Que a los periodistas no se les obligue a revelar la fuente de noticia, es la propuesta que hace la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) para que sea incluida en el proyecto de ley de acceso a la información que pasa a tercer debate a la Cámara.

Las organizaciones que promueven la iniciativa hicieron serias críticas al trámite del proyecto y plantean algunas modificaciones que se deben incluir en el texto.

En particular, la eliminación de la necesidad de citar la fuente de información al momento de usarla públicamente como principio de responsabilidad en el uso de la información. Para la FLIP este articulo podría sin duda alguna afectar la libertad de prensa.

Andrés Morales, director de la FLIP, le dijo a EL NUEVO SIGLO que la iniciativa es muy importante, pero que ha tenido una serie de modificaciones que deben ser revisadas porque lo que pueden es limitar el acceso e ir en contravía de la ley.

Dentro de los cambios que proponen está la posibilidad de que el ciudadano pueda entablar una tutela en el momento que una entidad del Estado le niegue una información pública.

Gina Romero, directora Ejecutiva de la ONG juvenil OCASA, aseguró que el proyecto es importante porque en Colombia el acceso a la información se ve como un paso administrativo y no como un derecho de los ciudadanos. “Proponemos que sea una ley que realmente garantice las bases fundamentales para que el derecho esté garantizado”.

Romero anotó que es importante que se retomen algunos puntos que fueron eliminados equivocadamente. como la claridad de quién va a ser la institución garante; dicha institución, encargada de la vigilancia del acceso a la información, debe tener presupuesto suficiente para cumplir con las facultades de manera autónoma.

Algunos voceros de estas organizaciones manifestaron que el peligro que existe es que se pueda generar burocracia con la creación de una nueva entidad. Pero el representante Pedrito Pereira, del Partido Conservador, dijo que en ningún momento se generaría más burocracia y señaló que la entidad de vigilancia podría estar en cabeza del Procurador o de las Personerías.

Elisabeth Ungar expresó que lo que se busca es poner a Colombia a nivel de la legislación internacional, de los convenios internacionales, de la Convención Interamericana, de la lucha anticorrupción. Aclaró que el derecho de petición seguirá siendo un instrumento para que los periodistas y ciudadanos puedan pedir una información pública.

Ungar recordó que una de las grandes dificultades de los periodistas, de acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad Antonio Nariño, es pedir la información pública. Y aseguró: “Aún en Colombia existe una cultura donde el funcionario cree que la información es de él”.

Carlos Fernando Galán, secretario de Transparencia de la Presidencia, manifestó que para el Gobierno es importante respaldar el proyecto de ley, porque considera que se contribuye a fortalecer el marco normativo para enfrentar la corrupción.

“Queremos que la actitud del funcionario sea diferente y que permanentemente estén entregando información al ciudadano, y que entiendan que la información no es de los funcionarios”, indicó Galán, para quien las críticas planteadas son superables y se podrían incluir en el texto, como la entidad que debe vigilar el cumplimiento de esta ley. “Lo que las fundaciones quieren es que se cree una especie de Procuraduría delegada”, explicó.

El representante Pereira, coordinador ponente de la iniciativa, contó que la ley deja en claro qué personas están obligadas a entregar la información y cuáles son reservadas.

El legislador anotó que todas las entidades públicas nacionales y territoriales son las que están obligadas a entregar la información no solo en el momento que un ciudadano la solicite, sino de manera permanente.

“Lo que estamos diciendo es que la información sea publicada permanentemente y oportunamente”, dijo.

Para María Alejandra López, funcionaria del Ministerio del Interior, el proyecto se alinea con los objetivos del Gobierno Nacional de hacer una gestión pública transparente.

El proyecto de ley deja en claro que algunos temas nacionales y los de la intimidad estarían totalmente protegidos y esos no se podrían publicar por tratarse de temas delicados.

La iniciativa ha tenido un proceso de consulta con la Organización de Estados Americanos –OEA-, el Banco Mundial, el Programa de Derechos Humanos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID- y la Delegación de la Unión Europea en Colombia.