Legisladores pidieron que sea discutido en reforma judicial.

Por Luis Augusto Aponte Tinoco
Periodista de EL NUEVO SIGLO

BUEN ECO en el Congreso tuvo la iniciativa radicada por el senador del partido de La U, Manuel Enríquez, de reformar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Así lo constató EL NUEVO SIGLO al dialogar con senadores, en su mayoría de la Comisión Primera, donde iniciarán su trámite todos los proyectos que tengan que ver con reformas a órganos judiciales.

Según el proyecto, la nueva comisión, que estará adscrita al Senado, estará integrada por nueve magistrados, la cual deberá investigar y acusar a altos dignatarios del país, es decir al Presidente de la República, Fiscal General y magistrados de Cortes.

El senador Carlos Enrique Soto, de La U, respaldó la propuesta de su copartidario, aunque sugirió que no fueran nueve sino tres o cinco magistrados los integrantes de esa nueva comisión.

“Ya le he hecho algunas sugerencias, como por ejemplo, que no sean nueve” magistrados, “sino disminuirlo, tres o cinco, pero estoy plenamente de acuerdo con que haya una comisión o un alto tribunal que tenga las calidades y la idoneidad para desarrollar el trabajo de investigación y acusación, si es necesario hacerlo”, señaló.

Soto se mostró partidario “de que ninguno de los poderes se debe autojuzgar, porque no tiene lógica, no creo que lo hagan con la objetividad que se debe de hacer. Ese es un tema de grueso calibre en la Reforma a la Justicia del que el Congreso debería ocuparse”.

Por su parte, el senador liberal Juan Manuel Galán se mostró de acuerdo con la propuesta de que no haya injerencia de parlamentarios en el proceso de instrucción, o sea investigación y acusación, en la comisión.

“Va a haber la oportunidad durante el debate de la reforma, de plantear este tema de la Comisión de Acusaciones, pero aquí lo que se ha venido dialogando dentro del Partido Liberal es que nuestra propuesta ante todo va a ser separar el proceso de instrucción de las decisiones que toman los congresistas, es decir los parlamentarios no deben, ni tienen por qué instruir los procesos, porque no tienen la capacidad, ni la formación para eso, sino que debe haber una instrucción aparte que llegue en armonía con el trabajo que deben hacer los congresistas”, afirmó Galán.

A su turno, el senador conservador Efraín Cepeda defendió la idea de que los integrantes de la Comisión de Acusación sean juristas de tiempo completo.
“Yo estoy de acuerdo con que hay que reformarla de alguna manera, y por supuesto, hay que hacerlo con juristas de tiempo completo, porque la mayoría de congresistas no son juristas y otros porque están dedicados a sus funciones parlamentarias tienen que dedicarle mucho tiempo a los debates de los proyectos, a las asistencias en las Comisiones, y poco tiempo les queda para participar en esa otra obligación como parte de la Comisión de Acusaciones”, explicó.

Para Cepeda, “hay que buscar un mecanismo mediante el cual podamos tener abogados con rango de magistrados que se encarguen de esas investigaciones de tiempo completo y no parcializado como se hace en la Cámara”.
Por último, el segundo vicepresidente del Senado, Alexander López, del Polo Democrático, también resaltó la necesidad de que otro órgano realice la instrucción de los procesos contra los altos dignatarios del país.

“Me suena que en principio quien haga la instrucción sea un ente completamente distinto al Congreso, porque hoy la Comisión de Acusaciones es obsoleta, pero el Congreso debe realizar el juicio posterior a la investigación, pero que sea un ente de instrucción ajeno al Parlamento”, manifestó el congresista vallecaucano.