Con un aporte de 2 mil millones de pesos de parte de la Embajada de los Estados Unidos, la Contraloría General de la República pondrá en marcha en 21 municipios de Colombia, afectados por el conflicto armado y con problemas de débil presencia institucional, un proyecto destinado a identificar conductas de corrupción en el manejo de recursos públicos y mejorar la gobernabilidad y los procesos administrativos y financieros.
Se desarrollará así un Acuerdo de Trabajo que suscribieron ayer la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, y el director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Jorgan K. Andrews.
El “Proyecto para el control fiscal municipal a recursos públicos en zonas de consolidación” tiene por objeto identificar en los municipios seleccionados los factores de riesgo y conductas de corrupción asociadas con la gestión de los siguientes recursos públicos:
Regalías por explotación de minerales, utilizados en proyectos de infraestructura; recursos destinados a la Atención y Reparación Integral a Víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011); y Transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) destinadas a Salud y Educación.
Los municipios en consolidación donde se desarrollará este proyecto son: Arauca (Arauca), Barbacoas (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca), Caloto (Cauca), Cartagena del Chairá (Caquetá), Caucasia (Antioquia), Chaparral (Tolima), Maguí Payán (Nariño), Mapiripán (Meta), Ovejas (Sucre), Puerto Asís (Putumayo), Puerto Leguízamo (Putumayo), Puerto Rico (Meta), Quibdó (Chocó), San Jacinto del Cauca (Bolívar), Santander de Quilichao (Cauca), Tarazá (Antioquia), Tibú (Norte de Santander), Tierra Alta (Córdoba), Toribio (Cauca) y Tumaco (Nariño).
Metas específicas del Proyecto
Con el desarrollo del “Proyecto para el control fiscal municipal a recursos públicos en zonas de consolidación, se prevé alcanzar las siguientes metas específicas:
*Fortalecer el Estado de Derecho y la capacidad institucional en zonas de consolidación.
*Facilitar la gestión de la Contraloría General de la República como órgano de control, para identificar las conductas de corrupción en las zonas de consolidación, y contribuir a la generación de un sistema de alertas tempranas.
*Establecer planes gubernamentales de desempeño-mejoramiento en la ejecución de recursos públicos y acompañar su seguimiento.
*Identificar amenazas y vulnerabilidades en la implementación de la Ley de Víctimas.
*Y acompañar a las autoridades municipales en el mejoramiento de sus procesos administrativos y financieros, con el fin de fortalecer la gobernabilidad local.