Los afrocolombianos tendrían su ley de cuotas para tener una mayor participación en todos los niveles decisorios de las Ramas y los órganos del Poder Público. Ese es el espíritu de un proyecto de ley radicado hace algunos días en el Senado por la bancada del Movimiento MIRA, para reglamentar la adecuada participación de esta comunidad no en cualquier tipo de puesto, sino en espacios de decisión del país.

Según el texto, “el Estado garantizará la participación de la población negra afrocolombiana, en un porcentaje no menor a la proporción de esta población conforme al censo poblacional legal vigente, en los niveles del Poder Público de máximo nivel decisorio y de otros niveles decisorios”. Sin embargo, aún no han establecido el porcentaje de participación, ya que el último dato estadístico de la población es del 2005.

Uno de los autores el senador Carlos Baena explicó que a través de esta propuesta, él y el resto de la bancada, quieren avanzar en el tema de la discriminación racial que vive el país, y añadió que además buscan hacer un cambio cultural que a futuro incluya, sin necesidad de leyes, a todas las poblaciones que lo habitan.

Según Baena, las acciones que proponen en el texto son afirmativas y deben ser realizadas en búsqueda de cambio cultural. “Esas medidas son provisionales y transitorias hasta que se logre ese cambio, porque uno no se explica cómo en un país como Colombia, que tiene entre un 15 y un 20 por ciento de población afrodescendiente, no haya un solo ministro afro, no haya un magistrado de la Corte afro, ni en los estamentos militares, ni policiales, eso es una injusticia muy grande”.

Igualmente, el proyecto de ley es claro en afirmar que para aquellos casos de ingreso y ascenso en las carreras administrativas o sistemas especiales de carrera en la Administración Pública deberán garantizar la participación de la comunidad afro en los respectivos concursos. Asimismo, especifica que para acceder a cargos de concurso entre varias entidades, estas tendrían que garantizar una adecuada representación de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras conforme a las reglas de selección previstas, y así mejorar circunstancialmente el porcentaje de participación.

Y es que las cifras y las estadísticas de este Gobierno hablan por sí solas, ya que de 16 ministros ninguno es afrodescendiente, de los 9 consejeros presidenciales tampoco, de los 32 magistrados que integran las Cortes Constitucional y Suprema ninguno es afro, y los ejemplos se repiten en otras dependencias como los Departamentos Administrativos de la Presidencia, las Superintendencias y los magistrados del Consejo de Estado.

Los congresistas piden una mayor participación de esta comunidad en altos cargos del Gobierno teniendo en cuenta que Colombia es considerado como el segundo país de América Latina con mayor cantidad de afrodescendientes, con un porcentaje que se ubica entre 10 y 15 por ciento.

Según el Censo realizado en 2005 por el Departamento Nacional de Estadística, DANE, la población afrocolombiana era 10,6 por ciento de la totalidad de los habitantes del país, es decir más de cuatro millones. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo a través de un informe que esa cifra podría ser mayor y podría alcanzar a ser la quinta parte de sus habitantes.

Incentivos a empresas

La iniciativa no solo estaría instando a las entidades estatales para que incluyan dentro de sus cargos de mayor nivel decisorio a afrodescendientes, sino también propone en un artículo darles incentivos tributarios especiales a aquellas empresas del sector privado que vinculen en sus cargos directivos a miembros de estas comunidades.

El artículo quinto dice: “Facúltese al Gobierno Nacional para disponer incentivos tributarios especiales para las empresas del sector privado que vinculen en cargos de dirección o de nivel ejecutivo de las mismas, a miembros de la población negra afrocolombiana”.

Además, en el mismo artículo los autores plantean la posibilidad de que se cree un certificado de responsabilidad social empresarial para aquellas compañías que vinculen en distintos niveles a 10 por ciento de trabajadores pertenecientes a la afrodescendencia.

A pesar de que la propuesta es inclusiva y va en contra de la discriminación racial, se convierte en un proyecto sin fuerza y al que ‘le hacen falta dientes’ porque no establece castigos para aquellos estamentos públicos o privados que violen la norma, y solo propone incentivos económicos para cuando el sector privado la cumpla.

De ser aprobado en su tránsito por el Congreso, pero especialmente por la Comisión Primera del Senado, que es donde arrancará su trámite, serán la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo las entidades encargadas de velar por el estricto cumplimiento de la ley a través de diferentes mecanismos de veeduría, monitoreo y supervisión.

Esta no es la primera vez que la iniciativa llega al Legislativo, ya que el semestre anterior también había sido radicada, pero no llegó a tener ni siquiera ponencia para primer debate y fue archivada por tránsito de legislatura. Este tema preocupa a los autores, quienes consideran que no hay voluntad del Gobierno para sacar adelante el proyecto.

“No veo voluntad política del Gobierno, porque ellos lo que nos dijeron es que no había plata para hacer la consulta y ya, simplemente dejaron morir el tema”, explicó Baena.

El Senador agregó que es necesario contar con la ayuda del Ejecutivo para fortalecer la lucha contra la discriminación porque, según él, no sólo se puede contar con una Ley Antirracismo y con un Observatorio de Discriminación, sino que se tienen que seguir creando estrategias para combatir ese fenómeno desde todos los frentes y así mismo generar mejores opciones de vida para esa población, que están muy desmejoradas según los datos del Movimiento Cimarrón.

Para el Movimiento, el ingreso per cápita promedio de los afrocolombianos se aproxima a 500 dólares anuales, frente a un promedio nacional superior a 1.500 dólares; 75 por ciento de esta población del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica 20 por ciento por debajo del promedio nacional; aproximadamente 85 por ciento de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos.