Un proyecto que prevé acabar con la prescripción contra los funcionarios corruptos, fue radicado en la Cámara de Representantes. Esta iniciativa  prevé un aumento de penas para los casos de corrupción en que incurran los empleados judiciales y se acabará con la inocencia de los corruptos por prescripción.

El proyecto de ley recoge la solicitud de un gran número de ciudadanos que preocupados por esta problemática se han acercado al partido Centro Democrático y el sentir de más de 4 millones trescientos mil colombianos que firmaron la iniciativa del Partido Alianza Verde, adelantada por los senadores Claudia López, Antonio Navarro y la representante a la Cámara Angélica Lozano, entre otros.

Según el representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, esta es la oportunidad para que el Congreso demuestre que sí se le puede cumplir al país, sacando adelante una iniciativa ciudadana, donde deben estar unidos todos los partidos sin distingos de color político para enfrentar con toda la institucionalidad la lacra de la corrupción y evitar un gasto de más de $280.000 millones que pueden ser utilizados como inversión en programas sociales.

El desborde de la corrupción, tal como lo muestra la última medición de Transparencia Internacional, donde Colombia tiene una percepción de corrupción de 37 puntos en una escala de 0 a 100, donde cero es muy corrupto y 100 muy transparente, impone la necesidad de otorgar de manera pronta y efectiva a la justicia, las herramientas necesarias para contrarrestarla, de manera que el legislativo pueda actuar de acuerdo con sus facultades y no esperar el largo y costoso trámite de una acción popular.

Planteamientos

El proyecto prevé:

1. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Se establece la inhabilidad permanente para contratar a los servidores públicos que hayan sido sentenciados por delios contra la administración pública, así como la terminación unilateral de contratos estatales cuando la persona sea condenada durante la vigencia del mismo, por delitos contra la administración pública.

2. Contratación transparente obligatoria en todo el país. Se modifican y adicionan artículos a la Ley 599 de 2000 con el objetivo de atender este punto de la consulta, como lo es un nuevo inciso que determina Imprescriptibilidad en casos graves de corrupción contra el Estado.

3. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Se propone la creación de un sistema de incentivos, para estimular la veeduría, las denuncias del ciudadano en casos de lavado de activos, narcotráfico y corrupción, entre otros.

4. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Los partidos políticos deberán publicar en sus páginas web o en un medio de comunicación de alta circulación, informe detallado de las labores y gestión de sus congresistas. 

 5. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. Los congresistas y altos funcionarios del Estado que, como requisito para su posesión, deberán rendir informes detallados sobre sus bienes y rentas, de igual manera al finalizar el periodo. Así mismo lo deberán hacer sus familiares en segundo grado de consanguinidad, primer grado de afinidad y primero civil.

6. No más atornillados en el poder. Límites de periodos en corporaciones públicas y al periodo de los Congresistas.

Igualmente se busca combatir la utilización de personas jurídicas en esta clase de delitos, por esto el proyecto contiene la responsabilidad penal para personas jurídicas por corrupción. Se acabará con la inocencia por prescripción.