Provisionales del Estado apuestan su última carta | El Nuevo Siglo
Sábado, 12 de Mayo de 2012

Los efectos, hacia el pasado o al futuro, que fije la Corte Constitucional en la sentencia sobre la decisión en que tumbó el Acto Legislativo 04 de 2011 que los beneficiaba, es la última esperanza que tienen más de 120 mil provisionales al servicio del Estado para solucionar su problema de interinidad.

Así lo consideró el senador Luis Carlos Avellaneda (Polo), quien, con la senadora Dilian Francisca Toro, ha liderado iniciativas para formalizar la situación de miles de provisionales que están al servicio del Estado desde antes de 2004, que no han podido participar en concursos para sus cargos simplemente porque el Estado no los realizó durante un buen tiempo.

“Hay necesidad de mirar cuáles son los efectos que le va a fijar la Corte a la sentencia, si son efectos hacia el futuro o si son efectos hacia el pasado”, dijo Avellaneda.

En ese sentido el Parlamentario indicó que por la ley estatutaria de justicia 270, los efectos son hacia el futuro. “Si son hacia el futuro significa que entre la expedición del Acto Legislativo y la fecha de declaratoria de inexequibilidad se pudieron producir unos derechos adquiridos”.

Es decir, que durante ese lapso los más de 120 mil provisionales se podrían haber beneficiado de los efectos de ese Acto Legislativo, precisó el Parlamentario, pero “si la Corte dice que los efectos son retroactivos a la fecha del Acto Legislativo, pues los provisionales están muertos en este momento, digámoslo así”.

Según Avellaneda, ante este segundo escenario planteado sería muy difícil solucionar el problema para estas personas, que en la práctica significa que en cualquier momento pueden ser removidos del cargo. “No veo por dónde, porque la primera vez que la Corte declaró el primer Acto Legislativo inconstitucional, quedó un margen de maniobra para el Congreso, que era no plantear un ingreso automático sino que fuera por el mérito”.

 

Camino espinoso

 

La Corte fundamentó su decisión, a finales de marzo pasado, de tumbar el Acto Legislativo 04, que permitía el ingreso a carrera de empleados provisionales, señalando que con la provisionalidad se estaba violando el principio al mérito al homologar estudios y experiencia por la prueba de conocimiento. Igualmente argumentó que la provisionalidad se estaba utilizando para ganar puntos en la carrera administrativa.

El alto tribunal le dio la razón a la tesis de la Comisión Nacional del Estado Civil, que considera que viola el principio de igualdad a las personas que se presentaron a concurso y que estaban en lista de espera.

Ya en febrero pasado, la Corte Constitucional había devuelto al Congreso, por vicios de forma, una ley denominada Retén Social, que, en aras de favorecer a los provisionales, garantizaba la estabilidad laboral a personas vulnerables, como madres cabeza de familia o ciudadanos con alguna discapacidad.

No corrió mejor suerte en 2010 un Acto Legislativo promovido por la senadora Dilian Francisca Toro (Partido Social de Unidad Nacional –La U), que fue el primer intento del Congreso por solucionar la situación de los provisionales.

El mismo, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, ordenaba a la Comisión Nacional del Servicio Civil implementar los mecanismos necesarios para inscribir en carrera administrativa de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público a los trabajadores que a la fecha estuvieran en calidad de encargados.

Sin embargo, la Corte Constitucional señaló que hubo extralimitación en el ejercicio de la competencia del poder de reforma constitucional que le asiste al Congreso, en cuanto produjo una sustitución de la Carta Política por medio de la expedición de dicho Acto Legislativo.

A finales de abril pasado, el ministro de Trabajo Rafael Pardo, en declaraciones a EL NUEVO SIGLO, dijo que

“es un tema que tenemos que examinar cuando la sentencia esté publicada, pues puede tener diferentes incidencias. Es evidente que la situación de provisionalidad de más 120.000 servidores públicos nos preocupa a nosotros y tenemos que buscar mecanismos y alternativas. Pero realmente debemos esperar la sentencia, porque hay que ver el alcance y el desarrollo de la misma”.