundamentales para la administración Santos en su segundo mandato, por lo que en manos del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, está depositada la responsabilidad de no perderles la huella de su trámite en el Congreso y presionar cuando sea necesario para que la discusión se dé en los tiempos establecidos por la Constitución y la Ley Quinta del Congreso con el fin de que se garantice su discusión y aprobación.

En la consecución de este objetivo ayuda bastante a las pretensiones del Gobierno el contar con la coalición de la Unidad Nacional para lograr las mayorías a la hora de votar.

No obstante, intervalos en el trabajo del Legislativo como es el caso de la Semana Santa se erigen como un desafío porque frenan el ritmo de la discusión así como la realización de las audiencias públicas para la discusión  de las iniciativas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se constituirá en la carta de navegación de la administración Santos Calderón para su segundo mandato, pues contempla los propósitos y metas a corto y mediano plazo, y las respectivas inversiones para el cuatrienio.

El proyecto de equilibrio de poderes es ni más ni menos que una mini-reforma política, a la justicia y electoral, con las implicaciones que ello significa, pues entre otras elimina la reelección presidencial.

En tanto que la supresión de la Ley de Garantías Electorales es una de esas reformas con las cuales el presidente Santos sorprende al país, pues no figuraba en los planes de nadie hasta que el Jefe de Estado tras la reciente cumbre de alcaldes en Cartagena señaló su necesidad para no frenar la inversión regional este año por las restricciones que la norma establece en la contratación a partir de cuatro meses antes de las elecciones.

 

Plan Nacional de Desarrollo

 

El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país ya fue aprobado el pasado 19 de marzo en sesión conjunta de las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes.

Se aprobaron 217 artículos, en tanto que quedaron casi mil proposiciones como constancia.

En cuanto a lo que viene en la discusión de este proyecto, la norma establece que el respectivo informe preparado por las comisiones económicas debe ser presentado a las plenarias para su aprobación. “Y debe ser radicado esta semana, a más tardar miércoles, jueves, ya en las plenarias de Senado y Cámara para su estudio definitivo ya que esto tiene un término perentorio para su aprobación tanto en Cámara como en Senado“, indicó el presidente de la Comisión Cuarta de Cámara, John Jairo Roldán Avendaño (Partido Liberal).

Explicó que a partir de la aprobación en comisiones conjuntas son 45 días que tienen las plenarias para la aprobación final del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo.

Si no es aprobado en ese término, el Gobierno lo pondrá en vigencia mediante decreto con fuerza de ley, aunque vale decir que esto es poco probable a pesar de que las plenarias tienen hasta el 30 de este mes para su aprobación.

El Plan Nacional de Desarrollo se compone de una parte general, que contiene los propósitos, objetivos y metas del Gobierno a mediano plazo, y de un plan de Inversiones de las entidades públicas del orden nacional, el cual tiene, a su vez, un componente normativo que, al adquirir carácter de ley, tendrá prelación sobre las demás leyes. Estas normas deben guardar unidad de materia con las metas económicas, sociales o ambientales del PND y contribuir a su consecución.

El Congreso puede modificar el plan de inversiones siempre que se mantenga el equilibrio presupuestal, pero cualquier incremento en el endeudamiento o la inclusión de nuevos proyectos de inversión requiere del visto bueno del Gobierno Nacional. Éste puede introducir modificaciones a cualquiera de las partes del Plan en cualquier momento del trámite.

 

Discusión

 

La continuidad de la autonomía de los departamentos para el manejo de la renta de los licores, finalmente saldada a favor de los departamentos, fue uno de los temas que causó más tensiones en la discusión en las comisiones económicas del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo.

Sin embargo, ya superado este tema no será menos difícil la discusión en las plenarias. “Hay que tener en cuenta que las comisiones económicas terceras y cuartas son aproximadamente el 35% de todo el Congreso, o sea que ya se hizo un avance importante adicional a que las bancadas tuvieron la posibilidad de participar aunque no fueran de las comisiones económicas. Igual se van a presentar las discusiones en temas como salud, como el tema tributario, el fiscal, el minero”.

Equilibrio de poderes

Hace dos semanas fue radicada en la Comisión Primera del Senado la ponencia para el quinto debate del proyecto de equilibrio de poderes, en parte acelerada por el escándalo que se produjo en la Corte Constitucional y la ofensiva jurídica que como respuesta prepara la administración Santos.

En ese sentido el Gobierno nacional anunció que presentará algunas iniciativas de ley, por ejemplo, para meter en cintura el ejercicio del derecho, así como también logró consensuar con los ponentes del proyecto la inclusión en equilibrio de poderes de algunas medidas como es que el tribunal de aforados esté facultado para acusar y el incremento a cinco años de la inhabilidad que tienen los magistrados de las altas Cortes para litigar en contra de los intereses del Estado, entre otras. 

En consecuencia se espera que la próxima semana, dicha célula legislativa inicie la discusión de este megaproyecto que como se ha visto en los anteriores debates concentraría la discusión principalmente en lo que tiene que ver con el tribunal de aforados.

Empero a pesar de la complejidad de los temas que conlleva esta iniciativa en los campos político, electoral y de la justicia, el Congreso no podrá perder de vista el reloj porque ya lucen apretados los tiempos teniendo en cuenta que se trata de una reforma constitucional y debe estar aprobaba a más tardar el 16 de junio venidero, cuando fenece esta primera legislatura.

 

Escenario

 

Considerando que la discusión del proyecto entre una comisión y otra debe esperar por lo menos ocho días y que su paso del Senado a la Cámara implica como mínimo 15 días para reiniciar el trámite, a lo que se suma el tiempo que se tome cada célula legislativa en el respectivo debate y votación, es claro que el reloj ya está corriendo en contra de esta iniciativa gubernamental.

No obstante se espera que a diferencia de la primera vuelta, en esta segunda los temas de alta discusión sean en menor cantidad, como se dijo anteriormente el tribunal de aforados y otros asuntos de índole de la justicia; en tanto que en materia electoral no hay consenso en cuanto a la supresión de la lista abierta.

Si esto resulta como se piensa el proyecto de equilibrio de poderes podría rodar con mayor facilidad y lograr su aprobación final frente a lo que se vio en la primera vuelta que se surtió el año anterior.

 

Ley de Garantías Electorales

 

El presidente Santos insistió ayer en la necesidad urgente de suprimir la Ley de Garantías Electorales para que los alcaldes puedan invertir sus presupuestos sin las restricciones que esta norma conlleva; además de que ya no es necesaria pues paralelamente la reelección presidencial también desaparecería según el proyecto de equilibrio de poderes.

 

El Mandatario respondió a las críticas que ha despertado el anuncio de su Gobierno en el sentido que presentará un proyecto de ley en este sentido, lo cual fue recibido desde el opositor Partido Centro Democrático e, incluso, dentro de las mismas toldas de la coalición, como lo indicó el presidente del Senado, José David Name, como inconveniente porque se estaría cambiando las reglas de juego poco antes de los comicios territoriales de este año.

Santos dijo ayer que tomó la decisión hasta ahora de presentar este proyecto porque “hasta este momento se pudo liquidar las regalías con base en la baja de los precios del petróleo, antes no se sabía cuánto se iban a reducir las regalías. Entonces apenas se decretó la reducción fue que se vio que esto tenemos que contrarrestarlo de alguna forma”.

En ese sentido estaría en peligro de que se paralice una inversión de más de $5 billones por parte de los gobiernos territoriales por culpa de la aplicación de la Ley de Garantías, lo que sin duda impactaría negativamente las metas de crecimiento del Gobierno nacional y de otras cuentas como la generación de empleo.

 

Panorama gris

 

Entendiendo las motivaciones del Ejecutivo para presentar este proyecto y dejando de lado las afirmaciones de la oposición, que le descubre un supuesto tinte electoral, será muy difícil que la misma se logre poner en práctica para los comicios de este año.

La Ley de Garantías Electorales y sus respectivas restricciones en materia de contratación se deben activar el 25 de junio, cuatro meses antes de las elecciones, fecha para la cual sería un verdadero milagro que esté derogada.

La iniciativa de ley sería presentada esta semana con mensaje de urgencia al Congreso, y siendo optimista cumpliría su trámite reducido en lo que resta de este mes. Sin embargo el verdadero escollo para el deseo del Gobierno de alcanzar a ponerla en práctica este mismo año radica en que tras ser aprobada por los legisladores tiene que ir a la Corte Constitucional para sufrir el examen de exequibilidad por tratarse de una ley estatutaria.

En ese sentido tendría que la Corte realizar el estudio de exequibilidad en menos de dos meses, lo cual difícilmente sucedería teniendo en cuenta los tiempos que se manejan en el alto Tribunal para este tipo de asuntos.